Una madre logra sacar de la elecci¨®n judicial a un aspirante vinculado con el asesinato de sus hijos

El Congreso de San Luis Potos¨ª se preparaba para perfilar las listas de candidatos a la elecci¨®n judicial, cuando cort¨® el auditorio la voz de una mujer. Rosalinda ?valos, madre de dos hijos asesinados, polic¨ªa investigadora y ahora ¡ªpor obligaci¨®n¡ª activista, dijo en alto hacia los legisladores: ¡°Mencionaron a una persona que estuvo involucrada con el cartel y ahora resulta que va directa a la boleta. ?C¨®mo lo evaluaron?¡±, pregunt¨® antes de que la voz se le quebrara. El aspirante era Sabas Santiago Ipi?a, a quien la mujer acusa de estar relacionado con el crimen organizado y con el homicidio de sus dos hijos en 2020. El expolic¨ªa hab¨ªa sido seleccionado por el Comit¨¦ de Evaluaci¨®n del Poder Legislativo como candidato al puesto de juez de oralidad penal para los comicios del 1 de junio. Tras las protestas de Rosalinda, el Congreso del Estado ha decidido sacarlo de las listas.

?valos se ha convertido en San Luis Potos¨ª en una voz reconocida en la b¨²squeda de justicia. En 2020, la mujer investigaba al llamado Cartel de la Ministerial, una presunta red de polic¨ªas ministeriales que trabajaba en colaboraci¨®n con el crimen organizado. Dentro de la Fiscal¨ªa estatal, la agente hab¨ªa sido asignada a la delegaci¨®n de La Pila, una de las zonas m¨¢s conflictivas de la capital San Luis Potos¨ª, donde se hab¨ªan disparado el robo de veh¨ªculos y de asaltos con violencia. All¨ª durante un rond¨ªn de rutina, encontr¨® una camioneta con reporte de robo y tras una breve persecuci¨®n logr¨® detener a los tripulantes: eran sus propios compa?eros de la Fiscal¨ªa. A partir de ese momento comenz¨® la pesadilla.

Ella trat¨® de escalar el caso a sus superiores, sin ¨¦xito, y empez¨® a recibir amenazas. El 11 de noviembre de 2020, tres hombres entraron por la fuerza en su casa, en el municipio Soledad de Graciano S¨¢nchez, al este de la capital. Dentro de la vivienda dispararon contra sus hijos. Murieron Carlos Aguilar, de 20 a?os, que estudiaba para ser chef, y Daniela, estudiante de arquitectura de 18 a?os. En el ataque tambi¨¦n result¨® herida la hija mayor de ?valos, quien recibi¨® una bala en el brazo mientras se proteg¨ªa la cabeza. ¡°Llegaron hasta mi domicilio, ?qui¨¦n les dijo d¨®nde yo viv¨ªa? Pues los mismos polic¨ªas, ¨¦l [Sabas Santiago Ipi?a]¡±, afirm¨® la mujer ante los legisladores.

La investigaci¨®n apunta a que polic¨ªas ministeriales a bordo de una patrulla indicaron cu¨¢l era la casa y otros dos civiles en motocicleta vigilaron mientras se produc¨ªa el ataque. La Fiscal¨ªa estatal, de la misma de la que proceden algunos de los implicados, abri¨® carpetas de investigaci¨®n por homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa. Rosalinda, que cuenta con medidas de protecci¨®n, lleva a?os pidiendo a la Fiscal¨ªa General de la Rep¨²blica (FGR) que atraiga su caso.

¡°Por hacer bien mi trabajo, mataron a dos de mis hijos. Sabas Santiago Ipi?a particip¨®¡±, declar¨® ?valos en el Congreso, el pasado 12 de febrero: ¡°?l es compadre de uno de los imputados, que est¨¢ en el penal de Sonora, Miguel ¡®N¡¯. Se le han encontrado nexos con la delincuencia¡±. La agente ha narrado que Ipi?a se ha presentado como abogado defensor de integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generaci¨®n y que este grupo organizado patrocina incluso sus equipos de f¨²tbol. ¡°Por eso quiere entrar [en la elecci¨®n judicial], para poder manipular el proceso y dejar en libertad a los que mataron a mis hijos¡±, afirm¨®.

Ipi?a, alias Mexqui, trabajaba en la Direcci¨®n General de M¨¦todos, donde fue jefe del grupo de combate al narcomenudeo. Se inhabilit¨® por una lesi¨®n por arma de fuego tras un enfrentamiento en 2021. El a?o pasado se present¨® a dos de los procesos de selecci¨®n en San Luis Potos¨ª para ser juez. El del Poder Ejecutivo lo rechaz¨® por no cumplir con el requisito de haber sido abogado litigante al menos durante cinco a?os, pero el comit¨¦ del Legislativo lo coloc¨® como uno de los mejor evaluados, por lo que obten¨ªa pase directo a la elecci¨®n, sin pasar por la t¨®mbola.

As¨ª era hasta que el 12 de febrero, ?valos interrumpi¨® la sesi¨®n de insaculaci¨®n en el auditorio Manuel G¨®mez Mor¨ªn del Congreso y present¨® sus documentos de queja, entre los que inclu¨ªa la copia de la denuncia. La presidenta del Comit¨¦ de Evaluaci¨®n, Esther Maldonado Castillo, le pidi¨® al secretario t¨¦cnico y al notario que daba fe de la t¨®mbola, que le recibieran los escritos. ¡°Esto no puede quedar impune. Queremos justicia para nuestro pa¨ªs, justicia para mis hijos. No puede seguir ¨¦l ah¨ª en el proceso, no pueden permitirlo¡±, pidi¨® ?valos, ¡°y si va en la boleta pido que no voten por ¨¦l¡±.

Esta semana, la Junta de Coordinaci¨®n Pol¨ªtica del Congreso del Estado recibi¨® a la mujer y le comunic¨® que Ipi?a hab¨ªa sido eliminado de la lista. En las enviadas al Consejo Estatal Electoral y de Participaci¨®n Ciudadana (CEEPAC), no aparece efectivamente el nombre del expolic¨ªa. Todav¨ªa hay un per¨ªodo de impugnaciones, que el expolic¨ªa podr¨ªa utilizar. ¡°No es elegible, porque mi caso sigue en proceso, pero lo que s¨ª se puede comprobar es que no cumple con el requisito constitucional de ser litigante con m¨¢s de cinco a?os de experiencia¡±, ha explicado la mujer, que reconoce saberse en ¡°mucho riesgo¡±: ¡°Si algo me pasa, hago responsable a ¨¦l y toda la delincuencia organizada y al Cartel de la Ministerial¡±.

La pol¨¦mica reforma judicial, aprobada en noviembre del a?o pasado, lleva a M¨¦xico a la elecci¨®n directa de miles de juzgadores, desde los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Naci¨®n y magistrados hasta los jueces locales. Mientras en el ¨¢mbito federal ha habido un mayor escrutinio p¨²blico hacia las listas de candidatos, en el que se han encontrado un aluvi¨®n de irregularidades e inconsistencias, las elecciones locales se hab¨ªan mantenido m¨¢s en la sombra. El caso de San Luis Potos¨ª ilustra la que es, para expertos y organizaciones de derechos humanos, la mayor amenaza de la pr¨®xima reforma judicial: la penetraci¨®n directa de jueces vinculados al crimen organizado.