La c¨¢rcel al alcance de cualquiera en Veracruz

El coche de Tito Delf¨ªn fren¨® la tarde del 27 de noviembre del a?o pasado en un ret¨¦n en una carretera del norte de Veracruz. Acostumbrado a circular por el Estado, el hombre, un exdiputado local con m¨¢s de 10 a?os en pol¨ªtica, pens¨® que se trataba de un operativo rutinario. Se baj¨® del autom¨®vil, se identific¨® y, sin mediar explicaci¨®n, la polic¨ªa se lo llev¨® preso. Su hija, Alicia Delf¨ªn, que viajaba con ¨¦l ese d¨ªa, asegura que nunca les dijeron de qu¨¦ se trataba ni les mostraron una orden de aprehensi¨®n. ¡°Ni un papel¡±. Desde entonces, quien era candidato a la dirigencia estatal del Partido Acci¨®n Nacional est¨¢ en la c¨¢rcel.

El secretario t¨¦cnico del Senado Jos¨¦ Manuel del R¨ªo cuenta una historia similar, tambi¨¦n de finales del a?o pasado. A ¨¦l no le detuvieron en un ret¨¦n, sino que viajaba con su esposa cuando le sali¨® una camioneta de la nada y le cerc¨® el coche. Eran tres hombres armados que iban sin identificaci¨®n, cuenta. Pens¨® que se trataba de un secuestro, pero era la polic¨ªa que ejecutaba una orden de arresto en su contra por estar vinculado supuestamente a un homicidio. Estuvo en la c¨¢rcel desde aquel 22 de diciembre hasta el pasado 17 de junio, cuando fue exonerado.

Al menos una decena de pol¨ªticos de partidos opositores al Gobierno de Cuitl¨¢huac Garc¨ªa, del Movimiento de Regeneraci¨®n Nacional (Morena), cayeron en prisi¨®n por aquellos d¨ªas. Un pu?ado de casos que se suman a decenas de causas judiciales plagadas de irregularidades que ya hab¨ªa en el Estado, entre ellas, la detenci¨®n de los tres funcionarios que estuvieron a cargo del Instituto Veracruzano de Acceso a la Informaci¨®n (IVAI) hasta 2020. Una situaci¨®n cr¨ªtica en un Estado donde todav¨ªa hay personas detenidas por ¡°ultraje a la autoridad¡±, un delito invalidado por la Suprema Corte de Justicia de la Naci¨®n.

De fraude, ultraje y otros delitos

La liberaci¨®n de Del R¨ªo trajo esperanza a Tito Delf¨ªn, cuenta su hija. No lo sab¨ªan entonces, pero aquella noche que le detuvieron le achacaban delitos de incumplimiento del deber legal, abuso de autoridad y fraude. Le se?alaban por haber hecho mal uso de los fondos p¨²blicos cuando era alcalde en 2011 de la ciudad de Tierra Blanca, de donde es originario. La ra¨ªz de la causa son unas plantas de tratamiento de agua que le acusan de no haber construido, explica Alicia Delf¨ªn. ¡°Las plantas s¨ª est¨¢n, pero nunca recibieron mantenimiento¡±. La causa a¨²n no se ha judicializado, asegura la mujer, porque ¡°no tienen nada¡± contra ¨¦l. ¡°Adem¨¢s, los delitos ya prescribieron¡±.

Hacer campa?a en uno de los pa¨ªses m¨¢s homicidas para la pol¨ªtica, que solo en los comicios del a?o pasado registr¨® 782 agresiones contra candidatos y pol¨ªticos, era un tema de debate para la familia de Delf¨ªn. ¡°Platicamos antes de la campa?a sobre lo que enfrent¨¢bamos, pero jam¨¢s nos imaginamos que esto pod¨ªa pasar¡±, dice la hija, ¡°ha sido muy dif¨ªcil para toda la familia¡±. A Tito Delf¨ªn le dictaron prisi¨®n preventiva por un a?o y lo encerraron en el penal de Pacho Viejo. Su defensa espera ahora la respuesta a un amparo que presentaron.

Yolli Garc¨ªa trabaj¨® durante seis a?os como comisionada del pleno del IVAI. Antes de llegar al instituto, ocup¨® varios cargos como funcionaria p¨²blica en Veracruz y Ciudad de M¨¦xico, incluso fue magistrada federal por nueve a?os. Ahora lleva m¨¢s de dos en la c¨¢rcel por los delitos de coalici¨®n, abuso de autoridad y ejercicio indebido del servicio p¨²blico. Le acusan de faltas m¨ªnimas, que cada a?o se registran de a mont¨®n en cada dependencia p¨²blica. Le culpan de haber nombrado a dos personas en el ¨®rgano interno de control cuando no le correspond¨ªa y de faltas administrativas en el manejo del presupuesto.

Para su marido, Ad¨¢n Armenta, es una ¡°presa pol¨ªtica¡±. ¡°Nadie pens¨® que fueran a llegar hasta tanto estas personas. Ninguno de los delitos es grave, ?cu¨¢l es el pretexto de tenerla privada de la libertad?¡±, reclama. El tambi¨¦n abogado litigante asegura que lo que llev¨® a la c¨¢rcel a su esposa fue hacer bien su trabajo. Cuando Garc¨ªa ocupaba el cargo, el IVAI hizo p¨²blicas dos informaciones que desataron el enojo del Gobierno estatal, asegura Armenta: el contrato p¨²blico por una pol¨¦mica compra de 160 patrullas y evidencia de un caso de nepotismo por parte de la Administraci¨®n de Cuitl¨¢huac Garc¨ªa. ¡°Cuando eso pas¨®, agentes del Gobierno le dijeron que dejara de hacer pendejadas, que se las iban a cobrar¡±, cuenta.

Durante su paso por la c¨¢rcel, la excomisionada del IVAI enfrent¨® graves problemas de salud que casi acaban con su vida, incluso fue intervenida quir¨²rgicamente del coraz¨®n. Ni eso le sirvi¨® para obtener prisi¨®n domiciliaria. ¡±En este momento est¨¢ estable, pero su vida est¨¢ en peligro constante¡±, dice Armenta. Su familia ha llevado sin ¨¦xito el caso ante los organismos de derechos humanos nacionales y locales. Solo les queda esperar, como a Delf¨ªn, que haya alg¨²n movimiento en la causa judicial. ¡°Estamos exigiendo que le dicten sentencia, pero no tiene elementos para fincarle responsabilidad penal¡±, agrega su marido, ¡°la administraci¨®n de justicia en Veracruz es una burla, deber¨ªa darles verg¨¹enza¡±.

La justicia se maneja a modo en esa entidad, aseguraba a este peri¨®dico el secretario t¨¦cnico del Senado, que pudo salir de prisi¨®n solo cuando su caso lleg¨® a un tribunal federal. ¡°Si en Veracruz afectas al gobernador Cuitl¨¢huac Garc¨ªa, te mete a la c¨¢rcel¡±, dijo en entrevista Del R¨ªo. En prisi¨®n, asegura, conoci¨® decenas de casos de personas encarceladas injustamente. Una de ellas era una mujer que insult¨® a unos polic¨ªas que ensuciaron las s¨¢banas que acababa de colgar en su patio y le acusaron del delito de ultraje a la autoridad. Ahora Del R¨ªo forma parte de un grupo de pol¨ªticos que asesoran a la mujer para salir del penal de Pacho Viejo.

Veracruz es el ¨²nico Estado que tiene vigente el delito de ultraje a la autoridad. Tras una larga pol¨¦mica, la Suprema Corte lo invalid¨® en febrero de este a?o y pidi¨® la liberaci¨®n de todos los presos bajo ese delito, cuya cifra se desconoce. ¡°Esta norma es inconstitucional por violaci¨®n a la libertad de expresi¨®n¡±, dijo el ministro Arturo Zald¨ªvar, presidente de la Corte. Cinco meses despu¨¦s, la medida todav¨ªa no se concreta en el Estado. La oposici¨®n, que arm¨® el Movimiento por la justicia, cifra esos detenidos en m¨¢s de 2.000. El Gobierno estatal prefiere no hablar del tema.

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