El PP y la Constituci¨®n

El 12 de junio expira el plazo para relevar a cuatro miembros del Tribunal Constitucional. El nombramiento de dos de los magistrados corresponde al Ejecutivo, y otros dos, al Consejo General del Poder Judicial. Con el actual mandato caducado desde diciembre de 2018 (ya va para tres a?os y medio), el Consejo no podr¨¢ nombrarlos por tener sus funciones limitadas. Y si no se renueva el CGPJ antes del 12 de junio, el Tr...

El 12 de junio expira el plazo para relevar a cuatro miembros del Tribunal Constitucional. El nombramiento de dos de los magistrados corresponde al Ejecutivo, y otros dos, al Consejo General del Poder Judicial. Con el actual mandato caducado desde diciembre de 2018 (ya va para tres a?os y medio), el Consejo no podr¨¢ nombrarlos por tener sus funciones limitadas. Y si no se renueva el CGPJ antes del 12 de junio, el Tribunal Constitucional incrementar¨¢ un poco m¨¢s todav¨ªa la grave irregularidad en la que vive la c¨²pula judicial del pa¨ªs. En octubre del a?o pasado era el propio Tribunal Supremo el que juzgaba ¡°insostenible¡± la situaci¨®n, con vacantes en varias de sus salas y nuevas jubilaciones a lo largo de este a?o 2022. El c¨¢lculo que ofrec¨ªa hace seis meses pronosticaba unas 1.000 sentencias menos, sumadas las cinco salas del Supremo, y el creciente acercamiento de varias de ellas al colapso, adem¨¢s de sustanciales retrasos en las respuestas a cuestiones de fondo o las decisiones de inadmisi¨®n. Es doctrina del Constitucional que una justicia tard¨ªa no es justicia.

El ministro de la Presidencia, F¨¦lix Bola?os, anunci¨® el mi¨¦rcoles la intenci¨®n del Gobierno de nombrar a los dos magistrados del Constitucional que le corresponden, como medida de presi¨®n sobre el PP para que acometa la renovaci¨®n inaplazable del CGPJ y, por tanto, tambi¨¦n la del Constitucional, pese a la resistencia de su sector conservador a aceptarlo. Mantener el bloqueo por parte del PP roza la afrenta ante la sociedad civil que cree, o quiere creer, en el respeto de los pol¨ªticos hacia sus m¨¢s altas instituciones. Por muchos a?os que pasen, y pronto ser¨¢n cuatro, no hay manera de acostumbrarse a esta aberraci¨®n pol¨ªtica y jur¨ªdica. La decisi¨®n pol¨ªtica del PP de impedir la renovaci¨®n del Poder Judicial degrada sin paliativos su papel de partido de Estado: no puede serlo para unas cosas y no para otras, y menos a¨²n cuando el recurso a los tribunales ha sido parte de la estrategia pol¨ªtica m¨¢s habitual del PP cuando una ley ¡ªcomo el Estatuto de Catalu?a o la ley del aborto, por ejemplo¡ª no encajaba en su visi¨®n de las cosas. La apelaci¨®n a los poderes del Estado sin cumplir con los deberes que la Constituci¨®n le pone somete a una contradicci¨®n cr¨®nica al gran partido de la derecha espa?ola.

El nuevo presidente del PP, Alberto N¨²?ez Feij¨®o, no acaba de dar un paso real hacia la renovaci¨®n de la c¨²pula judicial. La excusa esta vez es la campa?a de las elecciones andaluzas. Pero la renovaci¨®n de las instituciones no tiene car¨¢cter partidista ni debe obedecer a los intereses particulares de ninguna fuerza pol¨ªtica, salvo que, con un c¨¢lculo cortoplacista, se tema que cumplir con los deberes constitucionales reste posibilidades electorales propias o sume en el campo contrario. Solo esa interpretaci¨®n puede explicar que el nuevo presidente popular no asuma como urgente un deber constitucional que su antecesor dej¨® pendiente y que regala a su partido una mayor¨ªa conservadora en el CGPJ que no le corresponde, algo m¨¢s propio de reg¨ªmenes iliberales que de democracias como la nuestra. Asumir ese deber tendr¨ªa el efecto secundario de dejar en su sitio a una ultraderecha que dispara en p¨²blico y en privado contra principios constitucionales b¨¢sicos.