Regresi¨®n medioambiental en Madrid
El Ayuntamiento debe actuar inequ¨ªvocamente a favor de la reducci¨®n del tr¨¢fico tras la victoria judicial de Vox contra las zonas de bajas emisiones
El Tribunal Superior de Madrid ha anulado los preceptos que definen el ¨¢mbito de las tres zonas de bajas emisiones (ZBE) del Ayuntamiento de la capital al aceptar un recurso de Vox. La sentencia no cuestiona la necesidad de tomar medidas contra la contaminaci¨®n atmosf¨¦rica ni analiza el efecto que suprimir las ZBE, que claramente han ayudado a reducir la poluci¨®n en la capital, tendr¨ªa sobre la calidad del aire y la salud p¨²blica. Su objeci¨®n es formal: la ¡°patente insuficiencia¡± del informe de impacto econ¨®mico de las medidas incluidas en la ordenanza municipal.
La sentencia no es firme, y las zonas y las sanciones a ellas ligadas siguen en vigor. El Ayuntamiento de Jos¨¦ Luis Mart¨ªnez Almeida (PP) dispone de 30 d¨ªas para recurrir al Supremo, y dos d¨ªas despu¨¦s de conocerse la sentencia a¨²n no ha decidido si lo har¨¢. Sin duda, hay que analizar jur¨ªdicamente la viabilidad del recurso, pero se echa en falta un mensaje de mucha mayor contundencia del Consistorio y de su alcalde en defensa de una medida que ha contribuido ¡ªjunto a la creciente concienciaci¨®n social¡ª a que Madrid haya acabado con a?os de incumplimientos de los l¨ªmites europeos de contaminaci¨®n. El curr¨ªculum de Almeida en este ¨¢mbito incluye el activismo contra el proyecto de restricci¨®n de tr¨¢fico (Madrid Central) que puso en marcha su antecesora, Manuela Carmena, hasta conseguir, ya siendo alcalde, que el Supremo lo anulase en 2021 por otra cuesti¨®n de forma.
En contra de todo el consenso cient¨ªfico, la ultraderecha ha hecho del negacionismo clim¨¢tico una de sus se?as de identidad. De su mano, el PP est¨¢ arrastrando los pies en varias de las grandes ciudades en que cogobiernan respecto a la obligaci¨®n de poner coto al tr¨¢fico m¨¢s contaminante. Es el caso, por ejemplo, de Valencia, que ha dise?ado una ZBE de m¨ªnimos que no ser¨¢ plenamente efectiva antes de cuatro a?os. La ley de cambio clim¨¢tico impone la creaci¨®n de este tipo de zonas en las 151 ciudades espa?olas de m¨¢s de 50.000 habitantes. Aunque deber¨ªan haber estado en marcha antes de 2023, por ahora solo 24 tienen al menos una en funcionamiento. A la renuencia se suma ahora una sentencia que puede crear inseguridad jur¨ªdica o dar argumentos a ayuntamientos que est¨¢n haciendo lo posible por no implantarlas o descafeinarlas al m¨¢ximo.
Cuando el PP se fija tanto en Europa para justificar sus pol¨ªticas de oposici¨®n deber¨ªa recordar que el consenso europeo apuesta claramente por una movilidad m¨¢s sostenible en las ciudades. Una capital europea como Madrid no puede ofrecer al exterior una imagen que no sea la del mayor y m¨¢s rotundo compromiso contra la contaminaci¨®n, que caus¨® m¨¢s de 21.000 muertes en Espa?a en 2021, seg¨²n la Agencia Europea de Medio Ambiente. Este rev¨¦s jur¨ªdico tiene soluci¨®n, pero para ello el PP tiene que de desmarcarse de la extrema derecha negacionista. De ¨¦l depende aprovechar la ocasi¨®n.