Daniel Ortega condena por ¡°conspiraci¨®n¡± a la m¨ªtica exguerrillera sandinista Dora Mar¨ªa T¨¦llez
La Fiscal¨ªa pide para ella y para el l¨ªder universitario Lesther Alem¨¢n, quien en 2018 emplaz¨® en p¨²blico a Ortega a frenar la represi¨®n, la pena m¨¢xima de 15 a?os de prisi¨®n
La exguerrillera sandinista Dora Mar¨ªa T¨¦llez, una de las figuras claves en la liberaci¨®n de Nicaragua de la dictadura somocista, ha sido condenada en la tarde de este jueves por la justicia de Daniel Ortega bajo por los supuestos delitos de ¡°menoscabo a la integridad nacional¡± y ¡°conspiraci¨®n¡±. El juez ?ngel Jancarlos Fern¨¢ndez realiz¨® un audiencia ex...
La exguerrillera sandinista Dora Mar¨ªa T¨¦llez, una de las figuras claves en la liberaci¨®n de Nicaragua de la dictadura somocista, ha sido condenada en la tarde de este jueves por la justicia de Daniel Ortega bajo por los supuestos delitos de ¡°menoscabo a la integridad nacional¡± y ¡°conspiraci¨®n¡±. El juez ?ngel Jancarlos Fern¨¢ndez realiz¨® un audiencia expr¨¦s, de menos de siete horas y, enseguida, la Fiscal¨ªa pidi¨® para la historiadora y cr¨ªtica de la actual administraci¨®n 15 a?os de c¨¢rcel, m¨¢s la inhabilitaci¨®n para ejercer cargos p¨²blicos.
La condena de T¨¦llez, inmortalizada por el Nobel Gabriel Garc¨ªa M¨¢rquez en la cr¨®nica Asalto al Palacio, ocurre en un ciclo de juicios pol¨ªticos programados contra los 47 opositores que Ortega encarcel¨® a partir de junio de 2021 para eliminar toda competencia de las elecciones generales de noviembre pasado, en las que se declar¨® ganador sin competencia, perpetu¨¢ndose en el poder junto a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
La hist¨®rica y emblem¨¢tica exguerillera de 66 a?os fue sometida a un juicio sin garant¨ªas procesales, de acuerdo a defensores de derechos humanos. Pero tambi¨¦n agravado por varios factores: la audiencia fue realizada a puertas cerradas en El Chipote, la misma c¨¢rcel donde est¨¢ encerrada y sufriendo torturas, seg¨²n sus familiares, a quienes les impidieron ingresar al juicio.
Los ¨²nicos que tuvieron acceso fueron los abogados de T¨¦llez, pero fueron incomunicados. De acuerdo al art¨ªculo 121 del C¨®digo Procesal Penal, los juicios deben celebrarse en la sede de los tribunales y no en prisi¨®n. Sin embargo, los familiares de los reos de conciencia creen que este hermetismo es para que no se filtren im¨¢genes del deterioro f¨ªsico y emocional de los acusados producto de los malos tratos que han recibido durante el encierro.
El juicio de T¨¦llez ha seguido la misma t¨®nica de los primeros cuatro opositores procesados esta semana: Yader Paraj¨®n, Yaser Vado Gonz¨¢lez, Alexis Peralta y la activista Ana Margarita Vijil quien, tras ser declarada culpable por ¡°conspiraci¨®n¡±, escribi¨® en el acta de culpabilidad ¡°soy presa pol¨ªtica¡± debajo de su nombre.
En paralelo a T¨¦llez, tambi¨¦n fue juzgado el l¨ªder estudiantil Lesther Alem¨¢n, reconocido por haber enfrentado cara a cara Daniel Ortega en 2018 en una mesa de di¨¢logo. En aquella ocasi¨®n, el estudiante emplaz¨® al mandatario, lo conmin¨® a cesar la represi¨®n de las protestas sociales y a salir del poder. El universitario fue tambi¨¦n condenado por cometer ¡°conspiraci¨®n para cometer menoscabo a la integridad nacional¡± y la Fiscal¨ªa, igualmente, ha pedido la pena m¨¢xima de 15 a?os.
¡°Hoy que Lesther es condenado cumple 213 d¨ªas encarcelado arbitrariamente. El debido proceso es inexistente y le han violado todos sus derechos humanos. Lesther no ha podido hablar con su abogado ni recibir visitas de sus familiares. Ha sido sometido a interrogatorios extenuantes como mecanismo de tortura, a una mala alimentaci¨®n y condiciones sanitarias que han afectado su salud¡±, expres¨® el grupo estudiantil del que Alem¨¢n es integrante. ¡°El juicio contra Lesther ha sido ilegal e ilegitimo; una farsa judicial propia de una dictadura cuyo poder emana de la farsa electoral y violaci¨®n sistem¨¢tica a los derechos humanos de los nicarag¨¹enses¡±, a?adieron en un comunicado.
Juez sin competencia
La veterana defensora de derechos humanos Vilma N¨²?ez de Escorcia, no solo cataloga como pol¨ªticos estos juicios, sino que asegura que son ¡°farsas y montajes¡±. Primero porque cuando la Fiscal¨ªa anunci¨® la reactivaci¨®n de los procesos en un comunicado, el tono era condenatorio de antemano al catalogar a los presos pol¨ªticos como ¡°criminales y delincuentes¡±. El Ministerio P¨²blico arroll¨® la presunci¨®n de inocencia antes de que los procesados pudieran estar frente a un juez.
Para los defensores de derechos humanos y familiares, los acusados tienen que enfrentar una defensa a ciegas. Entre las anomal¨ªas judiciales que han detectado est¨¢ que los ¨²nicos testigos aportados por la Fiscal¨ªa son polic¨ªas y simpatizantes sandinistas. Adem¨¢s, las pruebas presentadas son capturas de pantalla de redes sociales, algunas trucadas, mientras que los abogados defensores no han podido visitar a los acusados de previo y tampoco las querellas han sido cargadas en el sistema del poder judicial.
¡°Los juicios de Dora Mar¨ªa y Lesther, aparte de todas las nulidades que se han venido cometiendo en la tramitaci¨®n, y repetidas hoy en esta audiencia expr¨¦s, tienen un grave contrasentido con el C¨®digo Penal: el delito de ¡®Menoscabo a la integridad nacional¡¯ debe ser conocido por un tribunal de jurado y no por un juez t¨¦cnico. Es decir, que estos jueces no tienen competencia. Entonces hay nulidad¡ pero ya sabemos que en Nicaragua los alegatos jur¨ªdicos no sirven para nada¡±, explic¨® la doctora N¨²?ez a EL PA?S.
El r¨¦gimen Ortega-Murillo reanud¨® los juicios pol¨ªticos este primero de febrero, mientras familiares de detenidos y el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) hicieron el llamado a un di¨¢logo con el fin de liberar a los encarcelados. El r¨¦gimen ignor¨® dicha disposici¨®n y apur¨® los procesos contra los opositores, los que ¨Cde momento¨C est¨¢n agendados hasta el 24 de febrero. Lejos de mostrarse dispuesto a ablandarse, Ortega ha radicalizado su represi¨®n y procesa a las voces cr¨ªticas con algunas de las leyes creadas para cazar disidentes, como la Ley de Defensa a los Derechos del Pueblo o Ley de Ciberdelitos, ambas aprobadas por la Asamblea controlada por el sandinismo.
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