Ley de amnist¨ªa, sin nada de ¡®lawfare¡¯
En Espa?a ha habido casos graves de utilizaci¨®n pol¨ªtica de la justicia, pero es el poder judicial el ¨²nico competente para investigar y sancionar a sus propios corruptos
La inminente ley de amnist¨ªa ni puede ni debe mencionar el concepto de lawfare (o judicializaci¨®n de la pol¨ªtica), que s¨ª figura en el apartado m¨¢s impreciso del acuerdo de investidura PSOE-Junts. Un pacto sin embargo ¨²til, pese a su estre...
La inminente ley de amnist¨ªa ni puede ni debe mencionar el concepto de lawfare (o judicializaci¨®n de la pol¨ªtica), que s¨ª figura en el apartado m¨¢s impreciso del acuerdo de investidura PSOE-Junts. Un pacto sin embargo ¨²til, pese a su estre?ida ret¨®rica: facilita el retorno de esta rama indepe a la pol¨ªtica en el marco constitucional.
No debe por varias razones. Porque es un concepto hist¨®ricamente impreciso, usado con complacencia por militares norteamericanos, y en contra por populismos latinoamericanos y juristas radical-liberales. Admite distintas versiones. Y no son equivalentes los dos t¨¦rminos mencionados. En Espa?a se emplea la expresi¨®n ¡°judicializaci¨®n de la pol¨ªtica¡±, como el recurso de derivar a la justicia la soluci¨®n de problemas que son pol¨ªticos: en esta acepci¨®n es solo pol¨ªtica, sin recorrido normativo.
Si la ¡°guerra jur¨ªdica¡± alude al uso del sistema judicial con fines pol¨ªticos o espurios ¡ªlo m¨¢s frecuente¡ª puede perpetrarse desde la judicatura, o intentarse desde fuera. En Espa?a ha habido casos graves de lawfare desde la Justicia. Como el del juez Salvador Alba contra la juez Victoria Rosell para frustrar su carrera de diputada en Podemos; y el del juez Javier G¨®mez de Lia?o contra Jes¨²s de Polanco y Juan Luis Cebri¨¢n en el asunto Sogecable, para laminar al grupo que edita este peri¨®dico.
Ambos fueron condenados por prevaricar: Alba, condenado a prisi¨®n; Lia?o, inhabilitado como juez. Puede haber m¨¢s, tambi¨¦n en las causas catalanas. Pero es la Justicia, y solo ella, la competente para investigar y sancionar a sus propios corruptos, seg¨²n el principio de su independencia y sujeci¨®n en exclusiva al ¡°imperio de la ley¡±, pilar de la Constituci¨®n (art¨ªculo 117).
Tambi¨¦n hay casos de hipot¨¦tico o probable uso indebido, o intento de torcer al poder judicial, desde fuera: desde la pol¨ªtica o los grupos de inter¨¦s, con denuncias o pruebas falsas y otros medios. El dirigente del PP Ignacio Cosid¨® explic¨® as¨ª a sus senadores, en 2018, un pacto para el poder judicial: ¡°Controlaremos la Sala Segunda [del Supremo] desde detr¨¢s, es una jugada estupenda¡±. Y el exministro de Interior del PP Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz asegur¨® en 2014 al jefe de la oficina catalana antifraude: ¡°Esto la fiscal¨ªa te lo afina, hacemos una gesti¨®n¡±. La veintena de querellas vac¨ªas a Podemos y las ocho acusaciones a Ada Colau ya archivadas quiz¨¢ sean delictivas. Que las persiga la Justicia. O que el Parlamento agrave la legislaci¨®n penal. Rien de plus.