Ofensiva total del Estado por el caso de Rosendo Radilla y la Guerra Sucia

Como un r¨ªo en plena crecida, el Estado mexicano ha salido en tromba a impugnar la hist¨®rica sentencia del caso Rosendo Radilla, el activista desaparecido a manos de militares en Atoyac de ?lvarez, en Guerrero, en agosto de 1974. En la sentencia, publicada en agosto, un juzgado federal exig¨ªa a la Fiscal¨ªa General de la Rep¨²blica (FGR) que investigue el caso y su contexto como terrorismo de Estado, entre otros temas. Pero lejos de asumir el mandato, hasta seis dependencias, entre ellas la propia FGR, la Consejer¨ªa Jur¨ªdica de la Presidencia y las secretar¨ªas de Gobernaci¨®n y de la Defensa, han impugnado la sentencia.

El argumento principal, que comparte la mayor¨ªa, ni siquiera apunta al fondo del asunto, la pertinencia de calificar la Guerra Sucia en Guerrero como terrorismo, patrocinado desde la estructura estatal. En vez de eso, los recursos se centran en la potestad del juzgado para meterse a recalificar los delitos cometidos, posibilidad que estos textos niegan. Humberto Guerrero, parte del equipo de abogados de la familia Radilla, comparte su sorpresa por la avalancha de impugnaciones. ¡°Era previsible que la FGR se inconformara en algunas cosas, pero no esper¨¢bamos una respuesta as¨ª en bloque¡±, explica.

Los recursos han llegado al juzgado en las ¨²ltimas semanas, coincidiendo con el cambio de guardia en el Gobierno federal. El 2 de octubre, primer d¨ªa de Claudia Sheinbaum como presidenta, el Ejecutivo aprovechaba la fecha para pedir una disculpa p¨²blica por la matanza de Tlatelolco, uno de los eventos m¨¢s representativos de la Guerra Sucia, ocurrido en Ciudad de M¨¦xico, en 1968. Decenas de estudiantes que marchaban contra la represi¨®n murieron asesinados aquel d¨ªa por militares y agentes irregulares. La iron¨ªa es que mientras la mandataria acumulaba motivos para la disculpa por Tlatelolco, la burocracia del Estado tomaba el camino contrario en el caso Radilla.

Humberto Guerrero, parte de la organizaci¨®n Fundar, que ha acompa?ado cantidad de casos de los a?os de la Guerra Sucia, dice que ¡°todo resulta muy contradictorio. Contrasta mucho ese mensaje que quiso mandar Sheinbaum¡±, dice, ¡°con la respuesta real de las instituciones del Estado en un caso como el de Radilla, sobre todo cuando tiene que ver con hacer justicia en un caso concreto¡±, a?ade. Con sede en Guanajuato, el juzgado que calific¨® la Guerra Sucia en Guerrero como terrorismo de Estado deber¨¢ mandar los recursos a un tribunal superior para ver si los admite a tr¨¢mite. De ser as¨ª, los abogados de la familia Radilla podr¨¢n interponer su propio recurso, para que el tribunal decida sobre la sentencia.

Esta embestida estatal ocurre adem¨¢s unas pocas semanas despu¨¦s de que el Mecanismo de Esclarecimiento Hist¨®rico, parte de la comisi¨®n de la verdad para la Guerra Sucia, que depende de Gobernaci¨®n, publicara dos exhaustivos informes sobre la contrainsurgencia entre 1965 y 1990. Centrados en los diferentes colectivos de v¨ªctimas, los informes se?alan el car¨¢cter generalizado de la represi¨®n a todo tipo de disidencia, m¨¢s all¨¢ de la pol¨ªtica, que dej¨® al menos 9.500 v¨ªctimas de graves violaciones a derechos humanos, principalmente de desaparici¨®n forzada, pero tambi¨¦n de tortura y ejecuci¨®n.

Publicada en agosto, la sentencia del caso Radilla, cuya confecci¨®n estuvo a cargo de la jueza federal Karla Mac¨ªas, fue recibida como un hito para la familia del activista, una victoria en el lastimoso proceso de investigaci¨®n de la represi¨®n estatal. Adem¨¢s de ordenar a la Fiscal¨ªa que recalificara los delitos a investigar bajo el paraguas de terrorismo de Estado, Mac¨ªas ordenaba a la dependencia que procese a decenas de militares por presuntos delitos cometidos entonces, entre ellos al secretario de la Defensa durante el Gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000), el general Enrique Cervantes Aguirre, y exig¨ªa que algunas de las instalaciones castrenses empleadas en la represi¨®n se conviertan en museos de memoria.

La sentencia

Como tantos otros en la ¨¦poca, Rosendo Radilla desapareci¨® en el marco de los operativos del Ej¨¦rcito contra la guerrilla. En su caso fue en agosto de 1974, en el municipio de Atoyac, en la regi¨®n de la Costa Grande de Guerrero. Su desaparici¨®n ocurri¨® en un momento de gran tensi¨®n en la regi¨®n. En mayo de 1974, el Partido de Los Pobres, organizaci¨®n que encabezaba Lucio Caba?as, hab¨ªa secuestrado al cacique guerrerense Rub¨¦n Figueroa, candidato del PRI a gobernador. El Ej¨¦rcito ocup¨® la sierra, como narra magistralmente Carlos Montemayor en Guerra en el Para¨ªso. En esas cay¨® Radilla, en un ret¨¦n.

Pese a las pistas y rumores que aparecieron con el paso de los a?os, ni ¨¦l ni su cuerpo se encontraron nunca. Su familia, principalmente su hija Tita, ha peleado desde el principio para que las autoridades busquen y encuentren el cuerpo de su padre. La familia denunci¨® el caso por primera vez en 1999. En 25 a?os, la acci¨®n de las autoridades ha sido frustrante. La sentencia de la jueza Mac¨ªas afea la desidia de la Fiscal¨ªa estos a?os y se?ala que, en realidad, toda la informaci¨®n acumulada en este tiempo daba para profundizar en el caso, procesar a posibles implicados, realizar b¨²squedas...

¡°La ineptitud de la fiscal¨ªa no solo impide el conocimiento de la verdad¡±, escribe Mac¨ªas en la sentencia, ¡°sino que la oculta entre miles de fojas con informaci¨®n que, como se evidenci¨®, el fiscal no consulta ni ordena, lo cual ha producido que se mantenga en la opacidad la intervenci¨®n en los hechos de funcionarios de Estado del m¨¢s alto nivel¡±. El texto se?ala lo absurdo de las acciones de la Fiscal¨ªa en materia de b¨²squeda. En todos estos a?os, ha hecho varias excavaciones, pero todas en el mismo lugar, el viejo cuartel militar de Atoyac.

El caso del general Cervantes Aguirre es especialmente lacerante. Secretario de la Defensa con el priista Zedillo (1994-200), en la ¨¦poca de la represi¨®n fungi¨® de jefe del Estado Mayor de la 27? Zona Militar, al menos en febrero de 1975 y febrero de 1976. El primer informe del equipo de investigadores de la comisi¨®n actual que investiga la Guerra Sucia se?ala a Cervantes Aguirre como un ¡°caso emblem¨¢tico de impunidad¡±. Cervantes Aguirre trabaj¨® como asesor del ahora exsecretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval y fue condecorado el a?o pasado por Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador.

Adem¨¢s de los recursos de Defensa y Gobernaci¨®n, FGR, Consejer¨ªa Jur¨ªdica de la Presidencia, la Fiscal¨ªa de Guerrero y la comisi¨®n Nacional de B¨²squeda impugnaron la sentencia de Mac¨ªas. Para Humberto Guerrero, la de la Defensa es especialmente llamativa. ¡°Nos llama la atenci¨®n sus argumentos, es como si defendiera la actuaci¨®n de la FGR. O sea, no es que defiendan sus propios actos, sino la actuaci¨®n de la Fiscal¨ªa¡±, se?ala. El caso queda ahora en el tejado de la justicia, inmersa en un periodo de cambio radical, que podr¨ªa complicar su avance.