La vivienda social, la oportunidad de casa asequible que Espa?a ha diluido en el mercado inmobiliario
Solo el 2,5% de los pisos del territorio nacional pertenecen a una Administraci¨®n, pese a que los expertos coinciden en que el modelo p¨²blico contiene los precios. En Madrid hay cinco aspirantes por cada piso protegido municipal
En los cien pisos que tiene LaScala, un edificio de vivienda social en el distrito de Puente de Vallecas (Madrid), viven personas con pasados distintos y un presente com¨²n. Todos fueron beneficiarios, en 2021, de uno de los sorteos de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) en los que se rifan apartamentos de alquiler asequible. Las casi 100 familias que viven ah¨ª fueron elegidas al azar entre m¨¢s de 40.000 candidatos apuntados en una lista. Los n¨²meros no jugaban a su favor: la EMVS tiene apenas 9.000 pisos, lo que significa que solo hay vivienda social para uno de cada cinco aspirantes en la capital. En todo el pa¨ªs la situaci¨®n es parecida. Las 290.000 viviendas p¨²blicas existentes representan el 2,5% del total, seg¨²n el Observatorio de Vivienda y Suelo, mientras que la media europea es del 9,3%.
Espa?a necesita m¨¢s oferta de vivienda p¨²blica social. Es lo que asegura Eva ?lvarez de Andr¨¦s, directora del departamento de Urban¨ªstica y Ordenaci¨®n del territorio de la Universidad Polit¨¦cnica de Madrid: ¡°La cr¨ªtica no es solo que no funcione, sino que adem¨¢s la oferta de vivienda p¨²blica social es insuficiente¡±. Eso, sumado al azar del sorteo, puede prolongar la espera para acceder a las casas. Hay a quienes se les adjudica una vivienda a los pocos meses de inscribirse, pero la mayor¨ªa espera a?os.
Pedro ¡ª quien prefiri¨® no dar su verdadero nombre para evitar problemas con la comunidad de vecinos¡ª se inscribi¨® en el sorteo en 2013 y en 2021 se convirti¨® en adjudicatario. ¡°Cuando llamaron a mi esposa para notific¨¢rselo, pens¨¦ que era una broma porque llevaba muchos a?os esperando¡±, asegura. Lo mismo le sucedi¨® a F¨¢tima Benyahya Amrani que, junto a sus tres hijos, esper¨® ocho a?os. Lorena Cano, al contrario, tuvo suerte. Ella vive con su pareja y sus dos hijas en la planta ocho de LaScala, en un piso de 60 metros cuadrados y tres habitaciones. Un apartamento de esas caracter¨ªsticas en Puente de Vallecas, seg¨²n datos de la p¨¢gina especializada en vivienda Idealista, ronda los 950 euros al mes. Cano paga 610. ¡°Tuvimos much¨ªsima suerte¡±, dice, y compara: ¡°Mi hermano est¨¢ inscrito desde que tiene 23 y hoy, con 28, sigue esperando¡±.
Todos los vecinos de LaScala viven bajo r¨¦gimen de alquiler asequible tasado: ninguno puede pagar m¨¢s del 30% de sus ingresos mensuales y solo pueden acceder a ¨¦l quienes tienen una renta igual o inferior a 29.400 euros por unidad familiar, que equivale a 3,5 veces el IPREM ¡ªel ¨ªndice que se usa en Espa?a para la asignaci¨®n de ayudas y subsidios¡ª.
Un parque p¨²blico no consolidado
Nuria Lambea, subdirectora de la c¨¢tedra de la UNESCO de Vivienda, se?ala que el d¨¦ficit de vivienda social en Espa?a responde a varios factores. El principal es que, a diferencia de otros pa¨ªses de Europa, no ha logrado consolidar un parque p¨²blico, porque las edificaciones levantadas el siglo pasado han terminado en el mercado privado. Hist¨®ricamente, la vivienda social se construy¨® para la venta a precio controlado y bajo un r¨¦gimen de protecci¨®n, con un periodo de caducidad que, una vez concluido, permiti¨® a los adjudicatarios venderlas en el libre mercado.
Lambea explica que eso ¡°ha generado una despatrimonializaci¨®n del Estado y que no se haya podido consolidar un parque de vivienda social de alquiler¡±. Agrega que deber¨ªa primar el r¨¦gimen de arrendamiento, pues as¨ª el edificio mantiene, durante toda su vida ¨²til, un uso social y la propiedad p¨²blica. ¡°Hay que poner un foco en pol¨ªticas estructurales a largo plazo, que pasen por incentivar la construcci¨®n y aumenten el parque¡±, propone.
La tarea, en todo caso, es tit¨¢nica. El Banco de Espa?a se?ala que, si el Estado quisiera ponerse a la par que otros pa¨ªses europeos en los pr¨®ximos 10 a?os, tendr¨ªa que construir un 150% m¨¢s de vivienda social de la que edifica en este momento.
El Observatorio de Vivienda Asequible explica que, si todos los domicilios protegidos que en su momento se vendieron en el mercado privado hubieran sido destinados al alquiler social y asequible, Espa?a tendr¨ªa uno de los porcentajes m¨¢s grandes de Europa. Representar¨ªan un 40% del total, seg¨²n datos de la Fundaci¨®n Alternativas, que analiza las condiciones de vida y las pol¨ªticas nacionales. Es decir, 10.600.000 viviendas, seg¨²n datos del Instituto Nacional de Estad¨ªstica.
Lambea asegura que la construcci¨®n ¡°cay¨® en picado¡± como consecuencia de la crisis inmobiliaria de 2008, porque se dej¨® de financiar. Gerardo Fern¨¢ndez, director de PAU Urbanismo, una consultora especializada en planeamiento y gesti¨®n urban¨ªstica, asegura que el discurso pol¨ªtico que apuesta por la vivienda como una quinta pata del Estado de bienestar no se traduce en presupuesto. Entre 2013 y 2019, el monto que destin¨® el Estado para la vivienda fue, de promedio, menos de la mitad que el asignado a salud y educaci¨®n.
En Madrid, entre 2014 y 2024, el presupuesto anual del Ayuntamiento para este tipo de proyectos ha rondado los 158 millones de euros de promedio. ?lvaro Gonz¨¢lez, gerente de la EMVS, asegura que desde 2019, el patrimonio de vivienda social asequible se ha incrementado un 36%. Actualmente, cuentan con 8.523 viviendas y aseguran estar trabajando en la construcci¨®n de otras 6.400, que esperan tener listas en 2027. Adem¨¢s, a fines de julio, el Gobierno central anunci¨® que invertir¨¢ 6.000 millones de euros a trav¨¦s del Instituto de Cr¨¦dito Oficial para la construcci¨®n de m¨¢s de 40.000 pisos de alquiler asequible, que se deber¨¢n mantener bajo este r¨¦gimen durante un m¨ªnimo de 50 a?os.
Aunque el principal problema es que no hay suficiente vivienda social, existe un desorden generalizado que se refleja en la gesti¨®n ineficaz por la falta de homologaci¨®n de t¨¦rminos para referirse a la vivienda social y su dependencia de m¨²ltiples actores p¨²blicos. Lambea afirma que existen muchos enunciados que confunden, ¡°vivienda de protecci¨®n p¨²blica, asequible, concertada y m¨¢s¡±. Asimismo, en su gesti¨®n intervienen el Gobierno central, las comunidades, los ayuntamientos y hasta la iniciativa privada, cada uno con sus propios programas. ¡°Es dif¨ªcil que se pongan de acuerdo¡±, agrega la experta.
La falta de gesti¨®n termina afectando tambi¨¦n a los inquilinos, una vez que les han entregado el piso. Pedro recuerda que su vivienda se inund¨® a los pocos meses de haberse mudado. ?l y su familia se vieron obligados a salir de su casa por unos d¨ªas, porque el agua llegaba a los tobillos y el olor era insoportable. Comunicarse con la EMVS fue un suplicio, ya que los arreglos solo se pueden solicitar por correo, seg¨²n explica. Al fin, se demoraron ocho meses en solucionarlo por completo. Algunos vecinos aseguran que el abandono de este organismo es general. La puerta del garaje estuvo cuatro meses sin funcionar y a una vecina le robaron las cuatro ruedas de su coche. Al caminar por las zonas comunes del edificio se ven rejas defectuosas, cristales rotos y puertas sin pomos. Sin embargo, desde la EMVS aseguran que el tiempo de respuesta para realizar reparaciones urgentes es de 24 horas y para otras m¨¢s grandes, de 10 d¨ªas.
Las casi cien familias que viven hoy en LaScala firmaron un contrato por siete a?os, que despu¨¦s se renueva anualmente y, a menos de que su situaci¨®n econ¨®mica mejore o incumplan las normas de convivencia vecinal, nadie puede pedirles que abandonen el piso. Ni la EMVS, ni un casero, ni nadie. Esa garant¨ªa, aseguran, ha hecho que los vecinos de LaScala vean estas casas en alquiler como sus hogares. Se consideran afortunados y est¨¢n contentos de estar all¨ª, sabiendo que ¨²nicamente en Madrid son m¨¢s de 40.000 las familias a la espera de una vivienda igual.