La ambig¨¹edad del concepto de desinformaci¨®n

La publicaci¨®n, el pasado 5 de noviembre, de una orden ministerial del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democr¨¢tica por la que se da curso al ¡°Procedimiento de actuaci¨®n contra la desinformaci¨®n¡±, aprobado por acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional en su reuni¨®n del 6 de octubre, ha desatado una gran pol¨¦mica por la ambig¨¹edad de su redacci¨®n. El Gobierno ha dicho que ha sido malinterpretada, que solo es un procedimiento frente a las ¡°campa?as de desinformaci¨®n¡± impulsadas por potencias extranjeras (se piensa, especialmente, en Rusia, aunque no se diga) que no afecta a los medios de comunicaci¨®n nacionales, y que la prueba es que en ella no se prev¨¦ ning¨²n tipo de infracciones ni sanciones administrativas.

Y tienen raz¨®n¡­ Sin embargo, la orden ministerial ha causado en mucha gente una gran inquietud e inseguridad jur¨ªdica. No solo en los partidos de la oposici¨®n, que es entendible, sino en las asociaciones de medios y periodistas y, tambi¨¦n, en juristas y ciudadanos independientes que han le¨ªdo la norma en el BOE y que no la han terminado de entender y que, quiz¨¢ por eso mismo, les ha preocupado.

Con unos d¨ªas de perspectiva y ya con una mayor frialdad y objetividad, tanto el Gobierno como todos nosotros deber¨ªamos analizar por qu¨¦ ha saltado ese resorte instintivo que todos tenemos y que nos alerta de un posible peligro, aunque racionalmente no tengamos todas las evidencias.

Dice el art¨ªculo 3.1 del C¨®digo Civil que ¡°las normas se interpretar¨¢n¡±, en primer lugar, ¡°seg¨²n el sentido propio de sus palabras¡± y ¡°en relaci¨®n con el contexto¡±. Y en la citada orden ministerial no queda muy claro el sentido de algunas palabras y expresiones y, a¨²n menos, en relaci¨®n con el contexto de las mismas: tanto el normativo, como el org¨¢nico, el operativo e, incluso, el pol¨ªtico y social. La definici¨®n que se ofrece de ¡°desinformaci¨®n¡±, tomada de la Comunicaci¨®n de la Comisi¨®n Europea sobre la lucha contra la desinformaci¨®n en l¨ªnea (de 2018), es bastante ambigua: ¡°Informaci¨®n verificablemente falsa o enga?osa que se crea, presenta y divulga con fines lucrativos o para enga?ar deliberadamente a la poblaci¨®n, y que puede causar un perjuicio p¨²blico¡±. En ella cabe casi todo.

Pero, adem¨¢s, no hay en la definici¨®n una menci¨®n expresa a las ¡°campa?as de potencias extranjeras¡± que tienen la intenci¨®n de influir en procesos electorales, que fue el origen de esta estrategia. Sino que se ampl¨ªa el objetivo a ¡°amenazas a bienes p¨²blicos como la salud, el medio ambiente y la seguridad, entre otros¡±, y ya no especifica si se refiere a un ¡°enemigo exterior¡± o a amenazas interiores.

Tampoco tranquilizan mucho expresiones como ¡°la desinformaci¨®n puede estar presente y afectar a cualquier campo¡±, junto con la especificaci¨®n de objetivos y prop¨®sitos tales como ¡°atajar la desinformaci¨®n¡±, ¡°examinar el pluralismo de los medios de comunicaci¨®n¡± o ¡°fomentar la informaci¨®n veraz, completa y oportuna que provenga de fuentes contrastadas de los medios de comunicaci¨®n¡±.

Por ¨²ltimo, y en lo que se refiere al contexto pol¨ªtico y social, no ayudaron las declaraciones de la ministra de Asuntos Exteriores diciendo que ¡°aqu¨ª no se trata de limitar la libertad de expresi¨®n, pero s¨ª se trata de limitar que se puedan vehicular falsedades a trav¨¦s de los medios de comunicaci¨®n, que hoy son los peri¨®dicos, las radios, las televisiones y tambi¨¦n las plataformas digitales¡±.

Llegados a este punto, aparte de reconocer los fallos en la redacci¨®n y en las explicaciones, como prueba de que efectivamente no hay nada que temer y la libertad de expresi¨®n y el derecho de la informaci¨®n no est¨¢n en peligro en Espa?a, el Gobierno deber¨ªa dar alg¨²n paso en este tema.

Ya ha dado uno, pues junto al famoso ¡°Procedimiento de actuaci¨®n contra la desinformaci¨®n¡± se public¨® en el BOE, el mismo d¨ªa (5 de noviembre), otra orden para la elaboraci¨®n de la Estrategia de Seguridad Nacional 2021, que se aprob¨® por el Consejo Nacional de Seguridad en la misma reuni¨®n que aquella (6 de octubre), pero que ha pasado inadvertida. En esa Estrategia Nacional de Seguridad 2021 deber¨¢n enmendarse las ambig¨¹edades y dejar meridianamente claro de qu¨¦ estamos hablando cuando hablamos de ¡°desinformaci¨®n¡± en el contexto de la seguridad nacional. Y, como dice el art¨ªculo cuarto, podr¨¢ contar con un ¡°comit¨¦ asesor compuesto por representantes de los sectores p¨²blico y privado y de la sociedad civil¡±.

Es verdad que se parte de una situaci¨®n de desconfianza, pues, en relaci¨®n con la crisis de la covid, se dice que ¡°se ha visto exacerbada por el uso perverso de la desinformaci¨®n por parte de actores tanto estatales como no estatales, con objeto de minar nuestras instituciones y alentar la polarizaci¨®n social, haciendo necesaria la puesta en marcha de mecanismos de lucha contra esta amenaza¡±. Vuelven a saltar las alarmas y la pregunta ?de qu¨¦ estamos hablando?: ?de una amenaza solo exterior o tambi¨¦n interior?; ?de una amenaza contra la seguridad nacional o contra nuestras instituciones? (l¨¦ase: cr¨ªticas al Gobierno); ?qu¨¦ mecanismos de lucha contra estas amenazas se van a poner en marcha?, ?y qu¨¦ garant¨ªas? Para disolver las dudas necesitamos transparencia.

Borja Adsuara Varela es experto en Derecho y Estrategia Digital.