Daniel Ortega reanuda los juicios contra sus opositores en el hermetismo de la c¨¢rcel donde est¨¢n presos

El Ministerio P¨²blico controlado por el Gobierno de Daniel Ortega anunci¨® este lunes que iniciar¨¢ los juicios contra los 36 presos pol¨ªticos que mantiene desde junio de 2021 en la temida c¨¢rcel de El Chipote, donde aspirantes presidenciales opositores, l¨ªderes estudiantiles, campesinos, empresarios y activistas sufren torturas, seg¨²n han denunciado sus familiares. Las audiencias ser¨¢n realizadas bajo hermetismo en la misma prisi¨®n donde llevan meses detenidos, por lo que no se podr¨¢ ver las condiciones en la que se encuentran los reos, despu¨¦s de que sus familiares denunciaran torturas y malos tratos.

¡°Estos mismos criminales y delincuentes han reincidido, atentado contra los derechos del pueblo y la sociedad nicarag¨¹ense, comprometiendo la paz y la seguridad¡±, reza una parte del comunicado en el que el Ministerio P¨²blico anuncia que se retoman los juicios con un lenguaje que los condena de antemano. ¡°Son los mismos que promovieron y dirigieron los actos terroristas de la agresi¨®n del fallido golpe de Estado del a?o 2018, habiendo paralizado el pa¨ªs y creado da?os a la econom¨ªa. Son los mismos que han provocado tanto dolor y luto en las familias de los nicarag¨¹enses a causa de los asesinatos, torturas y secuestros¡±, agrega el documento.

Para los familiares de los presos, el propio anuncio reafirma la naturaleza pol¨ªtica de los procesos. ¡°A ese comunicado de la Fiscal¨ªa solo falt¨® que le adjuntaran la condena¡±, dijo uno de ellos, que no quiso ser identificado por temor a represalias. La indignaci¨®n tambi¨¦n es compartida por defensores de derechos humanos. ¡°El comunicado, al llamarlos delincuentes y criminales, es una demostraci¨®n de que son operadores pol¨ªticos que est¨¢n a la caza de lo que ellos consideran enemigos¡±, apunt¨® el abogado Gonzalo Carri¨®n, exiliado en Costa Rica.

El martes se retoman los juicios a opositores presos, tras una suspensi¨®n de tres meses ante una supuesta ¡°saturaci¨®n¡± de los tribunales. En total, ser¨¢n 47 detenidos los que enfrenten procesos: los 36 de El Chipote, m¨¢s otros 11 que est¨¢n bajo arresto domiciliario. Los procesos se producen en un momento de m¨¢xima desesperaci¨®n para sus seres queridos: denunciaron que los reos de conciencia atraviesan una delicada situaci¨®n de salud; p¨¦rdida de peso, shock emocional y agudizaci¨®n de enfermedades cr¨®nicas debido a los malos tratos que sufren en El Chipote, formalmente llamada Direcci¨®n de Auxilio Judicial (DAJ). Los familiares pidieron la semana pasada a ¡°los gobernantes, fuerzas vivas de la naci¨®n y a la Iglesia cat¨®lica¡± encabezar ¡°un proceso de unificaci¨®n ciudadana¡±, con el fin de liberar a los 170 reos detenidos por razones pol¨ªticas.

La reactivaci¨®n de los juicios pol¨ªticos tambi¨¦n es precedida por el anuncio de los empresarios representados por el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), que expres¨® sus intenciones de sentarse con Ortega para la liberaci¨®n de ¡°tres amigos¡±, en referencia a los directivos de la patronal encarcelados a mediados de a?o. La hipot¨¦tica instauraci¨®n de un di¨¢logo ha dividido incluso a los familiares de presos pol¨ªticos, ya que unos consideran que Ortega lo usar¨¢ para ganar legitimidad tras su reelecci¨®n desconocida por la comunidad internacional. Entre ellos pesa el sentido de urgencia para liberar a los presos que sufren torturas.

C¨®ctel de leyes represivas

En esta ¨²ltima etapa de represi¨®n emprendida a trav¨¦s de los tribunales, la Fiscal¨ªa ha recurrido a un c¨®ctel de leyes aprobadas por el Parlamento de Ortega para acusar a los presos pol¨ªticos. ¡°Estas personas acusadas, estar¨¢n siendo juzgadas por haber violentado la Constituci¨®n Pol¨ªtica, la Ley No. 1055, la Ley de Seguridad Soberana y el C¨®digo Penal de la Rep¨²blica de Nicaragua. Estar¨¢n siendo procesadas por cometer menoscabo a la integridad nacional, por haber recibido recursos de fuentes extranjeras para cometer los delitos de lavado de dinero, bienes y activos¡±, dice el comunicado.

Seg¨²n el abogado de derechos humanos Carri¨®n, la Fiscal¨ªa aplica a cada reo de conciencia dos leyes combinadas para ver ¡°de qu¨¦ manera logran una fachada de legalidad¡±, en medio de procesos carentes de debido proceso. Los acusados no han tenido acceso a una tutela efectiva y sus casas ni siquiera figuran en el sistema del Poder Judicial. ¡°Como defensores de derechos humanos hemos insistido que estos combos de leyes son acciones regresivas para los derechos humanos¡±, afirm¨® Carri¨®n.

El jurista resalt¨® que el comunicado de la Fiscal¨ªa, al mencionar supuestos delitos de 2018 durante las protestas sociales que polic¨ªas y paramilitares sandinistas reprimieron con disparos letales, viola la misma Ley de Amnist¨ªa que Ortega dict¨® en 2019. ¡°Retrotraer los hechos de 2018 en principio implica culparlos por todo lo que pas¨®. Adem¨¢s, son hechos que est¨¢n amnistiados¡±, recalc¨® por su parte el abogado Juan Diego Barberana, tambi¨¦n integrante de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB). El caso m¨¢s claro de los ¡°amnistiados¡± son los l¨ªderes campesinos Medardo Mairena, Freddy Navas y Pedro Mena, que, antes de esa amnist¨ªa, en 2019, recibieron una sentencia de m¨¢s de 200 a?os de prisi¨®n por ¡°terrorismo¡±. Hoy est¨¢n nuevamente acusados de ¡°conspiraci¨®n para cometer menoscabo a la integridad nacional¡±.

¡°Podemos observar que hay una coordinaci¨®n entre el Ministerio P¨²blico y el Poder Judicial. Es una instituci¨®n que ya no tiene ning¨²n tipo de independencia, al igual que el Poder Judicial y que est¨¢n obedeciendo al Poder Ejecutivo, al r¨¦gimen Ortega Murillo¡±, sostuvo Barberena.

Carri¨®n dijo que la Fiscal¨ªa tambi¨¦n viola el principio de objetividad al tildar de ¡°criminales¡± a los detenidos antes de la realizaci¨®n del juicio. De hecho, el r¨¦gimen elimin¨® la presunci¨®n de inocencia al reformar el C¨®digo Penal en febrero de 2021 y alarg¨® los plazos de investigaci¨®n y detenci¨®n a 90 d¨ªas, sin que hubiese una causa abierta. Para los abogados, resulta la mejor imagen de un sistema judicial sometido y dise?ado a la medida para criminalizar a todo aquel que en la Nicaragua gobernada por Ortega y su esposa, Rosario Murillo, piense diferente.

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