La corrupci¨®n del sistema judicial de Guatemala salpica al Gobierno de Colombia

El nuevo caso que la Fiscal¨ªa de Guatemala abri¨® este lunes contra el ministro de Defensa colombiano, Iv¨¢n Vel¨¢squez, tiene casi nulas posibilidades de prosperar, pero el anuncio dice m¨¢s sobre la profunda crisis de corrupci¨®n dentro del sistema judicial guatemalteco que sobre el acusado. Adem¨¢s, con esta movida, la Fiscal¨ªa del pa¨ªs centroamericano escala a¨²n m¨¢s esta crisis que arranc¨® con una dimensi¨®n nacional pero que cada vez m¨¢s se salpica al plano internacional.

El caso penal contra Vel¨¢squez es dif¨ªcil para la Fiscal¨ªa de Guatemala por varias razones. Primero, porque como antiguo jefe de la Comisi¨®n Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un organismo que era apoyado por la ONU, Vel¨¢squez ten¨ªa inmunidad para trabajar con libertad, al igual que los que investigaban con ¨¦l. Segundo, porque el ahora ministro de Defensa colombiano cuenta con el apoyo incondicional del presidente Gustavo Petro. ¡°Jam¨¢s aceptar¨¦ la orden de captura de nuestro ministro Vel¨¢squez¡±, dijo el presidente. Tercero, y m¨¢s importante, porque el caso legal no tiene pruebas contundentes en su contra.

En su exposici¨®n ante los medios, el fiscal guatemalteco Rafael Curruchiche dice que Vel¨¢squez ten¨ªa ¡°pleno conocimiento de las oscuras o corruptas negociaciones que se estaban realizando con la empresa Odebrecht¡±. Para eso muestra una serie de correos que no demuestran ninguna actitud delictiva. Lo que demuestran es que Vel¨¢squez estaba siendo informado, y dando su visto bueno, para que se llevaran a cabo acuerdos de cooperaci¨®n de la justicia con exdirectivos de la constructora Odebrecht. Esos acuerdos han sido usuales y legales en varios pa¨ªses: se busca informaci¨®n sobre quienes han pagado sobornos en el pa¨ªs a cambio de cierto tratamiento legal privilegiado. Y en el caso de Guatemala, adem¨¢s, estos acuerdos fueron avalados por la Corte Suprema de Justicia.

¡°Que lo acusen de obstruir la justicia es un caso que no tiene pies ni cabeza¡±, dice a EL PA?S Juan Pappier, subdirector en funciones de la divisi¨®n para las Am¨¦ricas de Human Rights Watch. Pappier explica que el Ministerio P¨²blico de Guatemala cancel¨® este acuerdo de cooperaci¨®n, el a?o pasado, ¡°con argumento jur¨ªdicos absurdos, y ahora persiguen a quienes investigaron y liberan a los investigados¡±. Entre los investigados liberados est¨¢n el exministro de comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, y el excandidato presidencial Manuel Baldiz¨®n, los dos acusados de recibir sobornos de Odebrecht por millones de d¨®lares a cambio de otorgar proyectos a la constructora.

Pappier insiste en que m¨¢s all¨¢ del caso Iv¨¢n Vel¨¢squez, con pocas posibilidades de prosperar, el anuncio de la Fiscal¨ªa este lunes es preocupante para ¡°los guatemaltecos que est¨¢n sujetos a persecuci¨®n por un sistema judicial cooptado por intereses corruptos¡±. El fiscal Curruchiche tambi¨¦n anunci¨® una orden de captura, ya aprobada por una juez, contra los siguientes cuatro ciudadanos: Thelma Aldana, exfiscal general; Mayra V¨¦liz, exsecretaria del Ministerio P¨²blico; David Gait¨¢n, exfuncionario de la CICIG; y Juan Pablo Carraso, presidente de C¨¢mara de Comercio Americana en Guatemala y c¨®nsul honorario en Bulgaria. Varios de ellos viven hoy fuera de Guatemala. Aldana, una de las juristas m¨¢s reconocidas contra la corrupci¨®n, vive en el exilio desde 2019.

David Gait¨¢n, por su lado, trabaja ahora con la reconocida ONG Transparencia Internacional, una instituci¨®n que defiende el estado de derecho y que ya se pronunci¨® contra el Ministerio P¨²blico de Guatemala. ¡°Transparencia Internacional exige que Guatemala retire los cargos inmediatamente contra estos defensores anticorrupci¨®n¡±, dice un comunicado. ¡°Especialmente porque el Gobierno firm¨® un acuerdo internacional y legal que le prove¨ªa inmunidad a todos los miembros de la CICIG, los cargos contra David Gait¨¢n deben ser retirados. Le pedimos a la ONU que le exiga al gobierno sus compromisos para proteger a aquellos luchando contra la corrupci¨®n en la CICIG¡±.

La ONU no se ha pronunciado a¨²n, pero s¨ª lo hizo Brian Nichols, el subsecretario de Estado de EE UU para el Hemisferio Occidental. ¡°Preocupado por las ¨®rdenes de captura del Ministerio P¨²blico de Guatemala contra personas que trabajaron para garantizar la rendici¨®n de cuentas por corrupci¨®n en el caso Odebrecht en Guatemala. Tales acciones debilitan el estado de derecho y la confianza en el sistema judicial de Guatemala¡±, escribi¨® en su cuenta de Twitter

Y es que el sistema de corrupci¨®n en la justicia guatemalteca, que ahora gener¨® una crisis diplom¨¢tica con Colombia, lleva un tiempo en la mira de Estados Unidos. En 2022 el fiscal del caso, Rafael Curruchiche, fue incluido en una lista del Gobierno norteamericano que se?ala a las personas que han ¡°amenazado las instituciones o procesos democr¨¢ticos, han estado comprometidos con actos significativos de corrupci¨®n o han obstruido investigaciones de esos actos de corrupci¨®n en Guatemala, Honduras y El Salvador¡±. Su jefe, la fiscal general Consuelo Porras, tambi¨¦n est¨¢ en esa lista.

Curruchinche tambi¨¦n encabez¨® el a?o pasado el proceso penal contra Jos¨¦ Rub¨¦n Zamora, reconocido periodista y fundador de elPeri¨®dico, un caso sin fundamentos que fue condenado internacional. La jueza que aprob¨® las ¨®rdenes de captura el lunes, Carol Patricia Flores, tambi¨¦n fue se?alada en 2018 de corrupci¨®n: la CICIG pidi¨® entonces quitarle la inmunidad para investigarle por lavado de dinero y enriquecimiento il¨ªcito.

?Qui¨¦n puede estar detr¨¢s de estas nuevas ¨®rdenes de investigaci¨®n y captura contra Vel¨¢squez y los cuatro guatemaltecos? La corrupci¨®n del sistema judicial no tiene una ¨²nica cabeza, concuerdan tres expertos en Guatemala que consult¨® EL PA?S, y los enemigos que tienen los fiscales anticorrupci¨®n son infinitos. Lo que est¨¢ detr¨¢s es lo que se llama el ¡°pacto de corruptos¡±: un acuerdo entre empresarios, pol¨ªticos y militares para frenar o reversar las investigaciones en su contra, y vengarse de quienes las impulsaron en la d¨¦cada pasada. Este pacto tiene a m¨¢s de 35 fiscales y jueces anticorrupci¨®n en el exilio, la mayor¨ªa porque el Ministerio P¨²blico ha abierto investigaciones espurias contra ellos.

¡°Est¨¢ tomado casi todo el sistema de justicia por el pacto, pero no es f¨¢cil saber qui¨¦n es la mente brillante que maneja casos como estos, porque una mente brillante obviamente quiere quedarse en la sombra¡±, dice a El PA?S Alejandra Guti¨¦rrez, periodista y directora del medio Agencia Ocote. El pa¨ªs centroamericano viv¨ªa en 2015 lo que se llamaba la ¡°primavera guatemalteca¡±: la CICIG acus¨® de corrupci¨®n al entonces presidente Otto P¨¦rez Molina, y su vicepresidenta Roxana Baldetti, y una serie de protestas lograron sacar a Molina del cargo. La CICIG tambi¨¦n acus¨® a varios empresarios, ministros, diputados, hasta la familia del expresidente Jimmy Morales en 2018¡ªparec¨ªa que Guatemala iba camino a derrotar la corrupci¨®n de la mano de valientes jueces y fiscales sin temor a investigar al poder.

Pero lo que pas¨® fue completamente lo contrario. Morales expuls¨® a Vel¨¢squez de Guatemala en 2018 y exigi¨® el cese de funciones de la CICIG en 2019. ¡°Empez¨® entonces un ejercicio de venganza, o de procurar que se mantenga el statu quo, y ese statu quo es el de la impunidad¡±, dice Guti¨¦rrez. En 2018 lleg¨® Consuelo Porras al Ministerio P¨²blico y desde entonces han aumentado las investigaciones espurias contra los jueces y fiscales anticorrupci¨®n¡ªsu cuatrenio fue renovado en 2022 por el actual presidente, Alejandro Giammattei, que ha ignorado las acusaciones de Estados Unidos contra Porras.

La Agencia Ocote recientemente public¨® una investigaci¨®n en la que demuestran que ¡°dos docenas de procesos contra funcionarios que investigaron y juzgaron casos de corrupci¨®n¡± fueron interpuestos por una organizaci¨®n de derechas en defensa de los militares: la Fundaci¨®n Contra el Terrorismo (FCT). Las denuncias, explica la investigaci¨®n, no sol¨ªan prosperar en los primeros a?os desde que se fund¨® la FCT, en 2013, pero ¡°la suerte de sus solicitudes cambi¨® durante la gesti¨®n de Consuelo Porras como fiscal general, y luego de la salida de la CICIG, y la nueva conformaci¨®n de la Corte de Constitucionalidad¡±.

Sin embargo, no es posible saber actualmente si en este caso tambi¨¦n es la FCT la que est¨¢ detr¨¢s de las cuatro ¨®rdenes de captura y la investigaci¨®n de Iv¨¢n Vel¨¢squez. ¡°No es posible porque Iv¨¢n Vel¨¢squez y ellos tocaron tantos intereses, pol¨ªticos, empresariales, que podr¨ªa ser cualquiera¡±, dice un investigador de estos casos espurios que prefiere no revelar su nombre. Ante este panorama, los nuevos casos legales dif¨ªcilmente tendr¨¢n un camino justo, pero la crisis del sistema de justicia guatemalteco cada vez se vuelve m¨¢s hondo, tanto dentro como fuera del pa¨ªs.

Suscr¨ªbase aqu¨ª a la newsletter de EL PA?S sobre Colombia y reciba todas las claves informativas de la actualidad del pa¨ªs.