Acabar con el 1 de octubre

Hoy se cumplen seis a?os del 1 de octubre de 2017 y la sociedad catalana ha cambiado m¨¢s que la clase pol¨ªtica que sigue gobernando la autonom¨ªa y que apenas ha renovado sus dirigentes desde aquel colapso. El cambio, ...

Hoy se cumplen seis a?os del 1 de octubre de 2017 y la sociedad catalana ha cambiado m¨¢s que la clase pol¨ªtica que sigue gobernando la autonom¨ªa y que apenas ha renovado sus dirigentes desde aquel colapso. El cambio, muy marcadamente generacional, lo ven¨ªan apuntando encuestas de opini¨®n, que han cartografiado una ciudadan¨ªa cada vez m¨¢s realista, y acab¨® de certificarlo el ¨²ltimo ciclo electoral.

Primero, el 28 de mayo el independentismo perdi¨® much¨ªsimo poder institucional (capitales de provincia, presidencia de diputaciones). Despu¨¦s, los dos partidos independentistas, que no supieron cogobernar la Generalitat, obtuvieron unos resultados p¨¦simos en las elecciones generales: cuarta y quinta fuerza; m¨¢s votos para el Partido Popular que para Esquerra; Junts solo consigui¨® aventajar a Vox en 119.000 votos, y la CUP se qued¨® sin representaci¨®n. Es cierto que se vot¨® para impedir que el neofranquismo entrase galopando en el Consejo de Ministros y que un sector del independentismo penaliz¨® a los suyos con una abstenci¨®n que denunciaba la traici¨®n de sus l¨ªderes, pero las urnas tambi¨¦n volcaron un dato clarificador: el independentismo fue apoyado por el 27,12% de los votantes catalanes. Hoy lo defienden menos diputados que en las legislaturas anteriores: 17 en 2015 y 2016, 22 en las primeras de 2019 y 23 en las segundas. Ahora, 14.

Pero como desde la noche del 23 de julio la llave de la investidura apareci¨® bajo el felpudo de la Casa de la Rep¨²blica donde reside el eurodiputado Puigdemont, el independentismo se ha resituado en una centralidad que no se corresponde con el apoyo electoral obtenido ni tampoco con su actual capacidad de movilizaci¨®n. Esta posici¨®n negociadora le permite no tener que mirarse a s¨ª mismo, como ejemplific¨® el retorno de la ambig¨¹edad del procesismo que esta semana ascendi¨® a una de sus cumbres ret¨®ricas en la resoluci¨®n que votaron ERC y Junts con motivo del Debate de pol¨ªtica general. ¡°El Parlament se pronuncia a favor de que las fuerzas pol¨ªticas catalanas con representaci¨®n en las Cortes espa?olas no den apoyo a una investidura de un futuro gobierno espa?ol que no se comprometa a trabajar para hacer efectivas las condiciones para la celebraci¨®n del refer¨¦ndum¡±. Lo que algunos han traducido como una amenaza a la unidad nacional para desgastar al PSOE es dif¨ªcil no interpretarlo como una claudicaci¨®n a plazos.

No se sabe hasta d¨®nde llegaron las conversaciones veraniegas de los dirigentes del PP y de Junts, pero durante esas noches t¨®rridas los emisarios populares manifestaron su disposici¨®n a dialogar con los que en sus sue?os imaginan como los convergentes de toda la vida. La negociaci¨®n con el PSOE ya ha dado sus frutos. En dos dimensiones. Una es el reconocimiento ling¨¹¨ªstico. Se ha hecho normal en el Congreso lo que, a nivel de calle, es normal, menos para los nacionalistas espa?oles. Adem¨¢s, el Ministerio de Exteriores, con m¨¢s eficacia que una Generalitat sin plan, est¨¢ dando pasos para mejorar el estatus del catal¨¢n en el Parlamento Europeo. La otra dimensi¨®n de las negociaciones implica seguir cerrando las consecuencias punitivas del 1 de octubre. Hoy se cumplen seis a?os.

Sigue sin ser obvio describir qu¨¦ ocurri¨® aquel d¨ªa. La fusi¨®n de desobediencia c¨ªvica e institucional cre¨® un mes de insurrecci¨®n y provoc¨® un vac¨ªo de poder en el Ejecutivo espa?ol como m¨ªnimo durante las primeras 48 horas. Esa suspensi¨®n del Estado de derecho forz¨® una reacci¨®n contradefensiva que Ignasi Gozalo Salellas acaba de conceptualizar como un estado de excepci¨®n. Lo afirm¨® la vicepresidenta S¨¢enz de Santamar¨ªa: era la hora de ¡°intensificar el Estado de derecho¡±, es decir, se cedi¨® la resoluci¨®n de la crisis constitucional al poder Judicial. Aquel momento nada tiene que ver con el presente, pero sigue condicionando nuestra vida pol¨ªtica. Revertir la excepcionalidad exige que el Ejecutivo, sea el que sea, recupere el poder que cedi¨® para acabar con el 1 de octubre y as¨ª consolidar la normalidad que en Catalu?a pide la mayor¨ªa de la ciudadan¨ªa, pero su clase dirigente no sabe c¨®mo d¨¢rsela porque sigue sin poder aceptar su fracaso.