El frente abierto por los terrenos del futuro aeropuerto de Ciudad de M¨¦xico
Los tribunales deber¨¢n determinar si 92 hect¨¢reas declaradas como territorio nacional en la zona aleda?a a la base militar de Santa Luc¨ªa son, en realidad, propiedad privada
La Secretar¨ªa de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) declar¨® en 2019 que 749 hect¨¢reas aleda?as a la base militar de Santa Luc¨ªa, en el Estado de M¨¦xico, eran territorio nacional. As¨ª qued¨® publicado en el Diario Oficial de la Federaci¨®n en abril de ese a?o: 621 de esas hect¨¢reas ser¨ªan para comuneros del municipio de Xaltocan y las restantes, 128, para la Secretar¨ªa de la Defensa Nacional (Sedena), que proyectaba all¨ª el futuro aeropuerto Felipe ?ngeles. Pero al menos una ...
La Secretar¨ªa de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) declar¨® en 2019 que 749 hect¨¢reas aleda?as a la base militar de Santa Luc¨ªa, en el Estado de M¨¦xico, eran territorio nacional. As¨ª qued¨® publicado en el Diario Oficial de la Federaci¨®n en abril de ese a?o: 621 de esas hect¨¢reas ser¨ªan para comuneros del municipio de Xaltocan y las restantes, 128, para la Secretar¨ªa de la Defensa Nacional (Sedena), que proyectaba all¨ª el futuro aeropuerto Felipe ?ngeles. Pero al menos una familia mantiene un frente abierto en los tribunales por esos terrenos, ya que defiende que 92 de esas hect¨¢reas son privadas y reclaman una indemnizaci¨®n.
El padre de la familia, Ra¨²l Romero Zenizo, present¨® en de 2019 una demanda de amparo por la presunta violaci¨®n de sus derechos fundamentales. De acuerdo con el demandante, parte de esos terrenos declarados como bienes nacionales eran, en realidad, suyos desde 1970. La causa avanza por la v¨ªa administrativa desde hace tres a?os mientras contin¨²a la construcci¨®n del futuro aeropuerto Felipe ?ngeles, una de las obras de infraestructura m¨¢s importantes de este sexenio. Tras la demanda, la Sedena remiti¨® a la Sedatu un documento en el que reconoc¨ªa la propiedad privada de esa superficie reclamada con base en la valoraci¨®n del Instituto de la Funci¨®n Registral del Estado de M¨¦xico.
La nota destaca ¡°la disposici¨®n¡± de la familia ¡°en apoyar el proyecto¡±, es decir, la construcci¨®n del futuro aeropuerto y contin¨²a: ¡°Con el fin de evitar conflictos legales que pudieran afectar los intereses de esta Secretar¨ªa de Estado, as¨ª como el multicitado proyecto, se solicita de su apoyo a fin de que se d¨¦ la soluci¨®n al tema en comento¡±. El escrito, al que ha tenido acceso EL PA?S, concluye diciendo que la Sedena ¡°cuenta con la suficiencia presupuestaria para realizar el pago que corresponda¡±. Desde entonces, la familia insiste en obtener ¡°una indemnizaci¨®n conforme a la ley por causa de expropiaci¨®n¡±. Pero si los terrenos que reclama la familia como privados son considerados bienes nacionales, entonces no existe expropiaci¨®n y, por ende, tampoco un resarcimiento econ¨®mico.
El 8 de marzo, la familia present¨® un nuevo recurso, esta vez por la v¨ªa penal, ante la Fiscal¨ªa General de la Rep¨²blica (FGR). El escrito denuncia ¡°a quien o quienes resulten responsables¡± por ¡°falsificaci¨®n de documentos¡±, seg¨²n ha explicado Pablo Hern¨¢ndez Romo, el abogado de los denunciantes, a este peri¨®dico. ¡°Consideramos que la declaratoria de bienes nacionales es un documento falso ideol¨®gico¡±, se?ala Hern¨¢ndez. De acuerdo con el escrito presentado ante el Ministerio P¨²blico, la familia cree que la Sedatu ¡°asent¨® como ciertos los hechos que no son acordes a la realidad¡± al considerar esas 92 hect¨¢reas como bienes nacionales.
De ese modo, la secretar¨ªa ¡°enga?¨®¡± al presidente Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador, ¡°dici¨¦ndole que esos terrenos eran bienes nacionales¡±, defiende el letrado. ¡°Es imposible porque la ley agraria establece qu¨¦ se puede considerar bien nacional y una propiedad privada no puede considerarse bien nacional¡±, aclara. Hasta ahora, ni el abogado ni la familia cuentan con informaci¨®n sobre el avance de esta carpeta de investigaci¨®n. Hern¨¢ndez Romo asegura que tiene m¨¢s clientes que con casos similares, pero este ha sonado este martes en la opini¨®n p¨²blica debido a una columna de opini¨®n en la que el periodista Raymundo Riva Palacio expone este caso, que ha sido retomado por otros medios locales.
La Sedatu ha emitidio posteriormente una nota informativa en la que asegura que ¡°cada una de las etapas¡± de la ¡°regularizaci¨®n de terrenos alrededor del proyecto aeroportuario ha respetado los derechos de quienes pudieran ver afectados sus intereses¡± y replica que la regularizaci¨®n de tierras ¡°proviene de una demanda social que la comunidad de Xaltocan ha tenido desde hace 50 a?os¡±. De acuerdo con la secretar¨ªa, la Sedena ha pagado por ¡°m¨¢s de 1.100 hect¨¢reas¡± a ejidatarios o privados ¡°que han probado legalmente su propiedad¡±. Pero seg¨²n se lee en el comunicado, la propiedad de estas 92 hect¨¢reas no est¨¢n acreditadas.
La secretar¨ªa sostiene que ¡°nadie present¨® documentaci¨®n que acreditara la propiedad de estos terrenos durante el periodo que marca la ley previo a la declaratoria¡± de 2019. ¡°Inclusive, a la fecha no se ha demostrado la propiedad de estos terrenos¡±, dice el escrito. Sobre el reconocimiento que la Sedena hizo en 2019, un portavoz de la Sedatu ha asegurado a EL PA?S que se trat¨® de un ¡°error¡± de Defensa y que ¡°el registro en catastros locales no garantiza la propiedad del predio¡±. El denunciante, Ra¨²l Romero Zenizo, falleci¨® sin que se resolviera su caso y actualmente est¨¢ pendiente su sucesi¨®n, de acuerdo con la secretar¨ªa. ¡°Si la autoridad judicial dice que s¨ª es propiedad privada, nosotros vamos a acatar¡±, ha asegurado.
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