A la caza del juez: desmantelamiento de una insidia

La trama G¨¹rtel, que ha implicado de lleno al Partido Popular, tiene de todo, incluida una indecente ofensiva contra uno de los jueces que enjuici¨® el primer episodio de esa oscura saga: Jos¨¦ Ricardo de Prada.

Lo sucedido responde al guion de la estrategia de ruptura. Una forma de operar, no en el proceso, sino contra ¨¦l, propia de los imputados antisistema y hoy parad¨®jicamente asumida por sujetos p¨²blicos en el banquillo y sus entornos pol¨ªticos y medi¨¢ticos. El objetivo es desestabilizar las causas, deslegitimar a los jueces inc¨®modos y, en general, a la jurisdicci¨®n misma. Nuestro pa¨ªs, desde que un segmento nada marginal de la pol¨ªtica se precipit¨® en la ilegalidad, para acabar, en ocasiones (pocas), en el juzgado y en la c¨¢rcel, ha conocido bastantes intervenciones de esa ¨ªndole. Pero ninguna tan odiosa como la campa?a que motiva este escrito.

De Prada ha sufrido grav¨ªsimas imputaciones calumniosas de altos exponentes de aquella formaci¨®n, con su ¨¢pice en el Congreso, donde fue groseramente insultado por el diputado Carlos Rojas, con patente abuso de su posici¨®n en el acto. A ello se suma el ensa?amiento de algunos medios supuestamente informativos.

El culmen de esta ofensiva ha tenido como percha un error de la oficina de informaci¨®n del Tribunal Supremo que atribu¨ªa a la Sala Segunda una afirmaci¨®n ¡ªinexistente en su sentencia¡ª que descalificaba la de la Audiencia Nacional, convertida en punto de apoyo para la renovaci¨®n de la acometida. Incluso para Mariano Rajoy fue el clavo ardiendo usado para tratar de autoeximirse de una responsabilidad pol¨ªtica, como tal, ni imputada ni objeto de la causa. Pero necesariamente suscitada por ella como asunto, dada su posici¨®n en el partido y la naturaleza y extrema gravedad de las conductas acreditadas. Pues, por lo que supone para una organizaci¨®n la financiaci¨®n ilegal de parte de sus actividades: ?c¨®mo no preguntarse por el momento organizativo de la toma de conocimiento y de las decisiones imprescindibles al respecto?

La frase indebidamente incorporada a la nota de prensa dec¨ªa que el Tribunal Supremo ¡°considera excesivas las menciones a la caja b del PP de la sentencia recurrida porque no puede haber responsabilidad penal sin acusaci¨®n o defensa¡±. Y ocasion¨® descalificaciones como: ¡°El juez De Prada fue la mano que meci¨® la cuna de un cambio de Gobierno¡±. ¡°La maniobra pol¨ªtico-judicial ejecutada por el magistrado progresista Jos¨¦ Ricardo de Prada¡±. ¡°La morcilla que introdujo al dictado del PSOE un magistrado progresista en la sentencia de la G¨¹rtel para afirmar que exist¨ªa una caja B del PP¡±. ¡°Un juez progresista hizo de mamporrero del PSOE¡±.

A la nota y su eco sigui¨® una elocuente rectificaci¨®n. Obvia porque, a¨²n sin acusaci¨®n en este punto, la Audiencia Nacional debi¨® operar discursivamente con el dato acreditado de que B¨¢rcenas se hab¨ªa apropiado de fondos del partido no incluidos en la caja A; y tal fue la raz¨®n de una de sus condenas. Por eso, la doble afirmaci¨®n del Supremo: ¡°[La Audiencia Nacional] cont¨® con una prueba de cargo v¨¢lida y suficiente para concluir tanto la existencia de una caja B del PP [¡­] como los distintos actos de apoderamiento¡±. Y tal ¡°es el nexo com¨²n que sirve de amalgama al conjunto de episodios y actuaciones recogidos en la declaraci¨®n de hechos probados¡±.

En consecuencia: inobjetable rigor en la valoraci¨®n y el manejo de los datos, y una actuaci¨®n jurisdiccional irreprochable. Algo sin el menor eco en los medios y por los autores puestos al servicio del vilipendio.

De Prada pidi¨® amparo al Consejo General del Poder Judicial por la insidiosa campa?a. Con sobrados motivos, en cuanto que no estaba solo dirigida contra ¨¦l, sino tambi¨¦n contra la propia jurisdicci¨®n y creaba confusi¨®n en la ciudadan¨ªa sobre las concretas actuaciones judiciales y acerca de los l¨ªmites ¨¦tica y constitucionalmente impuestos a cualquier cr¨ªtica. Por eso resulta incomprensible la pasividad del Consejo ante acciones que afectan de modo tan directo y tan negativamente a los valores centrales de la jurisdicci¨®n. Precisamente, en su calidad de instituci¨®n no ¡°de Gobierno¡± ¡ªporque en la jurisdicci¨®n no hay nada que gobernar¡ª sino de garant¨ªa. La respuesta, claro, ha sido negativa del amparo: es razonable que el Consejo sea incapaz de defender en los jueces una independencia que ¨¦l no tiene.

De Jos¨¦ Ricardo de Prada puede muy bien decirse lo escrito por Piero Calamandrei, en Elogio de los jueces, escrito por un abogado, sobre uno de aquellos: ¡°Alguno, en los primeros tiempos del fascismo, lo llamaba ¡®el juez rojo¡¯; y no era en realidad ni rojo ni gris. [¡­] Era sencillamente un juez justo, y por eso lo tachaban de ¡®rojo¡¯. Porque siempre, y este es uno de los muchos sinsabores que sufre el juez justo: cuando no est¨¢ dispuesto a servir a una facci¨®n, se le acusa de estar al servicio de la contraria¡±.

Perfecto Andr¨¦s Ib¨¢?ez y Ramiro Garc¨ªa de Dios han sido magistrados. Rafael Fluiters Casado es magistrado en un juzgado civil de Madrid.