En el nombre del rey, y contra el rey

El art¨ªculo 117 de la Constituci¨®n dice que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey. Pero ni este ni aquel parecen lograr que el poder pol¨ªtico se avenga a aceptar pac¨ªficamente la independencia del judicial, sometido hoy a tal clase de presiones y claudicaciones que en realidad parece que lo que pretenden nuestros l¨ªderes, sin distinci¨®n de ideolog¨ªas, es que dependa enteramente de ellos. Al fin y al cabo, ya hace d¨¦cadas que Alfonso Guerra decret¨® la muerte de Montesquieu.

Se celebra hoy la apertura del curso judicial con un Consejo General prorrogado desde hace a?os, al igual que el Tribunal Constitucional, o el Defensor del Pueblo, y ahora tambi¨¦n el Tribunal de Cuentas. Lo irregular del caso se debe a un sectarismo y obcecaci¨®n que tienen nombre y apellidos: Pedro S¨¢nchez y Pablo Casado. Ambos demandan unidad y consenso, pero solo provocan enfrentamiento y fragmentaci¨®n en pos de ambiciones peque?as que a este paso no les ser¨¢n muy duraderas. Ni la pandemia, causante de m¨¢s de cien mil muertos y otros muchos miles de ciudadanos enviados a la quiebra cuando no a alinearse en las colas del hambre; ni los ataques a la unidad territorial de Espa?a y a la Constituci¨®n que la garantiza; ni la campa?a contra una forma de Estado, la monarqu¨ªa parlamentaria, que con cuantos errores puedan haberse cometido ha generado la etapa m¨¢s larga de libertad, democracia y bienestar disfrutados por los espa?oles; ni la reciente derrota militar de Estados Unidos y sus aliados europeos en Afganist¨¢n; ni tantas otras calamidades p¨²blicas que podr¨ªamos citar, parecen motivo suficiente para que los l¨ªderes del PSOE y el PP sean capaces de negociar decisiones que por su propia naturaleza demandan consenso. El presidente del Gobierno se resiste incluso a informar al Parlamento sobre cuestiones tan graves como las apuntadas, faltando gravemente a la rectitud moral exigible a un gobernante democr¨¢tico. ?l y su principal opositor se dedican a insultarse en los esca?os de las Cortes, convirtiendo su pr¨¦dica en vulgar pelea de polluelos, pues ni siquiera tienen el afilado espol¨®n de los gallos. Hasta el punto de que el autocomplaciente argumentario socialista no trata tanto de defender su proyecto, si proyecto hubiera, sino de mostrarse como si el Gobierno fuera la oposici¨®n de la oposici¨®n.

En este panorama, que desdice del comportamiento mayoritariamente pac¨ªfico de nuestra ciudadan¨ªa, los espa?oles tienen derecho a la angustia. Ya he citado los nombres de los responsables, pero, como es obvio, lo es mayormente el jefe del Gobierno, obligado como est¨¢ a velar por el inter¨¦s general, que incluye tambi¨¦n las demandas de quienes no le votaron. Su aseveraci¨®n de que en momentos como por los que atravesamos el di¨¢logo con el PP se ha establecido al nivel conveniente, un destacado fontanero pol¨ªtico de La Moncloa, expresa la profundidad del problema. El interlocutor adecuado para presidente del Gobierno es el jefe de la oposici¨®n, por m¨¢s que este nombramiento no exista en el reglamento parlamentario, aunque s¨ª en los decretos de protocolo del Estado. El propio S¨¢nchez disfrut¨® de esa prerrogativa, garant¨ªa de estabilidad en un sistema basado en un bipartidismo imperfecto, amenazado hoy por la fragmentaci¨®n identitaria y las pol¨ªticas del odio.

El acto de hoy se celebra en medio de la mayor crisis judicial que ha conocido nuestra democracia. La elecci¨®n de jueces y magistrados miembros del CGPJ por el Parlamento, y no por los integrantes de la carrera judicial, ha derivado en una seria politizaci¨®n de la justicia, correlativa a la ya extrema judicializaci¨®n de nuestra vida pol¨ªtica. El m¨¦todo de selecci¨®n fue cambiado a instancias del primer gobierno de Felipe Gonz¨¢lez, que logr¨® una mayor¨ªa parlamentaria absoluta en las elecciones celebradas despu¨¦s del golpe de Estado del 23-F. Gran parte de la magistratura proven¨ªa entonces del franquismo. Adem¨¢s de padecer las tendencias expansivas naturales de todo poder ejecutivo, Gonz¨¢lez pens¨® que un mayor control parlamentario del estamento judicial facilitar¨ªa el normal desarrollo de la Transici¨®n en un pa¨ªs acosado, de una parte, por las militaradas, y de otra, por el terrorismo etarra. Nuestra naciente democracia estaba as¨ª visible y violentamente amenazada. El cambio legislativo lo impuls¨® el ministro de justicia, Fernando Ledesma, miembro de Jueces para la Democracia, asociaci¨®n que desempe?¨® un papel importante en la renovaci¨®n del Poder Judicial cuya independencia ha brillado, con las inevitables excepciones, durante los m¨¢s de 40 a?os de monarqu¨ªa parlamentaria.

Pero los tiempos han cambiado. Jueces para la Democracia hoy son todos los jueces y magistrados en ejercicio, cualesquiera que sean su credo religioso, orientaci¨®n pol¨ªtica, identidad sexual o tendencias intelectuales. Parece abusivo que una asociaci¨®n profesional concreta mantenga ese nombre en exclusiva, como si las dem¨¢s no trabajaran igualmente por la consolidaci¨®n democr¨¢tica. Mientras se fortalec¨ªa as¨ª el Poder Judicial, se desfiguraba el del Parlamento. El sistema electoral de listas cerradas y bloqueadas ha dado a luz una aut¨¦ntica partitocracia, ajena demasiadas veces a la voluntad e intereses de los electores. De este modo, los nombramientos para el gobierno de los jueces han devenido en una especie de lotizaci¨®n partidaria. Parece m¨¢s que razonable volver al sistema de elecci¨®n por los propios jueces, tal como demanda la gran mayor¨ªa de ellos y sucede en la Uni¨®n Europea. PP y PSOE pueden y deben comprometerse a hacerlo en la presente legislatura. Pero es inadmisible que aplacen hasta ese momento la renovaci¨®n de los ¨®rganos judiciales. Renuncien a vetos, imposiciones y l¨ªneas rojas que solo son fruto de ideolog¨ªas facciosas e intereses inmundos y aparquen sus vetos e imposiciones a la b¨²squeda de un acuerdo inmediato. Lo exigen la dignidad de la justicia y los derechos de los ciudadanos.

La renovaci¨®n de los ¨®rganos del Poder Judicial, ejercido en el nombre del Rey, es tanto m¨¢s urgente cuanto que la Fiscal¨ªa, cuya primera titular est¨¢ pendiente en estas mismas fechas de una resoluci¨®n del Tribunal Supremo, viene investigando de modo nada transparente a don Juan Carlos I en un procedimiento lleno de filtraciones. En lo que a veces se asemeja a una especie de causa general contra el rey que contribuy¨® a traer la democracia a este pa¨ªs, se basa fundamentalmente en las diligencias de un fiscal suizo sobre el comportamiento de su examante, una mujer despechada ¡ªaunque el t¨¦rmino hiera la sensibilidad feminista¡ª y conocida conseguidora internacional. Pese a las informaciones publicadas, el rey em¨¦rito no ha sido llamado a declarar por nadie, ni acusado de nada por ning¨²n ¨®rgano jurisdiccional, espa?ol ni extranjero, en los m¨¢s de tres a?os que la opini¨®n p¨²blica se ha visto bombardeada por noticias sobre sus irregularidades fiscales, reconocidas por ¨¦l mismo cuando present¨® unas declaraciones complementarias. Sus abogados se?alan con acierto que se est¨¢ vulnerando su presunci¨®n de inocencia y el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva. Y eso, mediante la filtraci¨®n ilegal de documentos que son confidenciales.

De modo que el acto de hoy es mucho m¨¢s que una ceremonia protocolaria. Pese al triunfalismo impostado del Gobierno, el curso judicial se abre en un momento plagado de inc¨®gnitas y amenazas. La crisis de la justicia es solo una de las que padecemos, no a consecuencia de fen¨®menos naturales, como el cambio clim¨¢tico o la pandemia, sino debido al deterioro del liderazgo pol¨ªtico. Puesto que de Justicia hablamos hoy, habr¨¢ que reconocer finalmente lo acertado que estuvo el anterior ministro del ramo cuando defini¨® el actual momento pol¨ªtico como constituyente. Quiz¨¢ sea verdad que necesitemos una segunda Transici¨®n, no para arrumbar la primera sino para corregir sus errores. Eso exige en cualquier caso una reforma constitucional, imposible mientras persista la arrogancia del poder, tan compatible con su precariedad, y lo obcecado de la oposici¨®n, que parece haber renunciado a su calificativo de leal. Los causantes del problema tienen nombres y apellidos. No s¨¦ si sus sumisos diputados les perdonar¨¢n tanto desacierto. Salvo que corrijan rumbo, sus electores no deber¨ªan hacerlo.