Perdedores que al final ganan

Marina Isla de Valdeca?as es el nombre de un lugar que se dice paradis¨ªaco, en el que pueden comprarse villas por 500.000 euros con su campo de golf, su complejo deportivo y hasta una base n¨¢utica desde la que pasearse por el embalse del mismo nombre. Pero se ha convertido tambi¨¦n en el paradigma de algo que ocurre con lamentable frecuencia en Espa?a: el de una justicia que, incluso cuando funciona, llega tarde y mal para reparar los da?os de una fiebre constructora que no ha dudado en pasar por encima de la legalidad.

El complejo se ubic¨® en unos terrenos de El Gordo (C¨¢ceres) incluidos en la Red Natura 2000, con un nivel de protecci¨®n que excluye la posibilidad de construir. Dos grupos ecologistas presentaron denuncia en 2007 y en 2011 obtuvieron su primera victoria judicial: el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura declar¨® ilegal el complejo. Pero el proyecto sigui¨® adelante, pues el juez fij¨® una fianza de 41 millones de euros para paralizar las obras y ejecutar la sentencia, una cifra inalcanzable para un grupo como Ecologistas en Acci¨®n.

Esto es algo que ocurre con frecuencia: quienes inician un pleito urban¨ªstico suelen ser asociaciones de vecinos o de ecologistas que al final tienen que desistir porque no pueden asumir los costes del proceso. Para colmo, la Administraci¨®n llamada a reparar el da?o suele figurar como parte demandada por haber concedido la licencia, por lo que es imaginable su entusiasmo. En este caso, tras la sentencia, PP y PSOE se pusieron de acuerdo y aprobaron un cambio normativo destinado a legalizar el complejo.

Ahora ha sido el Tribunal Supremo, ¨²ltima instancia jurisdiccional, el que ha dictado el derribo de lo construido. El problema es que la dilaci¨®n judicial suele favorecer a los osados y en no pocas ocasiones, cuando llega la sentencia se declara inaplicable. En este caso, tras el primer fallo de ilegalidad, no se pararon las obras, como hubiera sido prudente, sino que siguieron adelante, hasta invertir 130 de los 200 millones previstos.

Ahora, en el supuesto de que se llegue a aplicar la sentencia, los promotores podr¨¢n exigir una compensaci¨®n a la Administraci¨®n, que pagaremos entre todos. Hay demandados que, incluso perdiendo, acaban ganando.