La agon¨ªa de la acci¨®n popular

La acci¨®n popular es la posibilidad de cualquier ciudadano no v¨ªctima de un delito de llevar a otro como acusado a un proceso penal. Se puede utilizar con cualquier delito ¡°p¨²blico¡±, es decir, con cualquiera del C¨®digo Penal que no precise que la v¨ªctima al menos lo denuncie, que son la enorme mayor¨ªa. Adem¨¢s, est¨¢ reconocida por la Constituci¨®n en el art. 125 como una forma de participaci¨®n ciudadana en los tribunales, junto ...

La acci¨®n popular es la posibilidad de cualquier ciudadano no v¨ªctima de un delito de llevar a otro como acusado a un proceso penal. Se puede utilizar con cualquier delito ¡°p¨²blico¡±, es decir, con cualquiera del C¨®digo Penal que no precise que la v¨ªctima al menos lo denuncie, que son la enorme mayor¨ªa. Adem¨¢s, est¨¢ reconocida por la Constituci¨®n en el art. 125 como una forma de participaci¨®n ciudadana en los tribunales, junto con el jurado.

Puede que les sorprenda saber que todo lo anterior es fruto de la treta de un abogado de finales del siglo XIX, que hasta fue ministro varias veces y que incluso tiene calle en Madrid: Francisco Silvela. Sucedi¨® que mientras no pod¨ªa ser ministro por no mandar los suyos, all¨¢ por 1888 volvi¨® a hacer de abogado, y tuvo a bien representar a la prensa de Madrid de la ¨¦poca para que participara en un proceso penal truculento que hac¨ªa vender muchos diarios: el crimen de la calle Fuencarral. Como la prensa quer¨ªa m¨¢s carnaza para sacar un ¡°extra¡± tras otro, a su abogado se le ocurri¨® defender la participaci¨®n de dicha prensa como actor popular en el proceso, para as¨ª tener acceso a los materiales de la investigaci¨®n, aprovechando la ambig¨¹edad de la a¨²n vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882. Pronunci¨® un discurso apolog¨¦tico ante la Real Academia de Jurisprudencia y Legislaci¨®n ¡ªera su presidente¨D, y public¨® un art¨ªculo extenso ¡ªlleno de inexactitudes y exageraciones¡ª con su contenido. Pensar que Silvela se hab¨ªa pronunciado en contra de la acci¨®n popular a?os antes¡­

Pero consigui¨® su finalidad. Como se dice ahora, ¡°cre¨® un relato¡± que nos ha acompa?ado hasta hoy. Muchos progresistas se creyeron que la instituci¨®n ¡°abre la justicia al ciudadano¡±. La realidad es muy otra. La acci¨®n popular s¨®lo ha servido para que algunas asociaciones se hagan publicidad, ataquen a sus enemigos pol¨ªticos con la pena de banquillo, o incluso ganen dinero ileg¨ªtimamente utilizando la amenaza del proceso penal. Nada han aportado las acusaciones populares en los ¨²ltimos cuarenta a?os que no haya podido hacer ¡ªy haya hecho efectivamente¡ª la fiscal¨ªa. Les interesar¨¢ saber que la acci¨®n popular, en el ¨¢mbito europeo, solamente existe en Espa?a y en Andorra.

Ahora el Grupo Parlamentario socialista presenta una proposici¨®n de ley con denominaci¨®n demasiado alambicada (¡°proposici¨®n de ley org¨¢nica de garant¨ªa y protecci¨®n de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas¡±), y hasta innecesariamente sospechosa de estar orientada pol¨ªticamente con respecto a casos que todo el mundo tiene en mente. La acci¨®n popular es una vulgar aberraci¨®n jur¨ªdica que es una verg¨¹enza que est¨¦ en nuestra Constituci¨®n, dado su origen. ?Realmente hac¨ªa falta conseguir que todos pensemos en casos judiciales concretos al leer el t¨ªtulo de la proposici¨®n de ley?

La reforma, en s¨ªntesis, facilita la inadmisi¨®n de la acci¨®n popular y limita dr¨¢sticamente el n¨²mero de supuestos en los que puede utilizarse a los delitos de corrupci¨®n, aunque a?adi¨¦ndose incomprensiblemente los delitos de odio, lo que es un goloso caramelo para la mala fe de algunas asociaciones. Adem¨¢s, restringe su intervenci¨®n a la fase de juicio oral del proceso penal ¡ªla que sale en las pel¨ªculas con los interrogatorios¡ª e impide que participe durante la fase de instrucci¨®n ¡ªla fase de investigaci¨®n previa a ese juicio oral¡ª para evitar que esas asociaciones enreden creando titulares medi¨¢ticos como los que se produjeron en 1888, para leg¨ªtimo espanto del mism¨ªsimo Benito P¨¦rez Gald¨®s. Tambi¨¦n se impide su ejercicio a partidos pol¨ªticos y otras asociaciones u organismos pol¨ªticamente orientados, para que dejen de una vez de apu?alarse entre s¨ª utilizando a los jueces como dagas.

Y todo lo anterior tiene sentido, pero no solamente es insuficiente, sino que, como se ha dicho, parece demasiado orientado pol¨ªticamente. Qu¨¦ f¨¢cil hubiera sido ¡ªy ser¨ªa¡ª hacer una proposici¨®n mucho m¨¢s breve en la que, siendo muy conscientes de su origen hist¨®rico espurio, solamente se dijera que el actor popular no puede mantener un proceso penal en contra del parecer de la v¨ªctima y del ministerio fiscal, que es lo que ocurre en cualquier pa¨ªs europeo. Ojal¨¢ hubiera sido as¨ª.