P¨¦sima gesti¨®n

En pocos d¨ªas, la situaci¨®n de la pandemia en Lleida se ha descontrolado. La d¨¦bil estructura de los servicios de vigilancia epidemiol¨®gica no ha sido capaz de cortar las cadenas de contagio. Ante la evidencia de una transmisi¨®n comunitaria en r¨¢pida expansi¨®n resulta urgente adoptar medidas adicionales que permitan controlar el brote. En una situaci¨®n tan grave como esta, lo peor que puede ocurrir es que el Gobierno que debe dirigir la estrategia act¨²e de forma err¨¢tica, sin la necesaria lealtad institucional y sea incapaz de sustraerse a planteamientos partidistas. En lugar de generar confianza, la actuaci¨®n del Ejecutivo catal¨¢n ha provocado confusi¨®n y una enorme frustraci¨®n.

Apenas una semana despu¨¦s de haber decretado el aislamiento perimetral del Segri¨¤, para el que obtuvo la correspondiente autorizaci¨®n judicial, el Gobierno de Quim Torra decidi¨® el s¨¢bado el confinamiento domiciliario de los 160.000 habitantes de Lleida y otros siete municipios. Pero esta vez la medida no obtuvo la autorizaci¨®n judicial. La juez de guardia suspendi¨® la orden bas¨¢ndose en dos tipos de objeciones: el informe presentado era tan defectuoso que ni siquiera ofrec¨ªa datos que objetivaran la necesidad del confinamiento y, en todo caso, la suspensi¨®n de derechos fundamentales de forma tan masiva es una competencia que corresponde al Gobierno central.

La propia juez sugiere que se solicite al Gobierno central una declaraci¨®n del estado de alarma parcial. Pero esta es una posibilidad que no ha contemplado el Ejecutivo catal¨¢n. En su cansina disputa competencial, ha decidido actuar de nuevo de forma unilateral ignorando que el principal argumento por el que el Gobierno central pidi¨® y obtuvo del Congreso de los Diputados la autorizaci¨®n para prorrogar varias veces el estado de alarma es que resulta imprescindible para mantener la suspensi¨®n de ciertos derechos fundamentales. Una gesti¨®n leal, diligente y constructiva de la situaci¨®n hubiera sido pactar con el Ejecutivo central la cobertura jur¨ªdica necesaria para controlar el brote, que no pasa necesariamente por el estado de alarma. Pero el presidente Torra ha preferido hacer de nuevo ostentaci¨®n de un poder que no le corresponde y prescindir de cualquier cooperaci¨®n institucional. A ese vicio inicial se sum¨® ayer el desprop¨®sito de considerar la suspensi¨®n judicial una ¡°traba burocr¨¢tica¡±, demostrando su pobre concepto del orden jur¨ªdico. Tras rechazar de nuevo la posibilidad de pedir al Gobierno un estado de alarma parcial, recurri¨® a la ambig¨¹edad para sugerir una voluntad de desobediencia que en absoluto se corresponde con sus actos posteriores. 

La Generalitat aprob¨® ayer un decreto para dar cobertura a otras medidas que permitan controlar la situaci¨®n en Lleida. El Gobierno central, en una actitud mucho m¨¢s constructiva que la de Torra, est¨¢ dispuesto a colaborar en una soluci¨®n. El confinamiento domiciliario no es la ¨²nica actuaci¨®n posible. Arag¨®n, por ejemplo, ha tomado medidas que afectan a m¨¢s del 50% de la poblaci¨®n sin violentar el orden jur¨ªdico. Y, por cierto, esas iniciativas han demostrado ser m¨¢s eficaces que las decretadas hasta ahora por el Govern. Es urgente arbitrar medidas de coordinaci¨®n que impidan crisis de gesti¨®n como esta, que lo ¨²nico que hacen es demorar la respuesta necesaria para frenar los rebrotes. El Gobierno present¨® ayer su plan de respuesta temprana y control de la pandemia. Es imperativo coordinar esfuerzos.