Los jueces no se tocan

La decisi¨®n un¨¢nime del Tribunal Supremo de Argentina de paralizar el traslado de tres jueces federales relacionados con una causa en la que se ve envuelta la vicepresidenta, Cristina Fern¨¢ndez, supone un rev¨¦s para el Gobierno de Alberto Fern¨¢ndez, promotor tanto de esta iniciativa como de un inquietante proyecto legal del que sectores de la sociedad argentina advierten que podr¨ªa poner en riesgo la independencia del poder judicial.

Argumentando una hipot¨¦tica irregularidad cometida durante la anterior Administraci¨®n, presidida por el conservador Mauricio Macri, el Gobierno peronista, su bancada parlamentaria y el Consejo de la Magistratura ¡ªcontrolado por el kirchnerismo¡ª hab¨ªan intentado apartar de sus puestos a tres jueces federales. Pero se da la circunstancia de que cada uno de esos tres magistrados ha estado o est¨¢ a cargo de una causa que afecta directamente a la vicepresidenta, Cristina Fern¨¢ndez. Se trata de un esc¨¢ndalo sobre comisiones ilegales conocido como el caso cuadernos. Los jueces afectados son el que aprob¨® la instrucci¨®n del caso, el que emiti¨® una condena contra Amado Boudou ¡ªvicepresidente de Argentina durante una parte del mandato presidencial de Fern¨¢ndez (2007-2015)¡ª y el magistrado que todav¨ªa tiene que terminar de juzgar el esc¨¢ndalo.

En el poder judicial argentino, como en cualquier democracia, coexisten ramas de magistrados m¨¢s conservadores y m¨¢s progresistas, pero significativamente el Supremo del pa¨ªs sudamericano ha sido un¨¢nime en esta ocasi¨®n al adoptar su resoluci¨®n de frenar al Gobierno. Los jueces han entendido que los hechos tienen ¡°una gravedad institucional inusitada¡±. La separaci¨®n de poderes es fundamental en el armaz¨®n institucional democr¨¢tico, y aunque el presidente, Alberto Fern¨¢ndez, asegure que de lo que se trata es de restaurar ¡°el orden perdido¡±, es dif¨ªcil no interpretar este movimiento como una interferencia en la labor judicial y un intento, m¨¢s bien brusco, de evitar que su vicepresidenta tenga que dar explicaciones ante la justicia por unos hechos debidamente investigados como tendr¨ªa que hacer cualquier otro ciudadano.

Pero no es este el ¨²nico preocupante avance del Ejecutivo peronista sobre el poder judicial. En uno de los pa¨ªses donde los efectos sociales y econ¨®micos de la covid-19 est¨¢n siendo m¨¢s graves y con el confinamiento m¨¢s prolongado del mundo sufrido por la provincia de Buenos Aires, el Gobierno est¨¢ poniendo todas sus energ¨ªas en una reforma que afecta a jueces y servicios secretos. Una reforma probablemente necesaria, pero que deber¨ªa ser fruto de un gran acuerdo pol¨ªtico nacional so pena de arrojar una importante sombra sobre el edificio institucional argentino.