Desterrar la opacidad

Los altos cargos de la Administraci¨®n intervienen en asuntos de gran inter¨¦s ciudadano y sus resoluciones son muchas veces determinantes en las decisiones de gesti¨®n p¨²blica, por eso resulta inaceptable que una parte de esos cargos oculte informaci¨®n o no atienda a los requerimientos de transparencia que les son exigibles. Una sentencia de la Audiencia Nacional ha dejado claro ahora que el acceso de los ciudadanos a la informaci¨®n p¨²blica debe prevalecer sobre el derecho a la intimidad y la protecci¨®n de los datos personales de los altos cargos.

La sentencia obliga a la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI), dependiente del Ministerio de Pol¨ªtica Territorial y Funci¨®n P¨²blica, a hacer p¨²blica la identidad de los altos cargos requeridos por no haber cumplimentado la declaraci¨®n de bienes e intereses a la que est¨¢n obligados por ley. Esta informaci¨®n hab¨ªa sido solicitada por EL PA?S en 2018, y cuando el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el organismo dependiente del mismo ministerio, inst¨® a la OCI a facilitarla, esta recurri¨® a los tribunales. Sorprende que dos organismos del mismo ministerio se enfrenten con criterios tan dispares, pero a¨²n sorprende m¨¢s que una parte de los pleitos motivados por la aplicaci¨®n de la ley de transparencia proceda de cargos y funcionarios que tratan de eludirla.

Espa?a tard¨® mucho en adoptar las reglas de transparencia propias de las democracias consolidadas. Solo cuando la ola de corrupci¨®n puso de manifiesto que muchos de los esc¨¢ndalos hab¨ªan tenido como caldo de cultivo la opacidad en la que se mov¨ªan las Administraciones P¨²blicas se plante¨® la necesidad de legislar sobre esta materia. La Ley de Transparencia, Acceso a la Informaci¨®n P¨²blica y Buen Gobierno de 2013 correg¨ªa esa anomal¨ªa hist¨®rica y daba acceso a los ciudadanos a la informaci¨®n y archivos oficiales sin tener que justificar la petici¨®n. Pero las mismas resistencias que hab¨ªan retrasado la promulgaci¨®n han seguido lastrando su aplicaci¨®n.

Este caso revela el sentido patrimonial del cargo que tienen muchos empleados p¨²blicos y, lo que es m¨¢s grave, que el organismo que debe garantizar que no existan conflictos de inter¨¦s ni puertas giratorias entre la Administraci¨®n y las empresas privadas es uno de los m¨¢s opacos. Los altos cargos est¨¢n obligados a presentar una declaraci¨®n de bienes y actividades tanto al tomar posesi¨®n como al abandonar el cargo, y durante dos a?os no pueden trabajar para empresas sobre las que han tenido que tomar decisiones. El Tribunal de Cuentas revel¨® en 2016 que la OCI informaba favorablemente del 98% de las solicitudes de compatibilidad durante ese periodo de dos a?os y no comprobaba la veracidad de las declaraciones ni indagaba en las declaraciones de la renta, como le faculta la ley. Esas pr¨¢cticas han de ser desterradas.