Turull, senda Le Pen

En lo negativo ya se ha abundado. Queda lo positivo. El primer gran debate parlamentario de la legislatura ha brindado lecciones. El Gobierno ha interiorizado que mandar a trav¨¦s de decretos-ley, adem¨¢s de discutible y/o abusivo (menores garant¨ªas que para los proyectos y proposiciones de ley), arroja contraindicaciones pr¨¢cticas: al ser un debate binario, de s¨ª o no a un texto, excluye los matices y se convierte en ag¨®nico y peligroso para la estabilidad.

Por tanto Junts deber¨¢ concluir que las ocasiones para el brillo por sorpresa por la v¨ªa de exigir contrapartidas de ¨²ltimo minuto tendr¨¢n recorrido, s¨ª, pero menguante. Adem¨¢s, una cosa es la ret¨®rica de su portavoz cuando afirma que est¨¢ ¡°aqu¨ª por Catalu?a, no por ustedes ni por el Reino¡± y otra que el pacto Junts-PSOE de 9 de noviembre es un verdadero contrato escrito para ¡°la estabilidad de la legislatura¡±. Si los firmantes lo olvidan, sus votantes probablemente no. No son inmunes al hartazgo por la inutilidad del proc¨¦s ¡ªs¨®lo un 5% considera hoy factible la secesi¨®n, seg¨²n las encuestas de la Generalitat¡ª: quieren resultados tangibles, no solo humo, y estos se consiguen desde, con y seg¨²n el ordenamiento constitucional y auton¨®mico.

M¨¢s a¨²n cuando la distancia entre la apariencia de los logros obtenidos y su esencia pr¨¢ctica resulta excesiva. As¨ª, las ilegalidades ¡ªcomo multar empresas por elegir una sede social determinada, en uso de la libertad europea de establecimiento¡ª no pueden ontol¨®gicamente prosperar. Y al cabo, la mera derogaci¨®n del decreto que facilit¨® el traslado de compa?¨ªas que tem¨ªan su ruina, al suavizar sus requisitos (decisi¨®n del consejo y no de la junta de accionistas), se erige ahora en una dificultad para su retorno, porque lo endurece. Al rev¨¦s de lo predicado.

As¨ª, por m¨¢s que no se incorpore a la legislaci¨®n que las cuestiones prejudiciales planteadas por los jueces espa?oles ante el Tribunal de Justicia de la UE paralizan la aplicaci¨®n, en cada caso, de una norma, eso seguir¨¢ operando as¨ª, porque as¨ª lo establece la jurisprudencia comunitaria.

Y por m¨¢s que el Gobierno delegue a una comunidad aut¨®noma algunas o muchas competencias sobre inmigraci¨®n (v¨ªa art¨ªculo 150.2 de la Constituci¨®n), no podr¨¢ hacerlo con las expulsiones de los inmigrantes irregulares que hayan delinquido. Por la sencilla raz¨®n de que no es competencia suya, sino de los jueces (art¨ªculo 89 del C¨®digo Penal). P¨¦same pues para el secretario general de Junts, Jordi Turull, quien proclamaba: ¡°Tenemos que mirar en qu¨¦ condiciones podemos echar (sic) a estas personas¡±. Igual lo ignora, pero esa es la doctrina Le Pen.