El 20 de enero de 2021, una asesora de la Oficina de Asuntos Globales del Departamento de Salud de Estados Unidos durante el Gobierno de Donald Trump, Valerie Huber, escribi¨® un ¨²ltimo correo a sus aliados de otros pa¨ªses y le dedic¨® un lugar especial a Brasil. Huber, una fan¨¢tica promotora de la abstinencia que operaba a gran escala contra los programas de educaci¨®n sexual y reproductiva, se despidi¨® de sus compa?eros con un anuncio: ¡°Brasil se ha ofrecido amablemente a servir ahora como coordinador de esta hist¨®rica coalici¨®n¡±, puso en aquel mensaje, obtenido por EL PA?S. La ¡°coalici¨®n hist¨®rica¡± era, b¨¢sicamente, una alianza internacional ultraconservadora creada para influir en las decisiones de las Naciones Unidas, la Organizaci¨®n Mundial de la Salud y otros organismos. Fracasado el intento de Trump de permanecer en el poder, la ofensiva de la derecha global contra los derechos de nueva generaci¨®n quedaba en manos de la Administraci¨®n de Jair Bolsonaro.

La salida de Trump de la Casa Blanca no solo le dej¨® a Bolsonaro una responsabilidad, sino tambi¨¦n un manual no escrito de t¨¢cticas para erosionar la democracia, que algunos l¨ªderes han comenzado a replicar sin sutilezas en la regi¨®n. Ninguno, tal vez, con el descaro y la determinaci¨®n que han hecho del presidente brasile?o un abanderado mundial de la derecha. Aunque el ¨ªmpetu golpista lo ha acompa?ado desde que lleg¨® a la presidencia, su estrategia para debilitar las instituciones y mantenerse en el poder se hacen cada vez m¨¢s evidentes a medida que su popularidad desciende y las elecciones de 2022 se acercan.

¡°Entregar¨¦ la banda presidencial a quien me gane en las urnas limpiamente. Con fraude, no¡±, dijo Bolsonaro el 1 de julio, como parte de su campa?a m¨¢s reciente: atacar la legitimidad de las urnas electr¨®nicas, aquellas con las que ¨¦l mismo ha sido elegido y reelegido al menos seis veces en su carrera pol¨ªtica, sin que jam¨¢s haya impugnado el resultado. Una semana despu¨¦s fue un paso m¨¢s all¨¢: ¡°De esta manera [como estamos hoy], corremos el riesgo de no tener elecciones el a?o que viene¡±.

Bolsonaro no es el primer populista de extrema derecha. Pero, sin duda, ¡°es el adversario m¨¢s poderoso al que se ha enfrentado la democracia brasile?a en medio siglo¡±, como advirti¨® Yascha Mounk, profesor de la Universidad John Hopkins en 2019, en su libro El pueblo contra la democracia, donde retrat¨® c¨®mo los l¨ªderes electos en pa¨ªses como Turqu¨ªa, Hungr¨ªa y Filipinas destruyen el Gobierno democr¨¢tico desde adentro. En poco m¨¢s de dos a?os y medio que lleva Bolsonaro como mandatario, es posible descifrar el modus operandi del pol¨ªtico forjado en el Ej¨¦rcito que asumi¨® la presidencia de Brasil el 1 de enero de 2019: mientras parte de su actividad se concentra en perseguir a sus cr¨ªticos, inventar noticias falsas que los peri¨®dicos deben desmentir y fomentar crisis pol¨ªticas con otros poderes, la maquinaria del Estado es utilizada para fortalecer los pilares que podr¨ªan sostenerlo en su puesto m¨¢s all¨¢ del voto. Si su estrategia discursiva parece un calco de Donald Trump, su sost¨¦n m¨¢s importante es, parad¨®jicamente, el mismo que ha utilizado el chavismo: los militares.

Una democracia verde oliva

Hoy, el estamento militar constituye la columna vertebral del Gobierno de Bolsonaro. Hay por lo menos 6.157 de ellos distribuidos en direcciones, consejos de administraci¨®n y gerencias de empresas estatales como Petrobras, la hidroel¨¦ctrica Itaip¨², Correos y Eletrobras. De sus 22 ministerios, nueve est¨¢n ocupados por militares en activo o en la reserva. Eran 10 hasta la ca¨ªda en marzo del general Eduardo Pazuello del Ministerio de Sanidad. ¡°Las Fuerzas Armadas sirven a la vez como base pol¨ªtico-electoral del Gobierno de Bolsonaro, pero tambi¨¦n como instrumento para intimidar a la oposici¨®n. Bolsonaro intenta transmitir la idea de que puede utilizar la fuerza contra sus enemigos pol¨ªticos, por muy falso que sea¡±, afirma el polit¨®logo Octavio Amorim Neto, profesor de la Fundaci¨®n Get¨²lio Vargas.

El Gobierno invirti¨® el equivalente a 16.600 millones de d¨®lares (m¨¢s de 14.000 millones de euros) en privilegios a los militares. En este c¨¢lculo entran los beneficios concedidos con la reforma de las pensiones de los militares ¡ªpueden jubilarse con el sueldo ¨ªntegro, al contrario que los civiles¡ª; un aumento salarial del 13% (en los dem¨¢s funcionarios p¨²blicos no supera el 8%), y la concesi¨®n de comisiones extraordinarias a los militares que forman parte de los consejos de administraci¨®n de las empresas estatales. El c¨¢lculo lo realiz¨®, a petici¨®n de EL PA?S, el polit¨®logo Willian Nozaki, que en mayo public¨® el estudio La militarizaci¨®n de la administraci¨®n p¨²blica en Brasil: ?proyecto de naci¨®n o proyecto de poder?. La cuenta no contempla el cambio en la norma que permite que los militares retirados como Bolsonaro o sus ministros Walter Braga Netto (Defensa), Luiz Eduardo Ramos (Presidencia) y Augusto Heleno (Gabinete de Seguridad Institucional) cobren un sueldo superior al techo constitucional de 7.500 d¨®lares.

El mandatario ha extendido los beneficios a los polic¨ªas militares de los 27 Estados de la federaci¨®n, una base de apoyo natural del presidente, y que podr¨ªan jugar a su favor a pesar de los gobernadores, a quienes responden formalmente. Bolsonaro aprob¨® recientemente un programa de financiaci¨®n de viviendas exclusivo para las fuerzas de seguridad. Tambi¨¦n incluy¨® en la reforma administrativa que est¨¢ en la C¨¢mara de los Diputados un art¨ªculo para que los polic¨ªas puedan ser considerados funcionarios t¨ªpicos del Estado, por lo que no correr¨ªan el riesgo de ser despedidos.

La pregunta es si todos estos beneficios que los militares y polic¨ªas han conseguido del Gobierno se convertir¨¢n en apoyo en caso de que el presidente intente quedarse con el poder el a?o que viene. ¡°Si ocurriera, las Fuerzas Armadas tendr¨ªan que tomar una decisi¨®n: si van a actuar dentro de la legalidad, rompiendo p¨²blicamente de una vez por todas con Bolsonaro, o no¡±, advierte Amorim Neto. Las polic¨ªas, por su parte, siguen la corriente predominante. ¡°Ellos tienen doble mando. Obedecen a los 27 gobernadores y al comandante en jefe del Ej¨¦rcito. Si se le pregunta a un polic¨ªa militar a qui¨¦n seguir¨¢ en caso de amenaza, la respuesta que dar¨¢ ser¨¢: a quien sea m¨¢s fuerte¡±, explica el polit¨®logo Jorge Zaverucha, profesor de la Universidad Federal de Pernambuco.

Para el exministro de Defensa y Relaciones Exteriores Celso Amorim, ning¨²n comandante de las Fuerzas Armadas est¨¢ de acuerdo con una intervenci¨®n. ¡°Es m¨¢s bien una discusi¨®n entre algunos generales de la reserva. Por mucho que una buena parte de la tropa est¨¦ de acuerdo con las ideas del presidente, no ir¨¢ en contra de lo que piensa el Alto Mando del Ej¨¦rcito. No se cruzar¨¢ esa l¨ªnea¡±, afirma. Amorim cree que algunos comandantes se han visto humillados cuando Bolsonaro lleva la pol¨ªtica a los cuarteles por la fuerza y trata de demostrar m¨¢s poder del que tiene sobre las Fuerzas Armadas. Esa es una de las razones que habr¨ªan provocado la dimisi¨®n colectiva del ministro de Defensa y de los comandantes del Ej¨¦rcito, la Marina y la Fuerza A¨¦rea en mayo pasado. Amorim, exministro de los gobiernos de Lula y Dilma Rousseff, recuerda que cualquier golpe requiere apoyo internacional, algo que Brasil no tiene, especialmente con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca.

As¨ª como han ganado privilegios, los militares tambi¨¦n viven el desgaste del poder al lado de Bolsonaro. Han prestado su imagen a un Gobierno que pierde prestigio con los resultados de la pandemia, el alto desempleo y las sospechas de corrupci¨®n en la compra de vacunas contra la covid-19. Las acusaciones de soborno que investiga la Comisi¨®n Parlamentaria de la Pandemia empiezan ahora a tocar a militares que ocupan u ocupaban cargos en el Ministerio de Sanidad.

Jair Bolsonaro no vive su mejor momento. Rechazado por la mitad de la poblaci¨®n por c¨®mo ha gestionado la pandemia, el mandatario se enfrenta desde mayo a protestas contra su gesti¨®n impulsadas por los partidos de izquierda. Los sondeos ya mostraban que el apoyo a Bolsonaro ca¨ªa poco antes de que las denuncias de corrupci¨®n por la compra de vacunas para la covid llegaran a los noticieros a finales de junio. Una encuesta realizada por el Instituto Ipec entre los d¨ªas 17 y 21 de ese mes mostraba una fuerte ca¨ªda de su popularidad frente al expresidente Lula da Silva: si las elecciones fueran hoy, el candidato del Partido de los Trabajadores tendr¨ªa 49% de los votos, frente al 23% a favor de Bolsonaro. Lula ganar¨ªa en primera vuelta. En una encuesta m¨¢s reciente, realizada por el instituto Datafolha entre el 7 y el 8 de este mes, Lula figura con un 58% de apoyo a su candidatura presidencial frente al 31% de Bolsonaro.

Las trampas oficiales

A pesar de este momento cr¨ªtico, a un a?o y tres meses de las elecciones, Bolsonaro a¨²n tiene tiempo, votantes y alianzas leales, adem¨¢s de la maquinaria p¨²blica a su favor, para navegar por estas aguas turbulentas hasta llegar a 2022 con fuerza para ser reelegido. Ante el temor de perder las elecciones, al igual que hizo Trump, el presidente ya ha plantado la semilla del caos, inventando un riesgo de fraude con las urnas electr¨®nicas.

Y, al igual que Trump, d¨ªa tras d¨ªa sacude al pa¨ªs con discursos radicales y dist¨®picos que contradicen la realidad y desaf¨ªan la Constituci¨®n. El 19 de julio de 2019, por ejemplo, durante un desayuno con periodistas extranjeros, Bolsonaro afirm¨® que en Brasil no hab¨ªa gente que pasara hambre, a pesar de que en ese momento 5,2 millones de brasile?os se encontraban en esa situaci¨®n, una cifra que supera a toda la poblaci¨®n de Nueva Zelanda. ¡°Decir que la gente pasa hambre en Brasil es una gran mentira¡±, afirm¨® rotundamente en presencia de periodistas internacionales. ¡°La pasan mal, no comen bien. Pero no pasan hambre¡±, dijo. Y, mientras la prensa se hac¨ªa eco de su discurso, ese mismo d¨ªa se publicaba en el Diario Oficial un decreto que revocaba 324 actos administrativos, entre ellos el que determinaba la creaci¨®n de consejos con participaci¨®n de representantes de la sociedad civil en las decisiones sobre pol¨ªticas p¨²blicas. Fue el primer plumazo para reducir el control social sobre el poder p¨²blico. Luego vinieron otros, que tambi¨¦n redujeron la transparencia de los actos del Gobierno.

Cuando empez¨® la pandemia, por ejemplo, el Gobierno promulg¨® una medida provisional que suspendi¨® los plazos de respuesta a las solicitudes de informaci¨®n mientras durara la crisis sanitaria. La medida estuvo en vigor de marzo a julio del a?o pasado y se aplicaba en todos los organismos cuyos empleados estuvieran trabajando a distancia. Aunque ya ha caducado, consigui¨® eliminar el acceso a los datos p¨²blicos en un momento en que el pa¨ªs se organizaba en el caos.

La promulgaci¨®n de ordenanzas, despachos, resoluciones, decretos o instrucciones normativas es uno de los recursos m¨¢s consistentes a los que apela Bolsonaro para sortear los mecanismos democr¨¢ticos. En dos a?os y medio en el poder, el presidente ha firmado 1.060 decretos. En comparaci¨®n, la expresidenta Dilma Rousseff firm¨® 614, la mayor¨ªa para regular leyes u organizar la gesti¨®n p¨²blica. Sin embargo, en el Gobierno actual se han convertido en una herramienta para ir contra la Constituci¨®n y los engranajes que sostienen la democracia. Aunque algunos de esos decretos son anulados meses despu¨¦s por la Justicia, entretanto el plan de Bolsonaro de mantenerse en el poder avanza.

As¨ª fue c¨®mo logr¨® expandir la venta de armas en Brasil, a pesar de que el pa¨ªs ten¨ªa un Estatuto de Desarme, avalado por refer¨¦ndum popular en 2005. M¨¢s del 63% de los brasile?os vot¨® entonces la prohibici¨®n. Pero desde que Bolsonaro asumi¨® la presidencia se han aprobado m¨¢s de 30 actos normativos para burlar esta limitaci¨®n. Y aunque los decretos pueden ser impugnados en los tribunales, las armas que ya fueron vendidas no ser¨¢n devueltas. ¡°La obsesi¨®n del presidente con las armas fue la primera se?al de que el Gobierno iba a meterse con el sistema democr¨¢tico¡±, dice Melina Risso, directora de programas del Instituto Igarap¨¦.

En un virtual escenario en el que Bolsonaro pierda la reelecci¨®n e intente mantenerse en el poder, la existencia de un amplio grupo de simpatizantes que se han provisto de armas de fuego durante su Gobierno plantea un escenario ominoso. De este modo, burlar los l¨ªmites impuestos por las leyes cumple una doble funci¨®n: mantener la lealtad de su n¨²cleo duro de apoyo y, simult¨¢neamente, proteger sus propios intereses.

Bajo este m¨¦todo, ninguna otra ¨¢rea ha sufrido m¨¢s ataques del Gobierno de Bolsonaro que la protecci¨®n social y ambiental. Son 1.112 los actos administrativos que pretenden cambiar la legislaci¨®n ambiental y facilitar la explotaci¨®n de la selva, seg¨²n el Instituto Talanoa de Pol¨ªticas P¨²blicas, que fiscaliza la actuaci¨®n del Gobierno. La eficacia de esta t¨¢ctica es innegable. La deforestaci¨®n en la Amazonia ha alcanzado niveles r¨¦cord desde la llegada de Bolsonaro mientras el Gobierno ignora las acciones de mineros ilegales y madereros. El Fondo Amazonia, que recibe donaciones extranjeras con el objetivo de promover acciones de control y lucha contra la deforestaci¨®n, fue una de las v¨ªctimas de esta revocaci¨®n masiva. El fondo ten¨ªa un comit¨¦ t¨¦cnico que deliberadamente no se renov¨®. El contrato se extingui¨® sin utilizar 554 millones de d¨®lares, que a¨²n siguen all¨ª.

Del total de actos administrativos, 107 ten¨ªan como objetivo flexibilizar las normas vigentes unilateralmente por el Ejecutivo. Con ellos, Bolsonaro cumpli¨® una de sus promesas de campa?a: acabar con lo que llamaba la ¡°industria de las multas en el campo¡±. Un decreto publicado en abril de 2019 obliga ahora a los organismos de inspecci¨®n a ¡°fomentar la conciliaci¨®n¡± en los casos de infracciones por da?os ambientales. Las audiencias no son obligatorias. Y los que son multados por el Instituto Brasile?o del Medio Ambiente obtienen descuentos y plazos m¨¢s largos para pagar. ¡°La conciliaci¨®n medioambiental se ha creado para impedir las multas. Naci¨® una industria del perd¨®n¡±, se lamenta Natalie Unterstell, presidenta del Instituto Talanoa de Pol¨ªticas P¨²blicas.

Los terratenientes que se oponen a la preservaci¨®n son una de las bases de apoyo del presidente. La bancada de diputados que representa la agroindustria forma parte del grupo legislativo Centr?o, una coalici¨®n de partidos sin programa ni ideolog¨ªa que, tras el acuerdo sellado el a?o pasado, garantiza al presidente su estabilidad en el poder. Esta convergencia en el Congreso permiti¨® que el 13 de mayo se aprobara un proyecto de ley que flexibiliza las normas para conceder licencias ambientales para determinadas iniciativas. O el apoyo a la aprobaci¨®n del proyecto de ley 490, que dificulta la demarcaci¨®n de tierras ind¨ªgenas y deja espacio para que las tierras sean exploradas por la agroindustria, y que fue aprobado a fines de junio por una comisi¨®n parlamentaria.

Noticias a medida

Las redes de comunicaci¨®n de Bolsonaro son un cap¨ªtulo aparte en su estrategia para debilitar la democracia brasile?a. Desde que asumi¨® el cargo hace transmisiones semanales en directo en redes sociales. Con su llegada a la presidencia, su l¨ªnea de ataque a los periodistas, que ya se conoc¨ªa desde sus d¨ªas como diputado, se ha multiplicado con milicias virtuales que atacan a profesionales cr¨ªticos, sobre todo mujeres.

Su aversi¨®n a la prensa ha llevado al presidente a enclaustrarse en un c¨ªrculo de p¨¢ginas web y cadenas de televisi¨®n que le apoyan incondicionalmente, al mismo tiempo que reciben mayores partidas de fondos p¨²blicos. Esa red es la que abastece de informaci¨®n a sus seguidores m¨¢s fieles. Vinicius Publio, de 45 a?os, por ejemplo, es un orgulloso partidario de Bolsonaro que no lee noticias y rara vez ve el telediario. Prefiere informarse por las redes que apoyan al presidente, a quien admira con devoci¨®n. Su explicaci¨®n resulta conocida: ¡°Es aut¨¦ntico, habla claro, es directo, dice lo que la gente quiere o¨ªr¡±, explica en una cafeter¨ªa de Barueri, en el ¨¢rea metropolitana de S?o Paulo.

Publio comparte la ideolog¨ªa, el gusto por las armas y las motos potentes del presidente. Montado en su BMW, fue uno de los que acompa?aron al mandatario en un convoy de motos un s¨¢bado de junio por las calles y carreteras de S?o Paulo. Bolsonaro ha convertido los paseos en moto con seguidores en manifestaciones p¨²blicas de apoyo popular.

Casado y padre de dos hijos adolescentes, Publio concilia su trabajo en la Polic¨ªa Militar con los negocios inmobiliarios. Personifica el n¨²cleo duro de los votantes de Bolsonaro, aquellos que le son fieles sin importar los hechos que se le cuestionen: m¨¢s de medio mill¨®n de muertes por la pandemia, el aumento de la inflaci¨®n, los incendios en la Amazonia¡­ ¡°Son un 15% del electorado brasile?o, con una presencia destacada de hombres blancos de cierta edad y renta alta¡±, explica Isabela Kalil, coordinadora del Observatorio de la Extrema Derecha.

Mientras estrecha la fidelidad con el grupo que lo respalda y difunde sus verdades sin cuestionar, Bolsonaro utiliza los recursos disponibles en la legislaci¨®n brasile?a para perseguir y amedrentar a sus cr¨ªticos, bas¨¢ndose en la Ley de Seguridad Nacional.

Consolidada en 1983, dos a?os antes del fin de la dictadura, esa ley es una herencia que dej¨® la era militar en Brasil, y que la Polic¨ªa Federal ha utilizado recientemente para investigar a profesores, artistas y activistas. Con esta norma, por ejemplo, el Gobierno ha perseguido judicialmente al youtuber Felipe Neto por calificar de ¡°genocida¡± a Bolsonaro en las redes sociales; al caricaturista Aroeira, que dibuj¨® el s¨ªmbolo del fascismo como si lo hubiera pintado el presidente, y al periodista Ricardo Noblat por haber compartido la caricatura de Aroeira en las redes. Este tipo de acciones ha permeado en sus bases. A finales de mayo, un profesor del Estado de Goi¨¢s, Arquidones Le?o, fue detenido por un polic¨ªa militar por supuestamente calumniar al presidente Bolsonaro. Le?o ten¨ªa un cartel pegado en su coche en que se le¨ªa ¡°Bolsonaro Genocida¡±. La excusa de la polic¨ªa para detenerlo era la infracci¨®n a la Ley de Seguridad Nacional.

¡°Esta ley era uno de los elementos que manten¨ªan el sistema dictatorial. Castiga la cr¨ªtica¡±, dice Pedro Estevam Serrano, profesor de Derecho de la Pontificia Universidad Cat¨®lica de S?o Paulo. ¡°Deber¨ªa haberse derogado y no se hizo, pero en compensaci¨®n hab¨ªa un cierto pacto en la sociedad para no utilizarla¡±.

La ley, heredada de la dictadura, no ha sido la ¨²nica herramienta utilizada por el Gobierno para tratar de silenciar el disenso. Las universidades tambi¨¦n son un frente de batalla ideol¨®gica para Bolsonaro. Para el presidente est¨¢n llenas de ¡°izquierdistas¡± que promocionan el comunismo. El Gobierno intent¨® interferir hasta en las elecciones de los rectores, habitualmente elegidos por sus colegas, a trav¨¦s de una medida provisional que facultaba al ministro de Educaci¨®n a decidir los nombres durante la pandemia. A la vez, intimid¨® a los profesores que criticaban al Gobierno con demandas en los tribunales.

En enero de este a?o, los profesores universitarios Erika Suruagy y Tiago Costa Rodrigues fueron objeto de una investigaci¨®n de la Polic¨ªa Federal por publicar cr¨ªticas al presidente en vallas publicitarias en sus ciudades, Recife y Palmas, respectivamente. Las investigaciones se archivaron meses despu¨¦s por falta de consistencia en las acusaciones, pero el da?o ya estaba hecho. ¡°Se me cerraron las puertas, no he podido volver a trabajar¡±, dice Rodrigues, que tuvo que trasladarse a otra ciudad. ¡°El ambiente es de miedo¡±, resume la profesora Erika Suruagy.

La Universidad Federal de Cear¨¢ tambi¨¦n es objeto de una investigaci¨®n de la Polic¨ªa Federal. Todo porque varios profesores dieron clases sobre los riesgos del fascismo. Alumnos electores de Bolsonaro los delataron a la polic¨ªa por un supuesto acoso. Episodios como este hacen presi¨®n para evitar que los profesores discutan temas pol¨ªticos en las clases. No han sido pocos los casos de v¨ªdeos de profesores filmados por alumnos cuando hac¨ªan alguna cr¨ªtica informal y que han circulado en las redes bolsonaristas como si se tratara de una conspiraci¨®n comunista. ¡°Si la universidad no puede hablar, no puede debatir ideas, ?qui¨¦n lo har¨¢? Ninguna democracia puede sostenerse sin universidades¡±, afirma la profesora Suruagy.

El presidente tambi¨¦n socava la inversi¨®n en las universidades, estrangulando todav¨ªa m¨¢s el ya asfixiado presupuesto de la ense?anza superior. Desde 2019 hasta la fecha, el recorte acumulado en el presupuesto de las universidades federales es del 25%, seg¨²n la Asociaci¨®n Nacional de Directores de Instituciones Federales de Ense?anza Superior. Pero el acoso no se limita a los profesores universitarios. La Articulaci¨®n Nacional de Carreras P¨²blicas para el Desarrollo Sostenible, una coalici¨®n de entidades del sector p¨²blico, ha identificado m¨¢s de 820 casos de acoso. Seg¨²n el estudio realizado, el Instituto Brasile?o de Medio Ambiente encabeza la lista de los ¨®rganos en los que m¨¢s se ha producido este tipo de intimidaci¨®n.

La resistencia

Hasta ahora es el Poder Judicial, especialmente el Supremo Tribunal Federal, el que ha actuado como una barrera para inhibir los abusos de poder del presidente en sus decretos y medidas provisionales. Ha desarmado parte de las bombas de relojer¨ªa que el Gobierno ha creado con los actos que no pasan por el Congreso. Tambi¨¦n ha liderado una investigaci¨®n, conducida por la Polic¨ªa Federal, sobre las redes digitales bolsonaristas que incentivan el acoso al mismo Poder Judicial y a los adversarios del presidente. As¨ª encontr¨® pruebas de ¡°una verdadera organizaci¨®n criminal¡± que ataca la democracia y que cuenta con el trabajo de parlamentarios, empresarios que apoyan al presidente y blogueros que desparraman noticias falsas.

Hoy existen m¨¢s de 100 solicitudes de proceso de destituci¨®n contra Bolsonaro sobre la mesa del presidente de la C¨¢mara de los Diputados, Arthur Lira, que no ha mostrado inter¨¦s en hacerlas prosperar. La ¨²ltima, presentada a finales de junio como una ¡°supersolicitud¡± que re¨²ne todas las dem¨¢s, contiene una lista de 23 posibles delitos de responsabilidad, incluyendo la prevaricaci¨®n.

Las calles empezaron a agitarse en mayo, sobre todo con la presi¨®n que la comisi¨®n parlamentaria del Senado ejerci¨® apuntando las responsabilidades del presidente en la gesti¨®n err¨¢tica de la pandemia. Las protestas organizadas por la izquierda en tres ocasiones reunieron a miles de manifestantes, especialmente en las capitales del pa¨ªs, pero todav¨ªa no tienen el apoyo de la derecha. Brasil se encuentra en esta encrucijada, con los principales partidos resisti¨¦ndose a unirse a las protestas, hasta ahora dominadas por los votantes del expresidente Lula.

En su libro El pueblo contra la democracia, el profesor Yascha Mounk recuerda que, en la mayor¨ªa de los pa¨ªses, los populistas solo llegan a la cima porque sus oponentes no logran hacer un pacto electoral. ¡°Aunque es natural suponer que la amenaza autoritaria puede ayudarnos a ver las cosas con m¨¢s claridad, tambi¨¦n es cierto lo contrario: angustiados y aterrorizados, los oponentes de los populistas empiezan a jugar el juego de la pureza pol¨ªtica, imponiendo pruebas¡­, neg¨¢ndose a abrazar a antiguos aliados del populista¡±, explica.

Un paso importante lo ha dado el expresidente Fernando Henrique Cardoso, quien desde abril se?ala que podr¨ªa votar a Lula en una posible segunda vuelta contra Bolsonaro. ¡°Quien no tiene perro caza con gato¡±, afirm¨® Cardoso. Los posibles candidatos a las elecciones de 2022 entrevistados por EL PA?S en los ¨²ltimos meses ten¨ªan claro que la uni¨®n contra Bolsonaro era irreversible, y no descartan renunciar a la candidatura en alg¨²n momento de la carrera para evitar que ¨¦l pase a la segunda vuelta.

El objetivo es evitar la reelecci¨®n de Bolsonaro, lo que impedir¨ªa el asalto contra la democracia, como ha ocurrido en otros pa¨ªses gobernados por l¨ªderes radicales. ¡°Todos los gobiernos autoritarios actuales fueron degradando poco a poco la democracia en el primer mandato y el desmantelamiento definitivo lleg¨® en el segundo¡±, recuerda el Pedro Abramovay, director de Open Society para Am¨¦rica Latina.

¡°Bolsonaro no tiene ninguna convicci¨®n democr¨¢tica, la acepta por razones estrat¨¦gicas¡±, afirma el polit¨®logo Jorge Zaverucha. ¡°Se mantiene a la espera de que un d¨ªa los vientos soplen hacia una soluci¨®n autoritaria y pueda embarcar¡±, a?ade. A la espera de esas borrascas, Bolsonaro avanza en sus prop¨®sitos. Muchos brasile?os los ven venir. Y los temen.

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