Recta final

Tras el rechazo de las enmiendas a la totalidad presentadas por el PP, Ciudadanos y Vox, la nueva ley de educaci¨®n que se discute en el Congreso, la octava desde 1978, enfila la recta final de tramitaci¨®n parlamentaria para que pueda entrar en vigor el pr¨®ximo curso. La Lomloe derogar¨¢ gran parte de los cambios introducidos por la controvertida ley Wert (Lomce), entre ellos los itinerarios que segregaban a los alumnos o las rev¨¢lidas de fin de etapa. Ser¨ªa deseable, no obstante, que la nueva ley alcance el mayor consenso posible, de forma que se puedan evitar los vaivenes legislativos que tanto perjudican a la educaci¨®n.

Existe un amplio acuerdo sobre aspectos importantes, como la reforma de la carrera docente, la autonom¨ªa de centros o la implantaci¨®n de mecanismos de evaluaci¨®n. La negociaci¨®n de las enmiendas ha permitido introducir retoques destinados a reforzar la equidad y la igualdad de oportunidades, entre ellos un reparto m¨¢s equilibrado del alumnado vulnerable entre la red p¨²blica y la concertada mediante comisiones de matriculaci¨®n y criterios preestablecidos de admisi¨®n. En estos momentos, los centros p¨²blicos tienen el 67% del alumnado, pero acogen al 79% de los ni?os de origen inmigrante y a nueve de cada diez menores de hogares con renta baja. Se trata de evitar que los centros concertados eviten a alumnos desfavorecidos mientras los p¨²blicos se convierten en guetos.

Tambi¨¦n es razonable que los centros que segreguen a los alumnos por sexo no puedan recibir financiaci¨®n p¨²blica, lo que afecta a m¨¢s de ochenta de ellos, en su mayor¨ªa religiosos, que imparten educaci¨®n diferenciada. Aunque el Tribunal Constitucional sostiene que este tipo de educaci¨®n no es discriminatoria, choca con los principios de equidad y coeducaci¨®n que la ley defiende. Del mismo modo, resulta l¨®gico que no pueda destinarse suelo p¨²blico a la construcci¨®n de centros privados.

M¨¢s pol¨¦mico es el acuerdo para eliminar la referencia al castellano como lengua vehicular en todo el territorio nacional que figura en la ley Wert y dejar al criterio de las autoridades educativas el tratamiento concreto que tendr¨¢ cada idioma en las comunidades con lengua cooficial. La supresi¨®n no tiene por qu¨¦ perjudicar al castellano, dada su condici¨®n de lengua oficial. Lo que procura es blindar el modelo de inmersi¨®n ling¨¹¨ªstica que se aplica en Catalu?a. Los partidos de la oposici¨®n ya han anunciado que lo recurrir¨¢n ante el Constitucional, pues estiman que deja desprotegido al castellano.

La inmersi¨®n ling¨¹¨ªstica ha demostrado hasta ahora ser un instrumento eficaz para proteger al catal¨¢n, la lengua minorizada, sin perjudicar al castellano. Las pruebas de nivel o de acceso a la universidad indican que la inmersi¨®n no hace que los alumnos catalanes acaben sus estudios con un menor nivel de castellano que el resto de los alumnos espa?oles. Es importante insistir, en todo caso, en una aplicaci¨®n flexible del modelo de inmersi¨®n ling¨¹¨ªstica. Eso significa reforzar el castellano como lengua vehicular en las zonas de dominio social del catal¨¢n y reforzar el catal¨¢n en los lugares de preeminencia social del castellano. No se trata tanto de fijar porcentajes r¨ªgidos y homog¨¦neos de materias en castellano o en catal¨¢n, sino de asegurar que se alcance el objetivo de que al final de la escolarizaci¨®n todos los alumnos alcancen un nivel de biling¨¹ismo que les permita dominar por igual, y al m¨¢ximo nivel posible, ambas lenguas.