M¨¦xico emprende una cruzada contra el ¡®outsourcing¡¯

Como empleada del Gobierno de M¨¦xico, Ana ¡ªquien ha dado su testimonio a condici¨®n de mantener el anonimato¡ª ten¨ªa responsabilidades serias: su trabajo consist¨ªa en documentar el proceso de b¨²squeda de las personas desaparecidas y deb¨ªa manejar informaci¨®n delicada, una tarea para la cual se especializ¨® y capacit¨® m¨¢s all¨¢ de tener dos licenciaturas y una maestr¨ªa. Sin embargo, sobre el papel, su empleador no era el Gobierno federal, sino una empresa de subcontrataci¨®n que cambiaba de nomb...

Como empleada del Gobierno de M¨¦xico, Ana ¡ªquien ha dado su testimonio a condici¨®n de mantener el anonimato¡ª ten¨ªa responsabilidades serias: su trabajo consist¨ªa en documentar el proceso de b¨²squeda de las personas desaparecidas y deb¨ªa manejar informaci¨®n delicada, una tarea para la cual se especializ¨® y capacit¨® m¨¢s all¨¢ de tener dos licenciaturas y una maestr¨ªa. Sin embargo, sobre el papel, su empleador no era el Gobierno federal, sino una empresa de subcontrataci¨®n que cambiaba de nombre con regularidad. Ganaba 24.000 pesos al mes (poco menos de 1.200 d¨®lares) y, con cada cambio de nombre de su empleador, cambiaban tambi¨¦n sus prestaciones sociales y garant¨ªas laborales.

¡°Un d¨ªa nos quitaron la computadora, como si nos estuvieran corriendo pero sin decirnos nada, y al otro d¨ªa ya nos dicen que est¨¢bamos en plan de outsourcing¡±, recuerda la exfuncionaria, que prefiere no revelar su nombre real por miedo a represalias. De acuerdo con expertos, M¨¦xico es el ¨²nico pa¨ªs de habla hispana que utiliza los t¨¦rminos outsourcing y subcontrataci¨®n de manera intercambiable, para referirse por igual a la prestaci¨®n de un servicio, un empleo temporal o un trabajo de agencia. Ana trabaj¨® para la Comisi¨®n Ejecutiva de Atenci¨®n a V¨ªctimas (CEAV) desde 2015 hasta inicios de este a?o, cuando la dependencia cambi¨® de direcci¨®n. ¡°Lleg¨® la nueva comisionada, lleg¨® la gente de la nueva comisionada y despidi¨® a toda mi ¨¢rea, incluida yo: de 14 a 15 personas. No nos dieron nada, simplemente nos sacaron y ya no nos dejaron entrar. Despu¨¦s nos hablaban los de la empresa de outsourcing con amenazas para que fu¨¦ramos a firmar la renuncia¡±, cuenta Ana.

¡°Y pues as¨ª termina, porque el final no tienes con qui¨¦n ir a discutir, a pelear tus derechos. Porque la empresa cada a?o cambia el nombre¡±, cuenta. Hasta hoy, Ana permanece desempleada.

Estas son las malas pr¨¢cticas a las que el presidente Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador quiere poner fin. A mediados de noviembre, el mandatario envi¨® al congreso una iniciativa que reformar¨ªa varias leyes y criminalizar¨ªa la subcontrataci¨®n en casi todas sus modalidades, tanto en el sector p¨²blico como el privado. Esto ha desatado una discusi¨®n inc¨®moda y pendiente desde hace mucho tiempo sobre la precariedad y los abusos en el mercado laboral mexicano, que limitan el potencial de la segunda econom¨ªa de Am¨¦rica Latina. Se espera que la iniciativa se apruebe en el Congreso en las pr¨®ximas semanas y antes del inicio del 2021.

El momento es, sin duda, arriesgado. La p¨¦rdida de empleos a nivel global por causa de la pandemia ha sido masiva y los Gobiernos en todo el mundo est¨¢n buscando la manera de preservar fuentes de trabajo a trav¨¦s de distintas f¨®rmulas de flexibilidad. M¨¦xico, por su parte, busca endurecer las reglas del mercado laboral de un modo tan radical que, seg¨²n empresarios y cr¨ªticos de la iniciativa, puede llegar a destruir fuentes de trabajo leg¨ªtimas en su intento por acabar con malas pr¨¢cticas.

La semana pasada, cuando fue consultado en una conferencia matutina acerca de cu¨¢ntos empleados subcontrataba su propio Gobierno, el presidente no ofreci¨® una cifra pero dijo que ordenar¨ªa que no se hiciera m¨¢s. La Secretar¨ªa del Trabajo y Previsi¨®n Social asegura que en el pa¨ªs hay poco m¨¢s de cuatro millones y medio de personas subcontratadas. Muchas de ellas son parte de la econom¨ªa informal, ya que no est¨¢n registradas en el instituto de seguridad social. Otras tantas figuran pero con un subregistro, ya que los empleadores reportan un salario mucho menor del que reciben realmente para evadir impuestos.

Pero estas no son las ¨²nicas pr¨¢cticas que tienen a L¨®pez Obrador tan enojado. Lo que m¨¢s le molesta al mandatario son las empresas que abusan de la figura legal de la subcontrataci¨®n para emitir facturas falsas por servicios no realizados, que se puedan utilizar para evadir impuestos o lavar dinero. Estas empresas son conocidas en M¨¦xico como ¡°factureros¡±. En agosto de 2019, el Congreso pas¨® una ley de extinci¨®n de dominio, tambi¨¦n pensada para ir en contra de estos factureros, para poder poner en prisi¨®n preventiva o para congelar las cuentas de aquellos sospechados de estar lavando dinero, simulando servicios o evadiendo impuesto a trav¨¦s de facturas falsas. Hasta la fecha no se ha encarcelado a ning¨²n facturero.

La nueva iniciativa de ley en contra de la subcontrataci¨®n tiene a abogados y analistas haciendo sonar las alarmas del da?o econ¨®mico que podr¨ªa causar al pa¨ªs si llega a ser aprobada. En el mejor de los casos, sostienen, la ley empujar¨¢ a los subcontratados a la informalidad; y, en el peor de los casos, al desempleo. Para algunos empresarios, la ley est¨¢ dise?ada para darle al Gobierno una arma m¨¢s para presionar al sector privado. Pero para muchos mexicanos que han visto sus derechos laborales y sus planes de retiro vulnerados, la iniciativa es necesaria.

Una propuesta radical

Los abusos de las figuras legales que permiten la subcontrataci¨®n no son un problema exclusivo de M¨¦xico, ni son un problema nuevo. En 1997, la Organizaci¨®n Internacional del Trabajo (OIT), conformada por trabajadores, gobiernos y empresas, cre¨® el convenio 181, espec¨ªficamente dise?ado para evitar los abusos de las agencias de trabajo y la protecci¨®n de los derechos laborales. En 2014, la Organizaci¨®n para la Cooperaci¨®n y el Desarrollo Econ¨®micos (OCDE) organiz¨® consultas en las que participaron m¨¢s de 80 pa¨ªses en desarrollo y las 20 econom¨ªas m¨¢s grandes del mundo para discutir c¨®mo evitar el abuso de los tratados y medidas fiscales.

Pero esta propuesta de criminalizar la pr¨¢ctica s¨ª que es exclusiva de M¨¦xico, dice Fiona Coombe, directora de Investigaci¨®n Legal y Regulatoria de la organizaci¨®n Staffing Industry Analysts. En Filipinas y en Brasil se han pasado leyes que se acercan a lo que propone M¨¦xico, aunque mucho m¨¢s flexibles, asegura Coombe. ¡°Brasil pas¨® por algo bastante similar hace un tiempo, pero no lleg¨® tan lejos como M¨¦xico¡±. El pa¨ªs sudamericano, cuenta la experta desde Reino Unido, amenazaba con impedir que los negocios pudiesen subcontratar servicios que se correspondan con sus actividades centrales. ¡°Parec¨ªa haber una amenaza para todo tipo de subcontrataci¨®n laboral, pero en los ¨²ltimos a?os el Gobierno de Brasil se ha relajado¡±.

Su colega en Argentina, el analista Mart¨ªn Padulla, agrega: ¡°Es como si para resolver los problemas de seguridad vial y los accidentes de tr¨¢nsito prohibi¨¦ramos andar en auto, en cualquier tipo de veh¨ªculo. Digo, no parece una medida racional. En todo caso, habr¨¢ que hacer acciones espec¨ªficas en donde est¨¢ el problema y el problema aqu¨ª es claro: el problema es que hay empresas que est¨¢n fuera de la ley, habr¨ªa que caerles con los mecanismos que existen hoy d¨ªa.¡±

Si M¨¦xico realmente quiere proteger los derechos de los trabajadores, se?ala Padulla, el Gobierno podr¨ªa empezar por ratificar el convenio 181 de la OIT: a pesar de ser miembro de la OIT y de haber firmado el protocolo en 1997, el pa¨ªs no lo ha ratificado ni actualizado, explica el analista.

La legislaci¨®n que ya existe

La propuesta de L¨®pez Obrador, tal como est¨¢ hoy, no incluye provisiones para atacar lo que el gobierno dice que quiere atacar, sostiene Alfredo Kupfer, abogado codirector de Pr¨¢ctica Laboral en la firma S¨¢nchez Devanny y miembro de la comisi¨®n de trabajo del Consejo Consultivo Empresarial, asociaci¨®n civil que aglomera a las empresas m¨¢s grandes de M¨¦xico.

¡°La propuesta no establece un ataque frontal a ciertos actos ilegales, simplemente da consecuencias de multas, de pagos de il¨ªcitos penales a qui¨¦nes incumplen¡±, dice Kupfer. ¡°Ya tenemos legislaci¨®n en materia laboral, de seguridad social y fiscal en donde se establecen las obligaciones de las empresas, como por ejemplo el pago del salario ¨ªntegro, el reportarlo debidamente, hacer los pagos que correspondan, y hay consecuencias¡±.

¡°Lo que no hemos visto de este Gobierno es una acci¨®n concertada entre los distintos ¨®rdenes de Gobierno para tratar de detener la pr¨¢ctica, porque ya tenemos la legislaci¨®n. Ahora hay que ir y encontrarlos y cuando los encontremos hay que procesarlos,¡± dice el abogado. ¡°Nosotros creemos que, ante esa incapacidad que el Gobierno ha encontrado en sus organismos y en sus instituciones, resulta m¨¢s sencillo destruir la figura¡±.

Kupfer cuenta que lleva ya dos semanas en llamadas ¡°interminables¡± con sus clientes para encontrar la manera de ¡°hacer m¨¢s con menos¡±, ya que las empresas no tienen la capacidad de incluir en sus n¨®minas a los trabajadores temporales que contrata a trav¨¦s de un tercero o una agencia. En M¨¦xico, el 57% de la econom¨ªa es informal y durante la pandemia m¨¢s de cuatro millones personas han perdido su fuente de ingresos, formal o informal. En algunas partes del pa¨ªs los salarios que se pagan son menores a los de China e incluso de algunos pa¨ªses centroamericanos. Padulla coincide con Kupfer en que la iniciativa empujar¨¢ a millones m¨¢s a la informalidad, sino al desempleo.

¡°No creemos que eso vaya a suceder¡±, dice la secretaria de Trabajo Mar¨ªa Luisa Alcalde: ¡°No es que estemos endureciendo el mercado laboral, lo que estamos haciendo es hacer respetar la ley, precisamente que se respeten los derechos de los trabajadores que est¨¢n establecidos hoy en nuestras leyes. No me parece que se valga hoy decir que se va a despedir a los trabajadores porque yo no puedo pagar las responsabilidades que ya establec¨ªa las leyes laborales de d¨¦cadas¡±.

¡°Lejos de traer desempleo, va a ir construyendo un mercado laboral m¨¢s equitativo, m¨¢s justo, pero tambi¨¦n m¨¢s productivo¡±, asegura la funcionaria.

Empleo de mala calidad

La Asociaci¨®n Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH) engloba a todas las agencias privadas de empleo en el pa¨ªs, como ManpowerGroup, Adecco y Kelly, entre otras. Estas empresas transnacionales no solo se especializan en encontrar y reclutar el talento, tambi¨¦n son especialistas en llevar n¨®mina y ofrecen este servicio a cientos de empresas, grandes y chicas, que no tienen la capacidad financiera o t¨¦cnica para hacerlo por s¨ª mismas.

¡°?Por qu¨¦ se asume que la subcontrataci¨®n es igual a mala calidad de empleo? No, no es as¨ª. Hay empresas que no son de subcontrataci¨®n y que no respetan los derechos de los trabajadores, no pagan salarios dignos, no dan prestaciones y maltratan a los empleados¡±, apunta Flores.

Alcalde, por su parte, sostiene que la ley, adem¨¢s de prohibir la subcontrataci¨®n de personal, regula los servicios especializados (es decir: los servicios que una empresa requiere contratar pero no son parte de su modelo de negocios). Para ofrecer estos servicios, la ley requiere que una empresa deber¨¢ obtener una autorizaci¨®n de la Secretar¨ªa del Trabajo y estar en un padr¨®n p¨²blico, explica la funcionaria. Y, para poder obtener esta autorizaci¨®n, no solo tiene que demostrar su actividad especializada o car¨¢cter especializado, sino tambi¨¦n el cumplimiento ante las instituciones de Seguridad Social y ante la Hacienda P¨²blica.

¡°Estamos de acuerdo con que se hagan leyes y reglas que regulen de manera pr¨¢ctica a la industria de la subcontrataci¨®n, porque es una necesidad primordial eliminar la evasi¨®n, la simulaci¨®n, el subregistro, el abuso al trabajador, el atentado contra los derechos de los empleados¡±, dice Flores, ¡°pero no estamos de acuerdo en sobrerregular o prohibir, porque la industria de la tercerizaci¨®n que funciona a nivel global genera beneficios importantes para la econom¨ªa¡±.

Se puede tener muchas opiniones al respecto, apunta la funcionaria Alcalde, ¡°pero realmente creemos que esta propuesta y esta iniciativa logra algo que no se hab¨ªa logrado, que es poner fin a estos abusos y dar respuesta a esta demanda de millones de trabajadores¡±.

Lo p¨²blico y lo privado

Un cliente de Manpower es Armando Santacruz, director general de la empresa de materias primas Grupo Pochteca. Santacruz explica c¨®mo el n¨²mero de trabajadores que su empresa necesita fluct¨²a durante un a?o, por lo que recurre a la agencia de empleo con regularidad. Por ejemplo, ante una auditor¨ªa tributaria, Pochteca necesita de manera temporal un grupo grande de contadores. ¡°Yo no tengo la capacidad de reclutar 30 personas en cuatro d¨ªas y Manpower s¨ª, porque a eso se dedican¡±, dice el empresario por tel¨¦fono desde Ciudad de M¨¦xico. ¡°Ahora nos vamos a tener que voltear de cabeza¡±.

¡°Muchas de estas medidas me parece que surgen de la cabeza de gentes que en su vida han pagado una n¨®mina, que se han dedicado toda su vida, como decimos en M¨¦xico, a la grilla, que tienen una desconexi¨®n profunda con la forma de operaci¨®n de la econom¨ªa real y que tienen sus preconcepciones de qu¨¦ es y qu¨¦ no es y no est¨¢n dispuestos a escuchar a los que est¨¢n metidos en la alberca, a los que les pueden decir si el agua est¨¢ fr¨ªa o caliente¡±, dice Santacruz: ¡°Si t¨² hablas desde afuera en la alberca, no sabes que temperatura tiene el agua¡±.

¡°Estas leyes a lo que est¨¢n llevando es a que el gobierno te pueda extorsionar, ya no tiene que ver si realmente debes o no debes el dinero¡±, ¡°, sostiene Santacruz. ¡°Ellos, con la posibilidad de prisi¨®n preventiva oficiosa ante la simple acusaci¨®n, te pueden meter a la c¨¢rcel, te pueden congelar tus cuentas y te pueden aplicar la extinci¨®n de dominio¡­ Eso se presta para que el gobierno pueda dedicarse a recaudar a base de amenazar con c¨¢rcel a todo mundo¡±.