Enmiendas a la amnist¨ªa

La tramitaci¨®n de la ley de amnist¨ªa vuelve a poner al Gobierno en la tesitura inexcusable de explicar art¨ªculos del texto que tratan de blindar a Carles Puigdemont y a otras personas con causas pendientes por el proc¨¦s. Si en el redactado original quedaban excluidos de la medida de gracia los actos de terrorismo que hubieran dado lugar a condenas con sentencia firme ¡ªuna f¨®rmula de dudoso recorrido jur¨ªdico¡ª, la nueva enmiend...

La tramitaci¨®n de la ley de amnist¨ªa vuelve a poner al Gobierno en la tesitura inexcusable de explicar art¨ªculos del texto que tratan de blindar a Carles Puigdemont y a otras personas con causas pendientes por el proc¨¦s. Si en el redactado original quedaban excluidos de la medida de gracia los actos de terrorismo que hubieran dado lugar a condenas con sentencia firme ¡ªuna f¨®rmula de dudoso recorrido jur¨ªdico¡ª, la nueva enmienda negociada por PSOE y Junts cambia para excluir de la ley ¨²nicamente aquellos actos que ¡°de forma manifiesta y con intenci¨®n directa¡± hayan causado ¡°violaciones graves de derechos humanos¡±, en particular los incluidos en el art¨ªculo 2 (derecho a la vida) y 3 (derecho a no sufrir torturas o tratos inhumanos o degradantes) del Convenio Europeo para la Protecci¨®n de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales y en el derecho internacional humanitario.

No es una novedad que quienes impulsan una ley pretendan culminar su tramitaci¨®n parlamentaria de forma que pueda aplicarse en los t¨¦rminos en los que ha sido ideada y pactada. Hasta aqu¨ª poco que objetar. Pero el Gobierno no logra explicar convincentemente por qu¨¦ era imprescindible introducir una modificaci¨®n de tanto calado cuando no se formul¨® as¨ª en el redactado original y, sobre todo, cuando el Ejecutivo hab¨ªa repetido una y otra vez que solo admitir¨ªa mejoras t¨¦cnicas.

Parece claro que la enmienda es una reacci¨®n a actuaciones judiciales como las que acusan de terrorismo a 12 activistas de los Comit¨¦s de Defensa de la Rep¨²blica (CDR) o como la del juez Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n, instructor del caso Tsunami Democr¨¤tic en la Audiencia Nacional, que pretende imputar ese delito al expresidente catal¨¢n y l¨ªder de Junts, Carles Puigdemont, y a Marta Rovira, secretaria general de ERC, por hechos subsumibles en otras categor¨ªas jur¨ªdicas.

M¨¢s all¨¢ de que tal vez no hiciera falta ninguna modificaci¨®n para desactivar por los cauces legales vigentes actuaciones judiciales que, en algunos casos, transparentan una sospechosa intenci¨®n pol¨ªtica, el Gobierno vuelve a cruzar otras de las famosas l¨ªneas rojas que ¨¦l mismo se impone y a proyectar que promueve una ley a la carta, cediendo a la exigente desconfianza de Junts y ERC, y, en este caso, dando a entender ¡ªalgo especialmente sensible en un pa¨ªs como Espa?a¡ª que hay un terrorismo leve y otro grave en lugar de defender, como ha terminado haciendo p¨²blicamente, que es una hip¨¦rbole calificar de terroristas las alteraciones del orden p¨²blico durante el proc¨¦s.

Al Gobierno de Pedro S¨¢nchez corresponde, pues, aclarar el para qu¨¦ y el para qui¨¦n de las enmiendas a una ley de tan alto voltaje pol¨ªtico, social y judicial. Si las modificaciones tienen como pretensi¨®n hacer efectiva la norma o simplemente blindar la situaci¨®n personal de Carles Puigdemont, entre otros. Porque al margen de los objetivos de concordia que el Ejecutivo atribuye a la ley de amnist¨ªa, a nadie se le escapa la evidencia de que quien controla los votos necesarios para conformar la mayor¨ªa parlamentaria que sostiene al Gobierno tambi¨¦n persigue ser el amnistiado.