Guatemala cumple una semana de paro y bloqueos para exigir la renuncia de la fiscal general

Guatemala cumple este lunes una semana consecutiva de paro, protestas y bloqueos en sus principales carreteras como medidas de presi¨®n para exigir la renuncia de Consuelo Porras Argueta, la fiscal general que seg¨²n el presidente electo, Bernardo Ar¨¦valo de Le¨®n, encabeza una arremetida golpista para impedir su toma de posesi¨®n, fijada para enero. La respuesta de la sociedad civil comenz¨® el lunes 2 de octubre c...

Guatemala cumple este lunes una semana consecutiva de paro, protestas y bloqueos en sus principales carreteras como medidas de presi¨®n para exigir la renuncia de Consuelo Porras Argueta, la fiscal general que seg¨²n el presidente electo, Bernardo Ar¨¦valo de Le¨®n, encabeza una arremetida golpista para impedir su toma de posesi¨®n, fijada para enero. La respuesta de la sociedad civil comenz¨® el lunes 2 de octubre con plantones de los pueblos ind¨ªgenas en sus territorios y en la sede del Ministerio P¨²blico (MP), en Ciudad de Guatemala. Con el paso de los d¨ªas se activaron grupos de estudiantes universitarios, profesionales, organizaciones sociales, comerciantes y comit¨¦s de vecinos en todo el pa¨ªs en defensa de la democracia y para exigir el respeto de la voluntad popular expresada en las urnas. El viernes por la noche, los piquetes se hab¨ªan multiplicado y el pa¨ªs estaba paralizado. Porras descarta presentar su renuncia y el Ministerio P¨²blico asegura que ¡°se contin¨²a trabajando sin inconveniente¡±.

Los ciudadanos se han movilizado en ¡°defensa de la democracia¡± para manifestar su rechazo contra los intentos de dejar sin efecto la victoria electoral del binomio presidencial del Movimiento Semilla. El partido progresista afronta riesgos de cancelaci¨®n, que raya en lo inconstitucional, seg¨²n varios juristas. Tanto Ar¨¦valo como los dirigentes de la organizaci¨®n temen que la Fiscal¨ªa redoble su persecuci¨®n.

La indignaci¨®n ciudadana escal¨® hace una semana tras el secuestro de las actas de las elecciones, celebradas en agosto, en un registro que dur¨® unas 20 horas y que termin¨® en un forcejeo entre fiscales y magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Estos se opusieron al secuestro de las papeletas con los resultados ya que, por ley, les corresponde el resguardo de los documentos originales.

El fiscal Rafael Curruchiche, que dirige casos contra periodistas y exoperadores de Justicia exiliados, justific¨® el secuestro de materiales electorales para avanzar en una nueva investigaci¨®n. Ar¨¦valo calific¨® la operaci¨®n como una escalada de ¡°violencia jur¨ªdica¡± que busca ¡°la anulaci¨®n del resultado electoral y la destrucci¨®n del r¨¦gimen democr¨¢tico¡±.

Tanto Ar¨¦valo como las autoridades ind¨ªgenas han invocado la aplicaci¨®n de la Carta Democr¨¢tica Interamericana ante una alteraci¨®n del orden constitucional, para que el Consejo Permanente de la Organizaci¨®n de Estados Americanos (OEA) analice la situaci¨®n y adopte decisiones necesarias para promover la normalizaci¨®n de la institucionalidad. De momento, el secretario General de la OEA, Luis Almagro, acept¨® el llamado del presidente Alejandro Giammattei para mediar un di¨¢logo entre los sectores sociales que lideran las protestas y el Gobierno.

Llamada de atenci¨®n del Constitucional

En plena oleada de protestas, la noche del viernes la Corte de Constitucionalidad admiti¨® la denuncia de un grupo de diez ciudadanos que alertaron sobre la amenaza de una quiebra de la democracia para impedir la toma de posesi¨®n de Bernardo Ar¨¦valo el pr¨®ximo 14 de enero. En la denuncia figura la suspensi¨®n del Movimiento Semilla a manos de un juez penal y el boicot de las elecciones. Estos hechos amenazan con la ruptura democr¨¢tica, explic¨® el abogado Edgar Ortiz.

El jurista, que forma parte de ese grupo de ciudadanos, destac¨® la importancia de que la Corte de Constitucionalidad ¡°por primera vez reconozca una amenaza democr¨¢tica; es cierto, no es el punto final de la crisis, pero ya se marcan pautas a los ¨®rganos involucrados¡± para mantener la institucionalidad, explic¨® a ELPA?S. ¡°Al leer entre l¨ªneas, con su resoluci¨®n la Corte le dice al Ministerio P¨²blico que se apegue a la ley, al Poder Judicial que se ajuste a la proporcionalidad de las actuaciones. Es decir, est¨¢ diciendo que hay actuaciones fuera de los marcos razonables¡±, contin¨²a Ortiz.

¡°La corte manda un mensaje pol¨ªtico y pone pautas. Este es un juego m¨¢s largo pero los lineamientos del amparo servir¨¢n m¨¢s adelante para evaluar si se cumplieron o no¡±, concluye el abogado. En su resoluci¨®n, la Corte privilegia la defensa del orden democr¨¢tico y la alternabilidad del poder, que garantiza la renovaci¨®n de los gobernantes, diputados y alcaldes en las fechas previstas por la Constituci¨®n.

Sin embargo, para otros juristas la resoluci¨®n de la Corte es ambigua, ya que no asegura la toma de posesi¨®n de Ar¨¦valo. ¡°La manifestaci¨®n y resistencia siguen siendo leg¨ªtimas y necesarias para que esos funcionarios salgan¡±, opina el abogado Oswaldo Samayoa, quien manifiesta su inquietud de que el di¨¢logo promovido por el secretario general de la OEA no caiga en ¡°un juego perverso de manipulaci¨®n¡±.

El viernes, por su parte, Ar¨¦valo agradeci¨® a los movimientos ciudadanos el rechazo de ¡°los intentos de un Ministerio P¨²blico corrupto por violar la voluntad popular¡±.

La ruptura del plan

Con una propuesta de rechazo frontal a la corrupci¨®n y de reconducci¨®n de un pa¨ªs al borde del autoritarismo, Ar¨¦valo gan¨® la elecci¨®n presidencial con el apoyo de 2,4 millones de ciudadanos, el 58% de los votos v¨¢lidos emitidos el 20 de agosto. Los candidatos del Movimiento Semilla compitieron en un contexto de judicializaci¨®n y bloqueo de candidaturas que pretend¨ªa favorecer al partido del presidente Alejandro Giammattei y sus aliados.

¡°Con nuestro voto les arruinamos el plan y por eso quieren robarse las elecciones¡±, expres¨® Rolando Canto, uno de los centenares de manifestantes que llegaron al la noche del viernes a la sede del Ministerio P¨²blico. En las calles, se mantiene la demanda por la renuncia de la fiscal Consuelo Porras, integrantes de su equipo, como Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana, que ya no goza de la confianza ciudadana. Las movilizaciones son el ¨²nico recurso de la poblaci¨®n que no encuentra respuestas ni defensa en el sistema de justicia, se?al¨® Luis Pacheco, presidente de los 48 Cantones de Totonicap¨¢n, una de las organizaciones ind¨ªgenas que lideran la protesta. ¡°Ya presentamos memoriales para pedir la renuncia de los funcionarios que no respetan la voluntad popular, otros abogados presentan amparos pero no hay soluci¨®n real a la crisis¡±, dijo al final del quinto d¨ªa de protesta frente al Ministerio P¨²blico.

Los pueblos ind¨ªgenas tambi¨¦n le han pedido al presidente Alejandro Giammattei que destituya a la Fiscal General Consuelo Porras. ¡°Cada d¨ªa se ha sumado m¨¢s gente y nos damos cuenta de que la preocupaci¨®n es com¨²n; estoy satisfecho, feliz y tambi¨¦n cansado¡±, se?ala Pacheco a ELPA?S. El arrojo y capacidad de organizaci¨®n de los pueblos originarios ha inspirado a la ciudadan¨ªa, que expresa reconocimiento en redes sociales y replica sus acciones, pero comienza a ser un peso dif¨ªcil de manejar. ¡°Pedimos medidas cautelares ante la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos para resguardarnos porque puede haber criminalizaci¨®n hacia los l¨ªderes ind¨ªgenas, pero las acciones son una responsabilidad colectiva¡±, explica el l¨ªder comunitario.

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