De desaparici¨®n forzada a terrorismo de Estado: la jueza del caso Rosendo Radilla da un vuelco a las investigaciones de la Guerra Sucia

Una jueza federal ha concluido que la represi¨®n del Estado mexicano en Guerrero durante la d¨¦cada de 1970 fue terrorismo de Estado y ha exigido a la Fiscal¨ªa General de la Rep¨²blica (FGR) que investigue bajo esa l¨®gica el caso del activista Rosendo Radilla, desaparecido en el municipio de Atoyac, en 1974, a manos del Ej¨¦rcito. En la resoluci¨®n de un juicio de amparo, la jueza, Karla Mac¨ªas, ha ordenado adem¨¢s a la FGR que procese a decenas de militares de alto rango supuestamente implicados en el caso del activista, entre ellos el exsecretario de la Defensa durante el Gobierno de Ernesto Zedillo, el general Enrique Cervantes Aguirre.

La sentencia golpea con dureza a la FGR y sus antecesoras. ¡°La ineptitud de la fiscal¨ªa no solo impide el conocimiento de la verdad, sino que la oculta entre miles de fojas con informaci¨®n que, como se evidenci¨®, el fiscal no consulta ni ordena, lo cual ha producido que se mantenga en la opacidad la intervenci¨®n en los hechos de funcionarios de Estado del m¨¢s alto nivel¡±, se?ala el texto. La jueza ordena adem¨¢s al Gobierno que declare ¡°Zona de Monumentos Hist¨®ricos¡± las viejas instalaciones del Segundo Batall¨®n de Polic¨ªa Militar, en Ciudad de M¨¦xico, y una parte de la base a¨¦rea de Pie de la Cuesta, en Guerrero, lugares centrales de la represi¨®n.

Resulta novedoso que un juzgado en M¨¦xico se expresa en esos t¨¦rminos, terrorismo de estado, sobre los miles de delitos y violaciones a derechos humanos cometidas durante los a?os de la Guerra Sucia, de 1965 a 1990, periodo en que los sucesivos Gobiernos del PRI embistieron brutalmente contra todo lo que oliera a disidencia. ¡°Es la primera vez que la justicia nacional coloca en su justa dimensi¨®n el caso Radilla y la Guerra Sucia a trav¨¦s de una sentencia¡±, explica Humberto Guerrero, abogado de Tita Radilla, hija del activista desaparecido.

La desaparici¨®n forzada de Radilla, que motiv¨® una condena al Estado mexicano por parte de la CIDH, es un caso paradigm¨¢tico del periodo contrainsurgente, uno de los que mejor simbolizan la represi¨®n estatal y la posterior desidia de los gobernantes para hacer justicia a las v¨ªctimas. A d¨ªa de hoy, la Fiscal¨ªa mexicana solo ha logrado una condena por delitos cometidos en ese contexto, un agente de rango medio de la extinta Direcci¨®n Federal de Seguridad. Procesos como el que se inici¨® contra el expresidente Luis Echeverr¨ªa por genocidio quedaron en nada. M¨¦xico cuenta todav¨ªa cientos de desaparecidos de ese periodo, miles de v¨ªctimas de ejecuci¨®n, tortura, detenci¨®n arbitraria, violaci¨®n¡­

Desde 2000, el Estado ha hecho esfuerzos por documentar y perseguir lo ocurrido, de momento con escaso ¨¦xito. El presidente Vicente Fox (2000-2006) cre¨® una fiscal¨ªa especial al inicio de su mandato, encargada de documentar desapariciones forzadas y dem¨¢s delitos del pasado. Cinco a?os m¨¢s tarde, el Gobierno desmantel¨® la unidad sin publicar siquiera un informe de sus hallazgos. La fiscal¨ªa s¨®lo consigui¨® una condena, mencionada en el p¨¢rrafo anterior, por la desaparici¨®n forzada de Miguel ?ngel Hern¨¢ndez Valerio, en 1977, en Mazatl¨¢n, Sinaloa.

A?os despu¨¦s de aquello, el Gobierno actual, encabezado por Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador, cre¨® una comisi¨®n de la verdad para la Guerra Sucia, cuyos trabajos a¨²n no concluyen. Hace unos d¨ªas, uno de los equipos de investigaci¨®n que la componen present¨® el primero de dos informes, se?alando que la contrainsurgencia trascendi¨® a las disidencias pol¨ªticas. Fue, dijeron sus responsables, algo mucho m¨¢s generalizado y amplio, y apunt¨® a campesinos, vecinos que protestaban contra grandes proyectos de obra p¨²blica, homosexuales, transexuales¡­ A falta del ¨²ltimo informe y del conglomerado final, a cargo de la Secretar¨ªa de Gobernaci¨®n, la pregunta es qu¨¦ recorrido legal tendr¨¢n estos trabajos.

Palo a la FGR

Rosendo Radilla fue uno de tantos luchadores sociales que surgieron en Guerrero en la segunda mitad del siglo pasado. Agricultor, m¨²sico aficionado, lleg¨® a ser presidente municipal de su pueblo, Atoyac de ?lvarez, en la regi¨®n de la Costa Grande. Simpatizante de las guerrillas de Lucio Caba?as y Genaro V¨¢zquez, fue v¨ªctima del Plan Telara?a, operativo del Estado en la regi¨®n, cuyo objetivo era erradicar toda disidencia. En el caso del activista, su ¨²nico delito fue componer corridos en honor a Caba?as.

Su desaparici¨®n ocurri¨® en un momento de gran tensi¨®n en la regi¨®n. En mayo de 1974, el Partido de Los Pobres, organizaci¨®n que encabezaba Caba?as, hab¨ªa secuestrado al cacique guerrerense Ruben Figueroa, candidato del PRI a gobernador. Desde el a?o anterior, el aparato contrainsurgente, compuesto por el Ej¨¦rcito y la Direcci¨®n Federal de Seguridad, entre otras corporaciones, hab¨ªan aumentado la presi¨®n sobre las guerrillas del pa¨ªs, tras el secuestro frustrado y la muerte del empresario neolon¨¦s Eugenio Garza.

En Guerrero, el objetivo era el Partido de Los Pobres y la organizaci¨®n de V¨¢zquez, la ACNR. En esas cay¨® Radilla. Los militares lo apresaron cerca de la cabecera municipal de Atoyac. Se sabe que lo llevaron al 27 Batall¨®n de Infanter¨ªa, con sede entonces en el municipio. No se ha vuelto a saber de ¨¦l. En Guerrero, en esa ¨¦poca, muchos detenidos acabaron arrojados al mar, v¨ªctimas de los vuelos de la muerte. Una lista elaborada por un presunto militar y enviada hace a?os a la lideresa de un colectivo de familiares de desaparecidos de la Guerra Sucia, divulgada recientemente, coloca a Radilla en uno de esos vuelos. Pero no hay nada claro.

La hija del activista, Tita Radilla, lleva d¨¦cadas exigiendo al Estado que busque a su padre y castigue a los responsables. La desidia del aparato de justicia mexicano lo ha hecho imposible, como explica ahora la jueza Mac¨ªas en su sentencia, que culpa a la FGR y sus antecesoras de la falta de resultados. ¡°La omisi¨®n reiterada y sistem¨¢tica del Ministerio P¨²blico al deber estatal de investigar la desaparici¨®n forzada de Rosendo Radilla y el contexto de terrorismo de Estado en el que se perpetr¨® ha permitido que esa desaparici¨®n contin¨²e cometi¨¦ndose con impunidad; que la suerte de Rosendo se desconozca y, junto con la suya, la de cientos de seres humanos sometidos a los mismos actos de barbarie, y que las conductas que constituyeron el terrorismo de Estado hayan permanecido ignoradas por la mayor¨ªa de los ciudadanos durante medio siglo¡±, se?ala el texto.

La sentencia, publicada el pasado 16 de agosto, se?ala que la FGR tiene cuatro meses desde entonces para procesar a los principales perpetradores. De cualquier manera, la Fiscal¨ªa podr¨ªa impugnar el fallo del juzgado, lo que podr¨ªa mandar el caso a un tribunal superior y, en ¨²ltima instancia, a la Suprema Corte de Justicia de la Naci¨®n. El abogado de Tita Radilla, Humberto Guerrero, parte de la organizaci¨®n Fundar, dice que ellos quieren hacer un llamado para que la FGR no impugne el fallo. ¡°Queremos sentarnos a hablar¡±, explica. El domingo se cumplen 50 a?os de la desaparici¨®n del activista, cuyo caso oblig¨® a que los delitos cometidos por militares contra civiles se vean en juzgados civiles y no castrenses.

Ocurra lo que ocurra, el fallo es demoledor para el Ej¨¦rcito, en la mira por el poder que ha acumulado estos a?os, y por las denuncias que ha recibido de poca colaboraci¨®n, por parte de los investigadores de la actual comisi¨®n de la verdad, entre otros. Mac¨ªas se?ala a los mandos del 2? Batall¨®n de Polic¨ªa Militar, con sede en Ciudad de M¨¦xico, y a los de la 27? Zona Militar y el 27? Batall¨®n de Infanter¨ªa, con sede en Guerrero, de 1971 a 1976, a?os centrales de la represi¨®n en la entidad. Se trata de unas 30 personas, algunas ya fallecidas.

Otros, en cambio, siguen vivos. Es el caso del general Cervantes Aguirre, secretario de la Defensa con el priista Zedillo (1994-200), que en la ¨¦poca de la represi¨®n fungi¨® de jefe del Estado Mayor de la 27? Zona Militar, al menos en febrero de 1975 y febrero de 1976. El primer informe del equipo de investigadores de la comisi¨®n actual que investiga la Guerra Sucia se?ala a Cervantes Aguirre como un ¡°caso emblem¨¢tico de impunidad¡±. Cervantes Aguirre trabaja actualmente como asesor del secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval y fue condecorado el a?o pasado por L¨®pez Obrador.

La jueza exige igualmente a la Fiscal¨ªa que busque bien a Radilla. Desde la primera denuncia por la desaparici¨®n del activista, en 1999, la agencia investigadora ha realizado excavaciones en un solo sitio, varias veces: las viejas instalaciones del 27? Batall¨®n. La sentencia se?ala un pu?ado de sitios alternativos donde buscar y le da otro palo a la dependencia. ¡°La autoridad responsable se ha centrado durante d¨¦cadas en prospectar y excavar infructuosamente un ¨²nico sitio y en enviar espor¨¢dicos requerimientos de informaci¨®n a otras instituciones, aun cuando en el mismo expediente obra informaci¨®n que fundamenta m¨²ltiples l¨ªneas de b¨²squeda¡±, se?ala.

La carencia de los investigadores de la FGR motiva otra reprimenda y una nueva exigencia de la jueza. ¡°Se advierte tambi¨¦n que no existen condiciones institucionales de independencia y autonom¨ªa de los agentes del ministerio p¨²blico para la realizaci¨®n de la investigaci¨®n, por lo que se ordena al Fiscal General de la Rep¨²blica expedir el Estatuto del Servicio Profesional de la Fiscal¨ªa General de la Rep¨²blica, que debi¨® haber emitido en noviembre de dos mil veintiuno, e integrar una Unidad Especial de Investigaci¨®n y Litigaci¨®n para el caso¡±, zanja.

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