Los candados del Ej¨¦rcito para no transparentar los informes de sus acciones m¨¢s pol¨¦micas

Las corporaciones encargadas de la seguridad p¨²blica en M¨¦xico se resisten al escrutinio del uso de su fuerza. Las secretar¨ªas de Marina, de la Defensa y la Guardia Nacional no han transparentado los reportes pormenorizados que por ley est¨¢n obligados a realizar cuando sus miembros utilicen la fuerza en el cumplimiento de sus funciones, a pesar de que en M¨¦xico hay sucesos como el asesinato de cinco j¨®venes a manos del ej¨¦rcito la semana pasada en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en el...

Las corporaciones encargadas de la seguridad p¨²blica en M¨¦xico se resisten al escrutinio del uso de su fuerza. Las secretar¨ªas de Marina, de la Defensa y la Guardia Nacional no han transparentado los reportes pormenorizados que por ley est¨¢n obligados a realizar cuando sus miembros utilicen la fuerza en el cumplimiento de sus funciones, a pesar de que en M¨¦xico hay sucesos como el asesinato de cinco j¨®venes a manos del ej¨¦rcito la semana pasada en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en el que existen las dudas de si los militares se excedieron en el uso de sus armas. Completa opacidad desde la promulgaci¨®n de la Ley Nacional del Uso de la Fuerza en 2019.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agust¨ªn Pro Ju¨¢rez, tambi¨¦n conocido como Centro ProDH, asegura que, mientras la Secretar¨ªa de la Marina ha indicado que sus integrantes no est¨¢n obligados a hacer los informes, la Guardia Nacional los ha clasificado como confidenciales y la Secretar¨ªa de la Defensa Nacional ha indicado que no existen. ¡°Una herramienta que se supon¨ªa que era para favorecer la rendici¨®n de cuentas y que era una garant¨ªa m¨¢s para que este despliegue extraordinario de las Fuerzas Armadas no incurriera en abusos, pues se vuelve una garant¨ªa de papel que no sirve en los hechos¡±, afirma Santiago Aguirre, director de la organizaci¨®n que desde hace 35 a?os se dedica a velar por los derechos humanos en M¨¦xico.

De acuerdo con la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, los reportes pormenorizados contendr¨¢n datos como los nombres de los agentes, circunstancias, tiempo, lugar de los hechos, razones que motivaron la decisi¨®n para emplear la fuerza, el n¨²mero de disparos que se llevaron a cabo, el tipo de lesiones que causaron, la cantidad de personas heridas y de da?os materiales causados y el n¨²mero e identidad de las personas que han perdido la vida. Los datos personales como los nombres de los agentes o de las personas heridas o fallecidas podr¨ªan ser ocultados para transparentar las versiones p¨²blicas de los informes y el sentido de hacerlos p¨²blicos, asegura Aguirre, es que los puedan ver expertos civiles externos a las propias Fuerzas Armadas para revisar su actuar. ¡°Es dif¨ªcil hacer una evaluaci¨®n en t¨¦rminos absolutos mientras prive la opacidad¡±, expuso en entrevista con este diario.

Con la informaci¨®n que se encuentra hasta ahora, es complicado llevar la cuenta de las personas han muerto por el uso excesivo de la fuerza en el pa¨ªs. Seg¨²n lo publicado por el Centro ProDH en un informe publicado en 2021 titulado Poder Militar, la Guardia Nacional se hab¨ªa limitado a dar a conocer hab¨ªa asesinado a 89 personas en 161 eventos entre 2019 y 2021. ¡°Agresores¡± es la palabra que utiliz¨® la corporaci¨®n al responder a las solicitudes de informaci¨®n de la organizaci¨®n.

Por otro lado, en distintas conferencias, las cuales el Gobierno de M¨¦xico realiza de lunes a viernes, el presidente Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador ha dado a conocer una gr¨¢fica del ¨ªndice de letalidad de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional. De acuerdo con la m¨¢s actualizada, presentada el jueves pasado, el n¨²mero de civiles fallecidos en eventos donde participan las corporaciones de seguridad es de 43 personas. Sin embargo en esa gr¨¢fica no se toman en cuenta los presuntos agresores, que de acuerdo con un documento de la Sedena en los correos filtrados por la organizaci¨®n Guacamaya en septiembre de 2022, al 29 de agosto de ese a?o, hab¨ªan fallecido 739 agresores en eventos donde militares estuvieron involucrados. ¡°Nosotros lo que creemos en el Pro es que despu¨¦s de los eventos como el de Nuevo Laredo y otros as¨ª tenemos que preguntarnos cu¨¢ntos podr¨ªan estar vinculados con ejecuciones extrajudiciales¡±, se?ala Aguirre.

En su camino a la presidencia de M¨¦xico, L¨®pez Obrador fue cr¨ªtico de las ejecuciones arbitrarias. El 5 de febrero de 2017, durante un mitin en Tlatlaya, Estado de M¨¦xico para promover a la entonces precandidata de Morena a la gubernatura del Estado de M¨¦xico, el tabasque?o asegur¨® que las ejecuciones extrajudiciales eran un referente de la corrupci¨®n y de la decadencia del pa¨ªs. El reproche en ese peque?o municipio al sur del Estado de M¨¦xico ten¨ªa toda la intenci¨®n de recordar que tres a?os antes 18 j¨®venes hab¨ªan sido ejecutados extrajudicialmente por elementos del ej¨¦rcito en una bodega en ese mismo lugar. Ahora el mandatario mexicano asegura que ese tipo de asesinatos se han terminado.

El director del Centro ProDH reconoce que es relevante que como, jefe de Estado y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, L¨®pez Obrador expresamente diga que no son aceptables las ejecuciones extrajudiciales. ¡°Sin embargo, si esas declaraciones no son acompa?adas de acciones m¨¢s decididas en el ¨¢mbito de la justicia con las fiscal¨ªas, y si no son acompa?adas de cambios, menos, digamos, declarativos y m¨¢s estructurales en las Fuerzas Armadas, que incluyen robustecer los controles internos y externos y generar contrapesos civiles, pues son declaraciones que en cualquier momento pueden revertirse¡±, ha declarado.

Se?ala adem¨¢s que, aunque no es posible decirlo a ciencia cierta por la escasez de informaci¨®n, la organizaci¨®n comienza a percibir un aumento en los casos de abusos militares en comparaci¨®n al inicio del sexenio de L¨®pez Obrador. ¡°A partir de lo que emp¨ªricamente conoce, escucha y documenta un centro como el nuestro de contrapartes locales se empieza a ver un aumento en los casos de abusos militares y en las denuncias, en contraste con lo que ocurri¨® a inicios del sexenio, donde hab¨ªa un relativo descenso¡±. En ese sentido, el abogado afirma que no se puede aceptar como cierto que las autoridades federales digan que ya no se violan derechos humanos en el pa¨ªs.

El pasado 26 de febrero militares atacaron a balazos a un grupo de j¨®venes que volv¨ªa a sus casas despu¨¦s de ir al antro en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Cinco de ellos murieron. Pero el caso se dio a conocer en medios nacionales cuando los soldados agredieron a las familias y vecinos de los j¨®venes, horas despu¨¦s, cuando intentaban remolcar el veh¨ªculo baleado. Seg¨²n Santiago Aguirre este no es el primer caso as¨ª en Tamaulipas durante la administraci¨®n de L¨®pez Obrador. ¡°Recientemente ha habido muchas denuncias en Tamaulipas. Yo yo s¨ª creo que que algo est¨¢ pasando ah¨ª y que hay que investigarlo. En la experiencia que se ha recogido en estos 15 a?os de mucha violencia en M¨¦xico, es que en eso puede incidir un mando que expl¨ªcita o impl¨ªcitamente est¨¦ dando ¨®rdenes de ejercer la fuerza m¨¢s all¨¢ de lo que la ley marca. O se ha documentado que a veces puede ser que los mandos est¨¦n haciendo trabajo sucio alguno de los c¨¢rteles que se disputan la plaza, o tambi¨¦n que haya grupos criminales especialmente propensos a agredir a las propias autoridades. Todas esas hip¨®tesis son las que explican c¨®mo en algunos estados se incrementan estos tipos de eventos¡±, ha se?alado.

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