Ortega se ha aferrado a la represi¨®n para sostener su r¨¦gimen

En las oscuras celdas de El Chipote, la temible c¨¢rcel del r¨¦gimen en Managua, hasta ahora eran torturados y encerrados decenas de presos pol¨ªticos considerados traidores y desestabilizadores por el r¨¦gimen que maneja con mano dura el sandinista Daniel Ortega en Nicaragua. Esa prisi¨®n, denunciada como centro de torturas por organizaciones internacionales de derechos humanos, es el s¨ªmbolo d...

En las oscuras celdas de El Chipote, la temible c¨¢rcel del r¨¦gimen en Managua, hasta ahora eran torturados y encerrados decenas de presos pol¨ªticos considerados traidores y desestabilizadores por el r¨¦gimen que maneja con mano dura el sandinista Daniel Ortega en Nicaragua. Esa prisi¨®n, denunciada como centro de torturas por organizaciones internacionales de derechos humanos, es el s¨ªmbolo de la dura represi¨®n que Ortega ha desatado en el pa¨ªs centroamericano, a la que el exguerrillero se ha aferrado, en parte, para sostener su r¨¦gimen. Desde 2018, cuando estallaron masivas protestas contra el Gobierno en la capital y otras ciudades importantes del pa¨ªs, Ortega desat¨® una feroz represi¨®n que inici¨® ahogando las manifestaciones en sangre, con el asesinato de m¨¢s de 360 manifestantes, muchos de ellos j¨®venes universitarios. A esto sigui¨® la cacer¨ªa contra quienes eran vistos como l¨ªderes de las movilizaciones y m¨¢s tarde la realizaci¨®n de juicios considerados espurios contra los disidentes. Adem¨¢s, decenas de miles de nicarag¨¹enses han dejado el pa¨ªs por la persecuci¨®n pol¨ªtica y el deterioro de la econom¨ªa.

En un informe publicado en septiembre pasado, la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertaba que ¡°informaci¨®n recibida en las ¨²ltimas semanas da cuenta del grave deterioro de salud y estado f¨ªsico de las personas detenidas en la Direcci¨®n de Auxilio Judicial (El Chipote o nuevo Chipote), debido al prolongamiento de la privaci¨®n de libertad bajo condiciones a¨²n m¨¢s deplorables e insalubres, la persistencia de hechos de maltrato, aislamiento, incomunicaci¨®n, interrogatorios constantes, la falta de alimentaci¨®n adecuada y suficiente, as¨ª como falta de acceso a atenci¨®n m¨¦dica oportuna, adecuada y especializada¡±.

Las protestas se iniciaron como una reacci¨®n contra unas reformas de la seguridad social que Ortega pretend¨ªa imponer sin consenso, pero muy pronto se transformaron en un grito general de descontento que acorral¨® al r¨¦gimen, que ech¨® mano de grupos parapoliciales y turbas fuertemente armadas para reprimir las manifestaciones. Miles de personas se atrincheraron en las ciudades m¨¢s importantes del pa¨ªs, levantaron barricadas y obstaculizaron v¨ªas, con lo que el Gobierno decidi¨® desatar una violenta ola represiva conocida como ¡°Operaci¨®n limpieza¡±: caravanas de camionetas cargadas con hombres fuertemente armados ¡ªalgunos con armamento militar¡ª irrumpieron en las ciudades rebeldes, destrozaron las barricadas y dispararon contra civiles. Un informe de la CIDH denunci¨® que el r¨¦gimen hab¨ªa cometido cr¨ªmenes de lesa humanidad durante esos meses represivos.

Aunque Daniel Ortega decidi¨® abrirse a una mesa de di¨¢logo con la oposici¨®n y bajo el auspicio del sector empresarial, esas negociaciones fracasaron debido a la negativa de Ortega de aceptar las exigencias de los opositores, que inclu¨ªan unas elecciones libres y competitivas. El r¨¦gimen dio por cerrado el di¨¢logo e inici¨® una feroz cacer¨ªa contra quienes participaron en las conversaciones. La persecuci¨®n tambi¨¦n incluy¨® a los l¨ªderes de los movimientos universitarios que hab¨ªan tomado las universidades p¨²blicas, l¨ªderes campesinos e integrantes de organizaciones de la sociedad civil que denunciaban los abusos de poder.

Poco a poco, las c¨¢rceles del pa¨ªs, principalmente El Chipote, se llenaron de presos pol¨ªticos, hasta superar las 220 personas detenidas. Fueron detenciones ilegales. El Gobierno inici¨® una serie de juicios, considerados espurios, en los que se les conden¨®, entre otros cargos, por terrorismo. Analistas en Managua consideraban que estas personas podr¨ªan convertirse en alg¨²n momento en una especie de moneda de cambio del r¨¦gimen para negociar con Estados Unidos a cambio de que Washington redujera o eliminara las sanciones contra integrantes del Ejecutivo de Ortega, que incluyen a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, sus hijos, parientes cercanos y altos cargos del Gobierno.

Murillo ha sido se?alada como responsable del inicio de la dura represi¨®n de 2018. En una serie de correos filtrados a la prensa se lee c¨®mo ella organiz¨® a las huestes del Frente Sandinista y dio la orden de atacar las protestas. ¡°Vamos con todo¡±, afirmaba en uno de esos correos. Murillo aparec¨ªa en diarias alocuciones en los medios del r¨¦gimen para despotricar contra los manifestantes, a quienes calificaba de vampiros, diab¨®licos, terroristas. ¡°Cu¨¢nta malignidad, cu¨¢nto crimen de odio, cu¨¢nto pensamiento y pr¨¢ctica horrendos, dec¨ªamos siniestros, dec¨ªamos diab¨®licos, dec¨ªamos sat¨¢nicos. Porque nunca hab¨ªamos visto lo que hoy estamos viendo, precisamente, como vamos liberando el pa¨ªs, porque vamos todos juntos, gobiernos, instituciones, nuestro pueblo luchador, revolucionario, honesto, trabajador y liber¨¢ndonos del mal¡±, dijo Murillo.

Ortega tambi¨¦n desat¨® una fuerte persecuci¨®n contra los integrantes de la Iglesia cat¨®lica. Los curas se hab¨ªan convertido en una importante voz cr¨ªtica contra el Gobierno. Hab¨ªan participado tambi¨¦n en la mesa del Di¨¢logo Nacional y muchos exig¨ªan desde el p¨²lpito el fin de la represi¨®n. Ortega orden¨® el asedio de iglesias en Masaya, considerada el basti¨®n rebelde de Nicaragua, donde los feligreses se hab¨ªan atrincherado en las iglesias. El r¨¦gimen cort¨® el agua, la energ¨ªa e impidi¨® que se entregara alimentos en una parroquia de la localidad, lo que despert¨® las alertas sobre la nueva forma de represi¨®n. Lo mismo sucedi¨® en Matagalpa, al norte del pa¨ªs, donde el obispo Rolando ?lvarez se hab¨ªa convertido en la voz m¨¢s cr¨ªtica contra el r¨¦gimen. ?lvarez fue m¨¢s tarde detenido y enviado a juicio. Otros sacerdotes han sido apresados y varios han tenido que dejar Nicaragua.

El Gobierno tambi¨¦n ha perseguido a las organizaciones de la sociedad civil, con la aprobaci¨®n de una ley que restringe su trabajo en Nicaragua. El r¨¦gimen ha ordenado el cierre, desde 2018, de al menos 209 organizaciones. ¡°Entre ellas est¨¢n las principales ONG nicarag¨¹enses de derechos humanos, incluidos derechos de la mujer y derechos de los pueblos ind¨ªgenas, y otras que trabajan en educaci¨®n, desarrollo, as¨ª como asociaciones m¨¦dicas¡±, advert¨ªa Naciones Unidas en un informe publicado en mayo de 2022.

La violencia pol¨ªtica del r¨¦gimen, esa mano dura que castiga a quien levante la voz, ha obligado al exilio a decenas de miles de nicarag¨¹enses. Desde el inicio de las protestas muchos decidieron dejar el pa¨ªs por temor a una guerra civil y llenaron las instalaciones de la Direcci¨®n de Migraci¨®n, en Managua, para pedir pasaportes. A esa primera ola le siguieron miles de desterrados, que tuvieron que dejar Nicaragua de forma dram¨¢tica: muchos atravesando de manera clandestina, por puntos ciegos, las fronteras de Honduras, en el norte, o Costa Rica, al sur. Algunos pagando para salir por mar. La di¨¢spora nicarag¨¹ense suma m¨¢s de 200.000 personas y un informe de ACNUR publicado el pasado verano revelaba que los nicarag¨¹enses son los que m¨¢s solicitudes de asilo realizaron en 2021, solo superados por los afganos tras el retorno de los talibanes al poder.

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