Ministerio opaco

La transparencia es un deber al que est¨¢n obligados los poderes en democracia. Y m¨¢s imperiosa es a¨²n la necesidad de cumplir con ese deber en tiempos de emergencia, cuando la declaraci¨®n de un mecanismo excepcional como el estado de alarma, aunque plenamente constitucional, suscita comprensibles cuestionamientos por la suspensi¨®n que supone de ciertos derechos y libertades.

Con mucho retraso, la ley de transparencia introdujo en 2013 en Espa?a la obligaci¨®n de las autoridades de responder en plazos acotados a las preguntas sobre sus gestiones, reuniones o documentos. Durante el primer estado de alarma de la pandemia, en vigor desde el 14 de marzo, el Gobierno congel¨® los plazos establecidos por esta ley, lo que ceg¨® a los ciudadanos informaci¨®n importante sobre actas del comit¨¦ de expertos en las que el Gobierno afirmaba basar sus decisiones o los contratos de compra de material, sobre los que cay¨® una opacidad que combina mal con el Estado de derecho. La situaci¨®n de emergencia aliger¨® la tramitaci¨®n de contratos, pero eso no era excusa para no divulgarlos, como advirti¨® ya en abril la Junta Consultiva de Contrataci¨®n P¨²blica, dependiente del Ministerio de Hacienda. La Ley de Contrataci¨®n P¨²blica obliga a ello. Y ese fue el primer aviso.

Ahora ha sido el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, creado en 2015 para velar por el cumplimiento de la ley de transparencia, el que ha denunciado la opacidad del Ministerio de Sanidad por dificultar el derecho constitucional a acceder a la informaci¨®n p¨²blica. Pasados los primeros meses del estado de alarma y recuperada la obligaci¨®n de responder en tiempo y forma, Sanidad ha optado por el silencio en 15 de las 17 peticiones de informaci¨®n hechas por el Consejo. Se trata de consultas sobre las reuniones del ministro Salvador Illa y del director del Centro de Coordinaci¨®n de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Sim¨®n; sobre las compras de material; sobre protocolos de los casos en que los miembros del Gobierno pueden saltarse la cuarentena; sobre la informaci¨®n estad¨ªstica disponible; o sobre las actas de reuniones de comit¨¦s creados para luchar contra la covid.

La transparencia es un deber ante el derecho del ciudadano a conocer lo que hace la Administraci¨®n p¨²blica. Y es tambi¨¦n un componente clave de una cultura democr¨¢tica que no conviene deteriorar. M¨¢xime en una situaci¨®n de alarma sanitaria que obliga a restringir las libertades. El Gobierno debe ser escrupuloso en su cumplimiento y en ning¨²n caso regalar argumentos a quienes cuestionan, tambi¨¦n en pleno ejercicio de sus derechos, las consecuencias no deseadas del estado de alarma. No den razones a quienes temen que el estado de alarma signifique opacidad. Por el contrario, den siempre informaci¨®n.