Videgaray, Lozoya, Robles, Pe?a Nieto... los casos contra el PRI se estancan mientras L¨®pez Obrador ofrece pactos

Los ¨²ltimos avances en los casos contra altos cargos del PRI se han producido m¨¢s en el terreno superficial de las sanciones administrativas, golpes impulsados por el Gobierno, que en las decisiones de fondo de los tribunales. Este martes, la Secretar¨ªa de la Funci¨®n P¨²blica anunciaba la inhabilitaci¨®n durante 10 a?os de Luis Videgaray, el hombre fuerte del expresidente Enrique Pe?a Nieto, por irregularidades y ocultaci¨®n de informaci¨®n sobre su patrimonio. Esta semana se conoc¨ªa tambi¨¦n que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretar¨ªa de Hacienda, prepara la sexta denuncia contra el exdirector de Pemex Emilio Lozoya.

Los dos movimientos contrastan con la opacidad y falta de transparencia con la que se desarrolla el proceso judicial contra Lozoya, detenido hace m¨¢s de un a?o, as¨ª como el estancamiento del juicio contra la exsecretaria Rosario Robles, la ¨²nica mandataria priista en prisi¨®n por la mega trama de corrupci¨®n conocida como la Estafa Maestra. Todo esto, en medio de una resaca electoral que ha colocado al PRI en una posici¨®n privilegiada como posible socio de Morena en el Congreso y con la consulta para juzgar a los expresidentes, prevista para el 1 de agosto, como nuevo hito en el horizonte cercano.

Hasta en dos ocasiones ha presentado ya la Fiscal¨ªa General de la Rep¨²blica (FGR) una orden de detenci¨®n contra Videgaray por el caso Odebrecht, seg¨²n un informe filtrado en noviembre. En ambas ocasiones, los jueces las han desestimado de momento por cuestiones de forma, pero el cerco de la Justicia se estrecha cada vez m¨¢s contra el que fuera canciller, secretario de Hacienda y jefe de campa?a de Pe?a Nieto en 2012, sobre el que tambi¨¦n sobrevuela la diana de la Fiscal¨ªa.

Videgaray tiene dos frentes judiciales abiertos: las acusaciones por parte de Lozoya de ser el responsable, junto con el expresidente, de recibir y gestionar sobornos millonarios de la constructora brasile?a Odebrecht; y las acusaciones de otro alto funcionario priista de ordenar el desv¨ªo de recursos millonarios de los programas sociales contra el hambre para comprar votos y financiar actos de campa?a del PRI. Pero de momento solo pesa sobre ¨¦l la inhabilitaci¨®n administrativa para ocupar un cargo p¨²blico por una d¨¦cada debido a ¡°la falta de veracidad en sus declaraciones patrimoniales de tres a?os consecutivos¡±, seg¨²n el comunicado de la Secretar¨ªa de la Funci¨®n P¨²blica, el ministerio que fiscaliza las irregularidades administrativas.

El nudo del proceso judicial sobre la ramificaci¨®n de la red de sobornos millonarios de la constructora brasile?a Odebrecht tambi¨¦n permanece paralizado. Lozoya fue detenido en febrero del a?o pasado en una urbanizaci¨®n de lujo en Espa?a. Extraditado a M¨¦xico el 29 de julio, el exdirector de Pemex fue finalmente imputado por los delitos de lavado de dinero, asociaci¨®n delictuosa y cohecho.

Desde entonces, el caso se desarrolla entre escasa transparencia y la pol¨¦mica causada por los beneficios otorgados al pol¨ªtico a cambio de colaborar con la Justicia. Como parte del acuerdo, Lozoya ha acusado a la c¨²pula del PRI durante el sexenio de Pe?a Nieto de recibir y destinar unos 500 millones de d¨®lares a la campa?a electoral de 2012 y a la compra de votos de congresistas de la oposici¨®n para asegurar la aprobaci¨®n de la pol¨¦mica reforma energ¨¦tica. Mientras se acrecienta el temor de que el esc¨¢ndalo de corrupci¨®n, con repercusiones en los equilibrios pol¨ªticos de M¨¦xico, quede impune, la ¨²nica novedad sobre el caso es la nueva denuncia anunciada por la UIF, que acusa a Lozoya de operar una red de empresas fachadas en colaboraci¨®n con Odebrecht para desviar otros 200 millones de d¨®lares.

Tambi¨¦n est¨¢ estancado el juicio contra Rosario Robles, la ¨²nica ministra de Pe?a Nieto encarcelada, desde 2019, por su implicaci¨®n en una mega trama de corrupci¨®n conocida como la Estafa Maestra, perpetrada durante los a?os del Gobierno anterior y que rondar¨ªa los 400 millones de d¨®lares. A principios de a?o, la defensa de la exsecretaria tanto de Desarrollo Social como de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, comenz¨® a negociar con Fiscal¨ªa un acuerdo para reducir su pena a cambio de declararse culpable de los delitos que se le imputan, ejercicio indebido del servicio p¨²blico y omisi¨®n, que a la postre habr¨ªan permitido los desv¨ªos millonarios. Hace dos meses, en un nuevo giro de la defensa, Robles se declaraba de nuevo inocente echando por tierra el posible acuerdo con la Fiscal¨ªa y devolviendo la pelota al punto de partida: la acusaci¨®n de 21 a?os de prisi¨®n y el pago de 250 millones de d¨®lares como resarcimiento del da?o.

En este contexto de tira y afloja han llegado los resultados de los comicios del domingo. La subida de esca?os del PRI le colocan como un posible socio de Morena para lograr la mayor¨ªa calificada. Los tres cuartos de la C¨¢mara necesarios para abrir la puerta a las reformas constitucionales son el caballo de batalla de L¨®pez Obrador ante la segunda mitad del sexenio. Consciente de la posici¨®n estrat¨¦gica en la que ha quedado la bancada priista, el presidente ya les ha lanzado al primer guante como futuros socios parlamentarios. De fondo, corre tambi¨¦n el pol¨¦mico refer¨¦ndum para que los ciudadanos decidan si hay que juzgar o no a los ¨²ltimos cinco expresidentes, entre ellos, los priistas Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y Enrique Pe?a Nieto. Una vez lanzada la propuesta por el presidente y validada su constitucionalidad por la Suprema Corte, la consulta se llevar¨¢ a cabo el 1 de agosto.

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