Buena se?al

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se encuentra en funciones desde hace un a?o y ocho meses por la persistente actitud del Partido Popular de bloquear su renovaci¨®n con el argumento de que resulta necesario cambiar la ley para que 12 de los 20 miembros del ¨®rgano de gobierno de los jueces sean elegidos por magistrados, y no por un pacto entre los partidos como se ha venido haciendo hasta ahora. Su cambio de posici¨®n, revelado hace unos d¨ªas, abre la posibilidad de un acuerdo en septiembre que termine con esta sangrante anomal¨ªa institucional. Es una buena se?al, entre otras cosas porque algunos de los nombramientos pendientes que debe realizar el Consejo afectan a la Sala de lo Penal del Supremo, la que juzg¨® el proc¨¦s y tendr¨¢ que pronunciarse sobre los recursos presentados, y carece de sentido que sean decididos por un gobierno en funciones. El hecho de que el PP haya aceptado el modelo vigente para renovar el Consejo est¨¢ relacionado con la decisi¨®n del ¨®rgano que preside Carlos Lesmes de paralizar cualquier nombramiento antes de que se normalice su situaci¨®n. Y con el apremio de las asociaciones judiciales.

Un mensaje por WhatsApp que envi¨® en noviembre de 2018 a los parlamentarios de su partido el entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosid¨®, fue la espita que provoc¨® esta larga e inaceptable par¨¢lisis. Se estaba negociando la renovaci¨®n del Consejo y Cosid¨® avis¨® a los suyos de que, si se aceptaba la propuesta de su grupo de nombrar al magistrado Manuel Marchena como presidente, eso les permitir¨ªa controlar ¡°por detr¨¢s¡± la Sala de lo Penal del Supremo. El esc¨¢ndalo fue may¨²sculo, y Marchena, en un gesto ejemplar, rechaz¨® de inmediato la propuesta. Pero el mal estaba hecho: las sombras sobre la falta de independencia del Poder Judicial se espesaron a¨²n m¨¢s, y volvi¨® a cuestionarse la forma de elegir los vocales del CGPJ. El problema, sin embargo, no est¨¢ tanto en los procedimientos constitucionales que otorgan a los diputados y senadores la facultad de decidir la composici¨®n del Consejo, sino en el uso oportunista que han hecho de esta atribuci¨®n los partidos mayoritarios.

El cambio de actitud del PP es tambi¨¦n una buena se?al en otro sentido. La estrategia que ha seguido el principal partido de la oposici¨®n durante la larga crisis de la pandemia ha sido la de propiciar el fracaso del Gobierno, con lo que ha convertido su imprescindible funci¨®n fiscalizadora y cr¨ªtica de las tareas del Ejecutivo en un permanente descr¨¦dito de cada una de sus iniciativas. Los desaf¨ªos para salir de la delicada coyuntura que atraviesa Espa?a exigen acuerdos y unas instituciones bien engrasadas: por eso renovar el Consejo es un paso imprescindible para fortalecerlas. Y el retorno al di¨¢logo entre el Gobierno y el principal partido de la oposici¨®n, una oportuna muestra de sentido democr¨¢tico.