Un giro necesario, pero con garant¨ªas

El anteproyecto que ha presentado el Gobierno para reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal viene a satisfacer una demanda que desde distintos sectores pol¨ªticos, acad¨¦micos y jur¨ªdicos se demandaba desde hace tiempo. La actual ley, de 1882, estuvo concebida para un mundo que poco tiene que ver con el de hoy y, al margen de actualizaciones parciales, es necesario una reforma de fondo para adecuar la materia a las exigencias de nuestro tiempo y aproximarla a las legislaciones de los pa¨ªses de nuestro entorno, frente a las cuales ha sido una excepci¨®n. El cambio m¨¢s importante tiene que ver con la instrucci¨®n de la causa, que ser¨¢ responsabilidad exclusiva del fiscal como ocurre en la mayor parte de los pa¨ªses occidentales, con lo que se libera de la misma al juez: su papel queda al margen de los intereses en conflicto y su tarea es velar por las garant¨ªas de las partes, asegurando que la investigaci¨®n se realiza dentro del m¨¢s escrupuloso respeto por los derechos fundamentales. La propuesta se adapta mejor al esp¨ªritu de la Constituci¨®n y aproxima la legislaci¨®n espa?ola al marco europeo.

Los cambios que introducir¨¢ esta reforma, que ya intentaron desde distintos ¨¢ngulos tanto el PSOE como el PP, son de tal envergadura ¡ªdeben tocarse otras leyes y el C¨®digo Penal¡ª que modificar¨¢n radicalmente el funcionamiento de los procesos penales. Por eso resulta imprescindible lograr un gran consenso entre las fuerzas pol¨ªticas y procurar, durante su tramitaci¨®n, que se produzcan rigurosos debates t¨¦cnicos que contribuyan a construir un andamiaje s¨®lido y estable, y con af¨¢n de durar.

El mayor problema de la reforma, al otorgar la instrucci¨®n a los fiscales, es la de la dependencia jer¨¢rquica de la Fiscal¨ªa respecto del Gobierno de turno, lo que seg¨²n sus cr¨ªticos podr¨ªa comprometer seriamente la investigaci¨®n, sobre todo en los procesos por corrupci¨®n. Esa dependencia es habitual en las legislaciones de nuestro entorno, puesto que es al Gobierno al que le corresponde ejecutar su pol¨ªtica criminal a trav¨¦s de la Fiscal¨ªa. Pero esta opera de manera aut¨®noma. De lo que se trata, por tanto, es de reforzar esa autonom¨ªa potenciando su imparcialidad, lo que obliga a revisar su estatuto org¨¢nico, introduciendo todas las precauciones que eviten situaciones an¨®malas que favorezcan el descr¨¦dito de la instituci¨®n. Como la que se produjo con la elecci¨®n de una fiscal general ¡ªDolores Delgado¡ª que acababa de dejar de ser ministra de Justicia con un Gobierno de an¨¢logos objetivos al que la nombraba. Este hecho ha contribuido notablemente a levantar sombras sobre la separaci¨®n de poderes y podr¨ªa entorpecer, junto a otros signos que han revelado una intensa politizaci¨®n de la Fiscal¨ªa, el desarrollo de una reforma que tiene que estar por encima de la polarizaci¨®n partidista que caracteriza la pol¨ªtica espa?ola.

La ambici¨®n de la reforma, pr¨®xima a la que propuso el ministro Caama?o en el Gobierno de Zapatero, es tal que toca un abanico de cuestiones de extrema relevancia. Un problema serio es que no aporta una memoria econ¨®mica para afrontar un desaf¨ªo de semejante alcance. Tiene aciertos, como el de mantener la acci¨®n popular, pero excluyendo de ella a personas jur¨ªdicas p¨²blicas, partidos y sindicatos, lo que contribuir¨¢ a reducir el politiqueo de trincheras que impregna ciertas causas. Merece apoyo la creaci¨®n de un estatuto de la v¨ªctima, pero el anteproyecto resulta timorato al no ser capaz de defender una polic¨ªa judicial que dependa de las autoridades judiciales y no del Ejecutivo: es algo que reforzar¨ªa claramente la autonom¨ªa de la instrucci¨®n. El proyecto tampoco aborda de forma satisfactoria el asunto de las filtraciones, que tanto da?o hacen al derecho a la presunci¨®n de inocencia; la comunicaci¨®n queda en manos del fiscal, pero no avanza exigencias que garanticen claramente la transparencia informativa. La pelota solo ha empezado a rodar. El primer paso es el de concitar grandes acuerdos en torno a las l¨ªneas maestras del plan. Luego habr¨¢ que detenerse en los abundantes ¡ªy decisivos¡ª tecnicismos y, si hay consenso, a la tit¨¢nica tarea de reorganizaci¨®n.