Los expertos de la OEA denuncian ¡°cr¨ªmenes de lesa humanidad¡± en Nicaragua
El grupo de especialistas de la OEA, expulsado de Nicaragua, document¨® decenas de asesinatos y considera que el r¨¦gimen sandinista debe ser juzgado por cr¨ªmenes de lesa humanidad
Solo unas horas antes de que el equipo de la Organizaci¨®n de Estados Americanos (OEA) presentara su informe sobre la situaci¨®n en Nicaragua, el Gobierno de Daniel Ortega le dio 24 horas para que abandonara el pa¨ªs. Despu¨¦s de seis meses de trabajo las conclusiones conocidas no han gustado al r¨¦gimen que impidi¨® su presentaci¨®n en suelo centroamericano a quien acusa directamente de coordinar la represi¨®n. Seg¨²n el informe, la polic¨ªa abri¨® fuego de forma sistem¨¢tica contra la poblaci¨®n y ha puesto en marcha una ola represiva que han incluido torturas y agresiones sexuales en las c¨¢rceles que deben ser juzgados como "cr¨ªmenes de lesa humanidad".
¡°El ejercicio de violencia por parte del Estado no consisti¨® en actos aislados, sino que fue llevado a cabo de manera organizada y en distintos momentos y lugares del pa¨ªs (¡) no se trat¨® de eventos que se expliquen por la decisi¨®n individual de uno o m¨¢s agentes policiales (¡) sino que se trat¨® de una pol¨ªtica de represi¨®n impulsada y avalada por la m¨¢xima autoridad del Estado¡±, se?ala el informe.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) pudo determinar que la mayor¨ªa de los asesinatos y lesiones graves son responsabilidad de la Polic¨ªa Nacional, cuyos efectivos actuaron directamente y tambi¨¦n de manera coordinada con grupos armados paraestatales.
Para el GIEI ¡°se desprende que el Estado de Nicaragua ha llevado a cabo conductas que de acuerdo con el derecho internacional deben considerarse cr¨ªmenes de lesa humanidad, particularmente asesinatos, privaci¨®n arbitraria de la libertad y el crimen de persecuci¨®n¡±.
La publicaci¨®n del informe, cuya presentaci¨®n estaba prevista para el pasado jueves en Managua, se realiz¨® finalmente este viernes en Washington. Para realizar su informe el GIEI trabaj¨® durante seis meses en Nicaragua. Entrevistaron a las v¨ªctimas de la represi¨®n, las familias afectadas y testigos de los hechos violentos. Explicaron que tambi¨¦n conversaron con activistas de organizaciones de derechos humanos y revisaron miles de documentos, adem¨¢s de mantener consultas con expertos internacionales.
Los expertos, entre quienes est¨¢n Claudia Paz y Paz o Am¨¦rigo Incalcaterra, se?alan que el surgimiento de las protestas en abril no fue producto de acontecimientos aislados sino de a?os de pr¨¢cticas que fueron coartando libertades, cooptando instituciones p¨²blicas y concentrando el poder en Daniel Ortega y Rosario Murillo su esposa y vicepresidenta. ¡°Ello fue generando y acumulando un descontento social que se manifest¨® a trav¨¦s de los a?os en diferentes expresiones sociales que fueron reprimidas en forma violenta por la Polic¨ªa Nacional y los grupos de choque¡±, se?ala
En el informe describe incluso la ¡°metodolog¨ªa de la agresi¨®n¡± aplicada por los grupos violentos afines al gobierno contra los manifestantes y la colaboraci¨®n policial. ¡°La Polic¨ªa Nacional interviene controlando la zona, haciendo cordones, desviando el tr¨¢nsito, usando gases lacrim¨®genos, sin encabezar directamente la agresi¨®n, pero dejando que sucedan¡±. Los expertos se?alan que cuando fracas¨® ¡°el m¨¦todo tradicional de represi¨®n¡± y aumentaron las manifestaciones, el Estado comenz¨® una etapa m¨¢s represiva y violenta caracterizada por el uso desproporcionado e indiscriminado de armas de fuego ¡°que se dirigieron directamente contra los manifestantes¡±.
La ola violenta dej¨® al menos 109 muertos, m¨¢s de 1.400 heridos y 690 detenidos, entre el 18 de abril y el 30 de mayo. La gran mayor¨ªa de las muertes que se dieron en esos 42 d¨ªas fueron por disparo de arma de fuego durante cargas policiales y de grupos paraestatales.
La estrategia represora no se limit¨® a la polic¨ªa e incluy¨® torturas y agresiones sexuales en las c¨¢rceles, manipulaci¨®n judicial y hasta despidos en centros de salud que atendieron a los j¨®venes heridos. ¡°El sistema de justicia penal -Ministerio P¨²blico y Poder Judicial- ha actuado como una pieza m¨¢s del esquema de violaci¨®n. De las 109 muertes violentas, 100 no han sido siquiera judicializadas, es decir, se encuentran en impunidad. En los nueve casos que han sido judicializados, seis corresponden a v¨ªctimas que tienen alguna relaci¨®n con el Estado de Nicaragua o con el partido de gobierno. Sobre los centros m¨¦dicos, el informe se?ala que numerosos m¨¦dicos que atendieron a los heridos fueron despedidos de sus puestos de trabajo y ¡°hasta incluso tuvieron que irse del pa¨ªs por temor a sufrir represalias¡±.
La embestida callejera estuvo acompa?ada de una campa?a de criminalizaci¨®n de las v¨ªctimas y el gobierno sostuvo un encendido discurso de construcci¨®n de un enemigo y de descalificaci¨®n de los manifestantes que fueron presentados como j¨®venes manipulados, vand¨¢licos, golpistas, terroristas¡±, se?ala el informe.
Para el GIEI, las conductas de Daniel Ortega, Rosario Murillo y algunos ministros y jefes policiales deben considerarse cr¨ªmenes de lesa humanidad y ninguno de los se?alados deber¨ªa alcanzar nunca una amnist¨ªa.?El GIEI recomienda que se investigue la responsabilidad en los hechos del Presidente Daniel Ortega como Jefe Supremo de la Polic¨ªa, as¨ª como la exdirectora policial, Aminta Granera y el actual director, el comisionado general Francisco D¨ªaz, quien adem¨¢s ha sido sancionado por Estados Unidos por su participaci¨®n en la represi¨®n de las manifestaciones. Los expertos de la OEA instan al Gobierno a ratificar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, "con la finalidad de garantizar que los delitos de lesa humanidad no queden en la impunidad y como garant¨ªa de no repetici¨®n".
Por su parte, el Gobierno sandinista argument¨® que la CIDH, el GIEI y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) son una "plataforma de divulgaci¨®n de informaci¨®n falsa para promover en el ¨¢mbito internacional sanciones en contra de nuestro pa¨ªs", se?al¨® el canciller Denis Moncada. En la misma tambi¨¦n acus¨® al Secretario General de la OEA Luis Almagro de participar "en la escalada criminal, injerencista, promoviendo acciones terroristas en el orden pol¨ªtico, econ¨®mico y militar que viola los derechos humanos del pueblo nicarag¨¹ense". Las intervenciones de Almagro "demuestran que las acciones realizadas por los organismos de la OEA y la ONU responden a la estrategia de asfixiar al pueblo de Nicaragua", denunci¨® Moncada.
Trump firma las sanciones contra Daniel Ortega
El presidente de EE.UU., Donald Trump, firm¨® la tarde del jueves el proyecto de ley conocido como "Nica Act", que establece el bloqueo a Nicaragua de pr¨¦stamos de las instituciones financieras internacionales, adem¨¢s de imponer sanciones individuales a funcionarios del Gobierno que seg¨²n Washington hayan participado en la represi¨®n contra las manifestaciones que exigen desde abril el fin del r¨¦gimen. El texto legal establece que los pr¨¦stamos de entidades como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estar¨¢n condicionadas a que el Gobierno sandinista muestre inter¨¦s en organizar elecciones libres y transparentes. Ortega controla el Tribunal Electoral y desde 2007 ha usado ese control para garantizarse dos reelecciones continuas. Ortega ha reconocido que la nueva ley ¨Caprobada por consenso por dem¨®cratas y republicanos¨C afectar¨¢ la ya de por s¨ª fr¨¢gil econom¨ªa nicarag¨¹ense.
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