Isla de desprop¨®sitos
La orden de demoler el complejo de lujo en Extremadura culmina un drama judicial que nunca debi¨® llegar tan lejos
El Tribunal Supremo considera que el complejo de recreo de lujo Isla de Valdeca?as, construido en un paraje protegido de un embalse de C¨¢ceres, debe ser demolido en su totalidad y el terreno que ocupa debe ser restituido a su estado original. La sentencia se conocer¨¢ en los pr¨®ximos d¨ªas, pero el adelanto del fallo anunciado esta semana supone, por sus efectos, una decisi¨®n notable dentro de la larga...
El Tribunal Supremo considera que el complejo de recreo de lujo Isla de Valdeca?as, construido en un paraje protegido de un embalse de C¨¢ceres, debe ser demolido en su totalidad y el terreno que ocupa debe ser restituido a su estado original. La sentencia se conocer¨¢ en los pr¨®ximos d¨ªas, pero el adelanto del fallo anunciado esta semana supone, por sus efectos, una decisi¨®n notable dentro de la larga y a veces tr¨¢gica historia del urbanismo espa?ol. No se conocen precedentes parecidos: deber¨¢n ser demolidas 185 viviendas, muchas de ellas habitadas desde hace una d¨¦cada, m¨¢s un hotel, instalaciones de p¨¢del, tenis, h¨ªpica y f¨²tbol, un campo de golf y una marina, aparte de las infraestructuras que dan acceso y servicios al complejo. La decisi¨®n del Supremo es el ¨²ltimo episodio de un drama judicial que dura 15 a?os y que nunca debi¨® llegar tan lejos.
El proyecto de resort de lujo se aprob¨® en 2007 con el apoyo del PSOE y el PP extreme?os, a trav¨¦s de un proyecto especial. Se trataba de una zona no urbanizable, ya que estaba catalogada como Zona de Especial Protecci¨®n de Aves. Una denuncia de las organizaciones Ecologistas en Acci¨®n y Adenex puso en marcha el proceso judicial que ha desembocado en esta sentencia. Los jueces tuvieron claras las dudas legales del proyecto desde el principio. La justicia ha dado la raz¨®n a los ecologistas hasta en dos ocasiones anteriores: el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX) declar¨® ilegal el plan en 2011 y orden¨® paralizar las obras y restaurar los terrenos. La decisi¨®n la ratific¨® el Supremo en 2014. Aun as¨ª, la Junta sigui¨® adelante, trat¨® de legalizarlo a posteriori y declar¨® que era imposible ejecutar la sentencia. Un informe pericial encargado al CSIC para ver cu¨¢l era la mejor soluci¨®n determin¨® que a largo plazo era menos da?ino demoler y restaurar el terreno que dejar la urbanizaci¨®n. Finalmente, el TSJEX decidi¨® en 2020 que la mejor forma de ejecutar la sentencia era dejar funcionando la parte ya construida del resort y demoler solo lo no desarrollado. Esa era la situaci¨®n cuando el Supremo ha ordenado la demolici¨®n completa.
A nadie se le escapan las contradicciones del caso. No es f¨¢cil para la justicia decidir d¨®nde est¨¢ el bien mayor. Por un lado, los ecologistas celebran que se trata de un caso ejemplarizante que servir¨¢ como aviso a navegantes en el futuro. Desde luego que lo es. Es una funci¨®n de la justicia que las sanciones tengan efecto disuasorio, y no habr¨¢ promotor o Administraci¨®n en Espa?a a partir de ahora que no tenga en la cabeza Valdeca?as antes de firmar un proyecto. Por el otro, el posible beneficio medioambiental de restaurar los terrenos es en un plazo de d¨¦cadas, mientras el perjuicio a propietarios que compraron de buena fe es evidente y los pueblos de alrededor perder¨¢n una fuente de actividad econ¨®mica. La Junta, es decir, los extreme?os, pueden acabar pagando decenas de millones de euros de sus impuestos en la ejecuci¨®n de la sentencia.
El futuro inmediato es incierto. La primera reacci¨®n del presidente de la Junta, el socialista Guillermo Fern¨¢ndez Vara, ha sido anunciar que seguir¨¢ recurriendo a instancias m¨¢s altas, lo que podr¨ªa retrasar durante a?os la soluci¨®n. Puede que consiga que la sentencia nunca llegue a ejecutarse, pero eso no disminuye su valor ejemplarizante ni el golpe que supone a la credibilidad de las administraciones extreme?as. La Junta opt¨® desde el principio (y con tres gobiernos diferentes) por una pol¨ªtica de hechos consumados: lleva 15 a?os defendiendo el proyecto en los tribunales y modific¨® sus propias normas para abrirle un pasillo legal. Todas las partes en conflicto han actuado en este tiempo como si el futuro de Isla de Valdeca?as fuera algo que nos va a definir como pa¨ªs. No es as¨ª. Lo que nos define como pa¨ªs es haber llegado hasta aqu¨ª.