Turqu¨ªa: otro paso atr¨¢s
El r¨¦gimen de Erdogan refuerza su veta autoritaria con una ley para controlar a la sociedad civil
De nuevo suenan las alarmas sobre otro retroceso, uno m¨¢s, de las libertades p¨²blicas en Turqu¨ªa. Esta vez por una ley que interfiere en las actividades de las ONG, hasta el punto de prever la sustituci¨®n de sus dirigentes, la intervenci¨®n de cuentas o incluso la cancelaci¨®n de sus actividades, con la hip¨®crita excusa de equiparar la legislaci¨®n turca a los est¨¢ndares internacionales contra el terrorismo o la proliferaci¨®n de armas de destrucci¨®n masiva.
El Consejo de Europa ha expresado su preocupaci¨®n por esta iniciativa que pretende controlar e incluso terminar con las asociaciones de la sociedad civil turca que se dedican a la vigilancia y promoci¨®n de los derechos humanos y al auxilio a los detenidos y a las v¨ªctimas de los abusos de las autoridades. Esta legislaci¨®n, aprobada por el Parlamento de mayor¨ªa islamista, se suma a las crecientes limitaciones a la libertad de expresi¨®n, al pluralismo pol¨ªtico y a la independencia de los jueces que caracterizan al r¨¦gimen de Recep Tayyip Erdogan desde el fracasado golpe de Estado de julio de 2016.
Id¨¦ntico endurecimiento autoritario est¨¢n experimentando pa¨ªses como Rusia, China o India, donde el control de las ONG constituye un eslab¨®n fundamental para ocultar las crecientes vulneraciones de los derechos humanos. El caso de Erdogan es especialmente preocupante, por cuanto este pa¨ªs, bajo su liderazgo, ha mantenido sobre el papel y luego ha ido incumpliendo sus compromisos como firmante de las convenciones europeas e internacionales de derechos humanos.
El ¨²ltimo incumplimiento ha sido la negativa a obedecer la orden de liberaci¨®n inmediata de Selahattin Demirtas emitida por la Corte Europea de Derechos Humanos. Demirtas se halla en prisi¨®n preventiva desde hace cuatro a?os a la espera de un juicio en el que se le piden 142 a?os de prisi¨®n por terrorismo como dirigente de una organizaci¨®n hasta ahora legal, el Partido de la Democracia de los Pueblos (HDP), que cuenta con millares de sus militantes y exdiputados en las c¨¢rceles y se arriesga ahora a su ilegalizaci¨®n con la ley contra las ONG.
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