El debate | ?Hay que regular los debates electorales?

En los pocos d¨ªas que restan de campa?a para las elecciones en Estados Unidos no se va a celebrar un segundo debate entre Donald Trump y Kamala Harris; el republicano rechaz¨® la propuesta de la dem¨®crata. Al igual que en Espa?a, estos encuentros no son obligatorios para los candidatos ¡ª...

En los pocos d¨ªas que restan de campa?a para las elecciones en Estados Unidos no se va a celebrar un segundo debate entre Donald Trump y Kamala Harris; el republicano rechaz¨® la propuesta de la dem¨®crata. Al igual que en Espa?a, estos encuentros no son obligatorios para los candidatos ¡ªs¨ª en algunas comunidades aut¨®nomas¡ª, pero all¨ª existe la costumbre de hacerlos hasta el punto de que incluso un candidato como Trump ser¨ªa incapaz de no hacer ning¨²n debate, algo que s¨ª ha sucedido en Espa?a. El Gobierno plantea en su plan de regeneraci¨®n democr¨¢tica que los debates sean obligatorios en campa?a. Algunos expertos en comunicaci¨®n pol¨ªtica afirman que en pa¨ªses europeos o en Estados Unidos no ser¨ªa necesario obligar a realizar debates electorales, pues ya son habituales; sin embargo, consideran que en pa¨ªses donde esta tradici¨®n no se da es la ¨²nica forma de que la ciudadan¨ªa vea confrontadas las ideas de diferentes partidos. ?Hay que regular los debates electorales? Y, en ese caso, ?cu¨¢les deber¨ªan ser las condiciones para celebrarlos? ?Hasta d¨®nde debe llegar la legislaci¨®n en la materia?

Escriben sobre este asunto Ana Carmona, catedr¨¢tica de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, que apuesta por una regulaci¨®n que compense la falta de cultura democr¨¢tica en Espa?a; y Marta Fraile, cient¨ªfica titular del Instituto de Pol¨ªticas y Bienes P¨²blicos del CSIC, que advierte de que una regulaci¨®n demasiado estricta podr¨ªa impedir la evoluci¨®n y los cambios de formato de estos encuentros.

Un remedio paliativo para una d¨¦bil cultura pol¨ªtica

Ana Carmona

La regulaci¨®n de los debates electorales en las televisiones para establecer su obligatoriedad es una de esas cuestiones cuya necesidad se plantea en nuestro pa¨ªs de forma intermitente cada cierto tiempo. La ¨²ltima propuesta en este sentido ha venido de la mano del Plan de Acci¨®n Democr¨¢tica presentado por el presidente del Gobierno el pasado mes de julio, en donde se manifiesta la voluntad de acometer una reforma de la Ley Electoral General (LOREG) en esa direcci¨®n.

Resulta pertinente recordar que, aunque la comunicaci¨®n pol¨ªtica ha experimentado una radical transformaci¨®n en la era de las redes sociales, afirm¨¢ndose estas como cauces preferentes de relaci¨®n de los actores pol¨ªticos con la ciudadan¨ªa, los debates televisivos en los proleg¨®menos de las citas electorales siguen manteniendo una indudable relevancia. El inter¨¦s que suscitan entre el electorado se constata atendiendo a los elevados ¨ªndices de audiencia que, por lo general, acompa?an a su celebraci¨®n. Y es que tales encuentros ofrecen la posibilidad de verificar la destreza comunicativa de los candidatos, su solvencia en relaci¨®n con los temas planteados, as¨ª como la capacidad dial¨¦ctica frente a sus directos oponentes. Los votantes, pues, reciben una visi¨®n inmediata y contrastada de las principales ofertas pol¨ªticas por parte de sus l¨ªderes, lo que, a la postre, incrementa la calidad democr¨¢tica de los procesos electorales.

En este gen¨¦rico contexto de referencia, la pauta concurrente en los pa¨ªses de nuestro entorno muestra la existencia de previsiones normativas referidas a los requisitos a cumplir con ocasi¨®n de los debates, dando por sentada su celebraci¨®n. El caso de Espa?a responde al modelo normativo, aunque no a la premisa de fondo. Con respecto al marco regulador, contamos con diversas previsiones, recogidas a partir de 2011 tanto en la LOREG como en una instrucci¨®n emitida por la Junta Electoral Central (la 4/2011), que disponen c¨®mo han de organizarse y qu¨¦ requisitos han de cumplir los debates electorales tanto en las televisiones privadas como en las p¨²blicas: respeto de los principios de pluralismo pol¨ªtico, neutralidad informativa e igualdad y proporcionalidad. Asimismo, para el caso de que tengan lugar los denominados ¡°cara a cara¡±, esto es, debates en los que participan ¨²nicamente los l¨ªderes de las dos fuerzas pol¨ªticas mayoritarias, se prev¨¦ la necesidad de organizar otros encuentros contando con la presencia de los partidos con grupo parlamentario propio. Lo que la normativa no impone es su celebraci¨®n, la cual se muestra como eventual.

Es en relaci¨®n a este aspecto donde la cultura pol¨ªtica democr¨¢tica despliega un rol esencial, entendiendo, all¨ª donde est¨¢ profundamente enraizada, estos encuentros televisivos no solo en t¨¦rminos subjetivos, esto es, como un derecho que asiste al electorado, sino tambi¨¦n en clave objetiva o institucional, en tanto que obligaci¨®n de las fuerzas pol¨ªticas a cuyo cumplimiento no se sustraen. Por tal raz¨®n, en tal contexto, su imposici¨®n en sede normativa carece de justificaci¨®n.

Es justamente esta esencial premisa la que no concurre en el caso espa?ol. Aunque existe una tradici¨®n de debates televisivos relativamente asentada, el primero se celebr¨® en 1993, con la presencia de Felipe Gonz¨¢lez y Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, pero hubo que esperar hasta 2008 para que tuviera lugar el siguiente entre Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero y Mariano Rajoy. Lo cierto es que no est¨¢ interiorizada como un deber insoslayable por todos los actores pol¨ªticos. Las ¨²ltimas elecciones generales nos brindaron un significativo ejemplo al respecto, cuando Alberto N¨²?ez Feij¨®o se neg¨® a participar en el encuentro organizado por RTVE con los l¨ªderes de las cuatro fuerzas con mayor representaci¨®n en el Congreso.

Precisamente para neutralizar la habitual incertidumbre que acompa?a la celebraci¨®n de los debates en cada cita electoral se justifica una reforma legislativa que, en la l¨ªnea de lo establecido en algunas comunidades aut¨®nomas (Andaluc¨ªa o Pa¨ªs Vasco), disponga su car¨¢cter preceptivo. Ante la debilidad de nuestra cultura pol¨ªtica, la soluci¨®n m¨¢s realista es aceptar la necesidad de recurrir, como remedio paliativo, a la regulaci¨®n jur¨ªdica.

Una norma r¨ªgida puede ser contraproducente

Marta Fraile

Hoy en d¨ªa, nadie duda de la repercusi¨®n que los debates electorales tienen en la opini¨®n p¨²blica. La imagen f¨ªsica, las habilidades ret¨®ricas, el estilismo, y el tono de voz son caracter¨ªsticas fundamentales para conectar con las emociones y lograr el apoyo de la ciudadan¨ªa.

A pesar de los cambios en el panorama medi¨¢tico, la televisi¨®n sigue siendo el canal principal a trav¨¦s del cual los candidatos se cuelan en un mayor n¨²mero de hogares, incluyendo a los desinteresados o quienes m¨¢s desconectados se muestran respecto al mundo de la pol¨ªtica. Sin embargo, no sabemos por cuanto tiempo ser¨¢ as¨ª, dado el avance de audiencias en medios digitales y redes sociales, especialmente entre las generaciones m¨¢s j¨®venes.

En nuestro pa¨ªs la tradici¨®n de celebrar debates televisados ha sido irregular y desigual desde el ic¨®nico careo entre el aspirante Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar y el entonces presidente del Gobierno, Felipe Gonz¨¢lez, organizado por Antena 3 Televisi¨®n. Desde entonces, la celebraci¨®n de debates entre los candidatos en campa?a electoral ha dependido siempre de la voluntad y la negociaci¨®n entre las cadenas televisivas y los equipos de campa?a de los aspirantes. Incluso ha habido casos en los que uno de los principales candidatos a la presidencia del Gobierno declin¨® participar, tal y como ocurri¨® en las pasadas elecciones de julio de 2023.

En Espa?a no ocurre como en Estados Unidos, donde a pesar de que los debates electorales no est¨¢n regulados por ley, se celebran ininterrumpidamente desde el a?o 1976 y constituyen una parte fundamental de la tradici¨®n pol¨ªtica y cultural del pa¨ªs. Hasta el d¨ªa de hoy, ning¨²n candidato se ha atrevido a cuestionar esta costumbre. Como alternativa, se ha propuesto que en Espa?a la celebraci¨®n de debates electorales est¨¦ regulada por ley, siguiendo el ejemplo de las Comunidades Aut¨®nomas de Castilla-La Mancha (gobernada por el PSOE), Madrid y Murcia (gobernadas por el PP), que en 2022 aprobaron leyes que establecen la obligatoriedad de organizar debates durante las campa?as auton¨®micas.

Es incuestionable que la celebraci¨®n de debates electorales no deber¨ªa depender de la voluntad del equipo de cada l¨ªder pol¨ªtico del momento ni de las negociaciones con las cadenas televisivas. No obstante, la regulaci¨®n no deber¨ªa exceder la obligaci¨®n de realizar al menos un debate durante la campa?a electoral, considerando las recientes transformaciones en los sistemas medi¨¢ticos y la rapidez de los tiempos digitales en los que vivimos. Una regulaci¨®n excesiva podr¨ªa imponer formatos estandarizados, limitando la capacidad de las cadenas televisivas o plataformas para experimentar con nuevos enfoques que hagan los debates m¨¢s interesantes y atractivos para la ciudadan¨ªa.

Adem¨¢s, en la era digital los debates tambi¨¦n se transmiten en las plataformas online y en las redes sociales, por lo que deber¨ªan ser capaces de adaptarse a este entorno m¨¢s flexible y din¨¢mico. No sabemos a ciencia cierta por cu¨¢nto tiempo las televisiones mantendr¨¢n el monopolio de facto en la transmisi¨®n de los debates electorales. Por ello, una regulaci¨®n excesiva podr¨ªa imponer formatos r¨ªgidos, socavando el objetivo ret¨®rico fundamental de este ejercicio: facilitar un intercambio sosegado de ideas y propuestas para el futuro de nuestro pa¨ªs en un formato accesible a toda la ciudadan¨ªa.

Imag¨ªnense qu¨¦ habr¨ªa ocurrido si una regulaci¨®n concreta hubiera impedido celebrar el debate entre Joe Biden y Donald Trump en junio de 2024, a casi cinco meses de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Por aquel entonces, muchos expertos opinaban que la vicepresidenta Kamala Harris no era una candidata adecuada, argumentando que su estilo, demasiado directo y algo agresivo, no conectaba con la ciudadan¨ªa. Nada m¨¢s lejos de la realidad, dado el entusiasmo que ha generado a lo largo de las ¨²ltimas semanas la candidatura a la presidencia del Gobierno de la primera mujer afroamericana y de origen asi¨¢tico en la historia de Estados Unidos.