Ponderaci¨®n

El trato exclusivamente judicial de la cuesti¨®n catalana fue ¡ªaunque indispensable y obligado en los casos de ilegalidad¡ª inh¨¢bil y contraproducente. Era y es ineludible afrontarla tambi¨¦n desde una perspectiva pol¨ªtica. Por ello, conviene descartar todo maximalismo ante iniciativas que pretenden reencauzar la vida pol¨ªtica catalana hacia la normalidad. Y ajustarse a la m¨¢xima ponderaci¨®n. No son ¨²tiles por ello los rechazos que minimizan medidas de reincorporaci¨®n al quehacer com¨²n de un nutrido grupo de catalanes (y de sus dirigentes) en aras de otras, como la amnist¨ªa, ajenas a la Constituci¨®n y m¨¢s propias de los cambios de r¨¦gimen. Ni la defensa del orden vigente con argumentos de un pasado inexistente. La democracia es inclusiva. Y su derecho penal, garantista y humanista.

Debe amainarse la tensi¨®n suscitada por los anuncios de eventuales medidas ¡ªtanto legislativas como de gracia¡ª con efectos sobre los secesionistas. De un lado, la necesidad de una reforma del C¨®digo Penal en cuanto a los delitos de rebeli¨®n y sedici¨®n es axioma a?ejo en el mundo jur¨ªdico, un¨¢nime entre los especialistas en ambas figuras. Voces del propio Tribunal Supremo la han sugerido, antes de la vista del proc¨¦s.

No en vano: la raigambre hist¨®rica de esos tipos es la subversi¨®n militar, lo que deja fuera, por ejemplo, amenazas a la Constituci¨®n espec¨ªficas de la era digital. Las conductas reguladas muestran desfases con la actualidad. La escala punitiva exhibe disfunciones de proporcionalidad. Y han perdido sinton¨ªa con otros ordenamientos europeos, lo que ilustra la irregular ventura de algunas acciones judiciales espa?olas.

Resulta pues leg¨ªtimo abrir espacio a esa reforma, pero sus tiempos, sesgos e intensidad deben ser ponderados con pulcritud m¨¢xima, y teniendo en cuenta al conjunto de la colectividad espa?ola, recipiendaria al fin y al cabo de los beneficios de toda reforma. Igualmente exige ponderaci¨®n el ejercicio de gracia.

El anuncio por el ministro de Justicia del inicio del procedimiento de indulto a los condenados secesionistas no debe llevar a esc¨¢ndalo: es un tr¨¢mite preceptivo, y en periodo acotado, que de no acatarse implicar¨ªa prevaricaci¨®n gubernamental. El indulto, adem¨¢s, es por imperativo legal (desde 1870), individual; no enmienda la plana a la justicia pues no anula el delito, sino que cancela una o varias de las penas; puede ser total o parcial.

Y se somete a estrictos filtros de legalidad como los dict¨¢menes no vinculantes del Tribunal Supremo, la Fiscal¨ªa y la autoridad penitenciaria. Pero opera en un plano distinto al del poder judicial. Como reza la ley que lo configura, debe atenerse al imperio de la ¡°utilidad p¨²blica¡±, es decir, el inter¨¦s pol¨ªtico general. En el que habr¨¢ que ponderar la necesidad de reintegrar al empe?o colectivo a un amplio n¨²cleo de la poblaci¨®n catalana que opt¨® por la desafecci¨®n, con la de preservar el principio de legalidad ¡ªy por tanto la modulaci¨®n seg¨²n el compromiso futuro de respetarla¡ª y con otras exigencias, como la de no perjudicar a terceros (condici¨®n que exige la ley).

Pero tanto en la reforma legal del C¨®digo Penal como en los procedimientos de indulto, una cosa es la oportunidad y otra el deber de no caer en el oportunismo partidista, como desdichadamente ha sugerido el socio menor de la coalici¨®n gubernamental, al vincularlos a los intereses inmediatos del Ejecutivo. Para ser cre¨ªble y viable, el enderezamiento de la cuesti¨®n catalana exige delicadeza y tratamiento aut¨®nomo respecto de otros asuntos, por capitales que sean. La coincidencia de calendario de ambas iniciativas con la negociaci¨®n presupuestaria hace inevitable exigir al Gobierno amplias explicaciones.

Entrecruzado con estos prop¨®sitos, este tambi¨¦n ha decidido ¡ªes su competencia, aunque sea redundante explicitarlo¡ª, obviar este a?o la tradicional presencia del Rey en el acto de entrega de t¨ªtulos a los nuevos jueces en Barcelona. Habr¨¢ sopesado las cuestiones log¨ªsticas y pol¨ªticas correspondientes. Pero estas razones de fuerza no agotan las inc¨®gnitas en un asunto de mayor cuant¨ªa: las instituciones del Estado, tambi¨¦n su jefatura, ejercen en todo el territorio. Tambi¨¦n aqu¨ª la transparencia es condici¨®n de confianza.