El malestar de la vivienda

El problema de acceso a la vivienda se ha convertido en Espa?a en el principal lastre para el bienestar de las familias y para las expectativas de futuro de los j¨®venes. Se ha enquistado tanto que, incluso con herramientas como la ley de vivienda de 2023, va a costar salir del agujero. El malestar es grande y ha comenzado a aflorar con protestas contra el turismo, identificado como uno de los factores que contribuye al desaforado aumento de los precios y a la expulsi¨®n de los residentes del centro de las ciudades. Para este oto?o hay convocadas movilizaciones en diferentes puntos del pa¨ªs, entre ellas, una en Madrid el 13 de octubre con el lema ¡°la vivienda es un derecho, no un negocio¡±.

Son m¨²ltiples las causas de esta crisis, que se extiende por toda Europa, como demuestra la importancia que la Comisi¨®n le ha otorgado en su nuevo mandato. En muchos pa¨ªses la vivienda se ha convertido en un refugio de capitales financieros y los poderes p¨²blicos no han sido capaces de frenar las din¨¢micas especulativas del mercado. No obstante, Espa?a est¨¢ peor que la mayor¨ªa, pues apenas tiene un 2% de vivienda social, cuando la media europea es del 10% y hay pa¨ªses con m¨¢s del 20%.

Desde 2015 el precio de compra en Espa?a ha subido un 42% seg¨²n Eurostat ¡ªcasi el doble que los salarios¡ª y los alquileres se han disparado hasta el punto de que el 39% de los hogares en este r¨¦gimen han de destinar m¨¢s del 40% de sus ingresos a esa partida. Tales aumentos han cambiado la estructura de la sociedad: en la primera d¨¦cada de este siglo, el 75% de las familias de entre 30 y 44 a?os viv¨ªan en una casa en propiedad. Ahora son el 55%. Y los que viven de alquiler son el 34%, el doble que entonces.

Se ha perdido demasiado tiempo. La crisis exige respuestas de emergencia, pero la construcci¨®n es muy lenta. Las 50.000 viviendas de la Sareb que el Gobierno quiere destinar a alquiler social ser¨¢n un alivio, pero est¨¢n lejos de cubrir las necesidades. El Banco de Espa?a calcula que se necesitan 600.000 para atender la demanda, pero apenas se construyen 90.000 al a?o. El Gobierno dio luz verde en julio a los convenios que han de movilizar 6.000 millones de euros a trav¨¦s del ICO para construir 40.000 pisos de alquiler asequible, que deber¨¢n seguir en ese r¨¦gimen un m¨ªnimo de 50 a?os. Es una correcci¨®n legal que deber¨ªa haberse hecho mucho antes. La desidia de los sucesivos gobiernos hizo que miles de viviendas construidas con ayudas p¨²blicas perdieran la condici¨®n de protecci¨®n oficial y pasaran al mercado libre. Mantener la expectativa de que esas casas podr¨ªan pasar finalmente al sector privador ser¨ªa otro error, como demuestra la propia experiencia espa?ola, que ha desamortizado el parque de protecci¨®n a lo largo de los a?os hasta llegar a la crisis actual.

Todas las administraciones deben movilizarse para aportar suelo y agilizar los proyectos. Lamentablemente, ni en el PP ni en algunos gobiernos auton¨®micos, entre ellos el de Madrid, se aprecia la exigible voluntad de cooperaci¨®n. Mientras, hay que regular los precios del alquiler para evitar subidas abusivas, poner coto a los pisos tur¨ªsticos y penalizar fiscalmente las viviendas vac¨ªas que no puedan acreditar un destino distinto al especulativo. Tambi¨¦n hay que ordenar el alquiler de temporada para evitar que se use para burlar la ley. En esta l¨ªnea iba la proposici¨®n de Sumar que no pudo tramitarse en el Congreso porque Junts decidi¨® a ¨²ltima hora votar en contra. Un mal precedente a la hora de encarar un problema tan urgente que solo podr¨¢ solucionarse con la actitud responsable de todos los partidos.