El PSOE registra una proposici¨®n de ley para prohibir a los partidos ejercer la acusaci¨®n popular

El Grupo Parlamentario socialista ha registrado este viernes en el Congreso la ¡°proposici¨®n de ley org¨¢nica de garant¨ªa y protecci¨®n de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas¡±, que pretende limitar la acusaci¨®n popular para que no puedan ejercerla partidos pol¨ªticos y asociaciones y fundaciones vinculadas a ellos; as¨ª como prohibir la admisi¨®n de denuncias basadas ¡°en meras hip¨®tesis sin un m¨ªnimo fundamento de credibilidad, o en informaciones period¨ªsticas o contenidas en cualquier medio o canal de comunicaci¨®n o difusi¨®n sin otros datos o elementos f¨¢cticos que sirvan para acreditar indiciariamente los hechos denunciados¡±. La propuesta, adelantada por la Cadena SER, se registra despu¨¦s de la apertura de una investigaci¨®n contra la esposa del presidente del Gobierno, Bego?a G¨®mez, a ra¨ªz de una denuncia de Manos Limpias basada en recortes de prensa y de otra del mismo grupo ultra contra el hermano de Pedro S¨¢nchez. ¡°Excepcionalmente¡±, a?ade el texto, ¡°se admitir¨¢n cuando reflejen hechos no contrastados, pero de conocimiento general o declaraciones efectuadas de modo libre y espont¨¢neo por la persona sospechosa en relaci¨®n con el objeto de la investigaci¨®n, o declaraciones de personalidades u organizaciones pol¨ªticas que no han sido desmentidas ni cuestionadas en el proceso¡±. La propuesta incluye una ¡°disposici¨®n transitoria¡± para que ¡°las modificaciones realizadas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial sean ¡°de aplicaci¨®n a los procesos en curso¡±, una vez que sea aprobada la norma que proponen, que, al tratarse de una ley org¨¢nica, precisa del apoyo de una mayor¨ªa absoluta en el Congreso -el PP ya ha dicho que se opone-.

De salir adelante la proposici¨®n de ley, tampoco podr¨ªan ejercer la acusaci¨®n popular el Gobierno central y los auton¨®micos; el Congreso, el Senado y las asambleas regionales; los jueces y fiscales y sus asociaciones profesionales; el Tribunal Constitucional, el Consejo General y los dem¨¢s ¨®rganos de gobierno del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo. El texto de la propuesta establece que ¡°quienes pretendan ejercitar la acci¨®n popular deber¨¢n actuar en virtud de un v¨ªnculo concreto, relevante y suficiente con el inter¨¦s p¨²blico tutelado en el proceso penal¡± y que deber¨¢n ¡°acreditar ante la autoridad judicial¡±. El PSOE, que impulsa esta proposici¨®n, ha solicitado personarse como acusaci¨®n popular en la causa contra Alvise P¨¦rez por financiaci¨®n ilegal y en la causa del caso Koldo y de los hidrocarburos. Tradicionalmente, los socialistas se han personado en los casos que afectaban al PP, como G¨¹rtel, P¨²nica o Gonz¨¢lez Amador (pareja de la presidenta madrile?a, Isabel D¨ªaz Ayuso) y los populares han hecho lo propio en las causas vinculadas al PSOE, como los ERE de Andaluc¨ªa.

La norma que los socialistas pretenden aprobar obligar¨ªa a modificar el C¨®digo Penal, para derogar su art¨ªculo 525, que establece penas de multa de ocho a 12 meses para quienes ofendan lo sentimientos religiosos; y a modificar varios art¨ªculos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial. As¨ª, se establecer¨ªan como causas de abstenci¨®n o recusaci¨®n que un juez haya hecho manifestaciones pol¨ªticas a favor o en contra de autoridades, funcionarios, partidos, sindicatos o asociaciones que sean parte del procedimiento. ¡°Confiamos en el sistema judicial espa?ol, en los jueces de este pa¨ªs¡±, ha dicho este viernes el portavoz del grupo parlamentario socialista, Patxi L¨®pez. ¡°Lo que hacemos es garantizar su prestigio y neutralidad frente a injerencias y esperamos que lo vean con buenos ojos¡±, ha a?adido, y en el caso de la prohibici¨®n de admitir querellas basadas en recortes de prensa, ¡°llevar a la ley lo que ya es doctrina del Tribunal Supremo¡±. A juicio del PSOE, existe ya una ¡°sensibilidad social mayoritaria¡± sobre el problema de ¡°acoso, persecuci¨®n y difamaci¨®n sistem¨¢tica de artistas, actores y adversarios pol¨ªticos por parte de sectores de ultraderecha que, pervirtiendo las herramientas del Estado de derecho, utilizan acciones judiciales como veh¨ªculo¡± y sobre la necesidad de ¡°atajarlo¡±. El portavoz del PSOE no cit¨® a la esposa del presidente, pero s¨ª a los presentadores Gran Wyoming, Dani Mateo y Lalachus, denunciados por ofensa a los sentimientos religiosos. Aclar¨® que ese delito que se pretende eliminar del C¨®digo Penal apenas registra condenas, pero somete a los denunciados a ¡°procesos penales costosos a nivel econ¨®mico y personal¡± y que, en todo caso, la supresi¨®n de ese art¨ªculo no despenaliza el ataque o acoso por motivos religiosos, previsto en el delito de injurias, que se aliente a la violencia contra los cat¨®licos, previsto en los delitos de odio, o que se atente contra la libertad religiosa, ya que seguir¨ªa vigente el art¨ªculo 522 del C¨®digo Penal.

L¨®pez confi¨® en lograr ¡°una gran mayor¨ªa¡± para sacar adelante la proposici¨®n, pese a que, de momento, por el par¨®n navide?o, ¨²nicamente se han ¡°mensajeado¡± con otros grupos. La f¨®rmula elegida para presentar esta propuesta evita los informes previos del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado o el Consejo Fiscal, y, en caso de no contar con los apoyos suficientes, impedir¨ªa la derogaci¨®n del delito de ofensa a los sentimientos religiosos, incluida dentro del paquete de medidas. Fuentes del Ministerio de Cultura, que dirige Ernest Urtasun (Sumar) consideran que el texto es incompleto, ya que no recoge la derogaci¨®n de los delitos de injurias contra altas instituciones del Estado, como la Corona. Sumar ya registr¨® en el Congreso una propuesta de ley para derogar esos delitos el pasado diciembre y el PSOE acept¨® su toma en consideraci¨®n, aunque con reticencias sobre algunos aspectos. El Ministerio de Cultura insta a que la tramitaci¨®n de ambas proposiciones se aborde a partir de una reforma amplia del C¨®digo Penal. L¨®pez se ha limitado a decir este viernes que est¨¢n dispuestos a ¡°valorar¡± otras propuestas en ese sentido.

El que ya ha manifestado su profundo rechazo es el PP. ¡°Ley de impunidad para la familia socialista. La idea tuvo que venir en alguna de las maletas venezolanas¡±, ha declarado el l¨ªder del partido, Alberto N¨²?ez Feij¨®o. Para la secretaria general, Cuca Gamarra, se trata de un ¡°recorte del Estado de derecho¡± y un intento de ¡°amordazar a los jueces¡±. El PP, sin embargo, ya se mostr¨® partidario en el pasado de prohibir que los partidos pol¨ªticos pudieran ejercer la acusaci¨®n popular. Lo plante¨® en 2013, cuando estaba en el Gobierno, y se lo lo propuso a Ciudadanos cuando, en 2017, negociaban el pacto de investidura en la regi¨®n de Murcia. En t¨¦rminos muy parecidos a los que ha utilizado este viernes el socialista Patxi L¨®pez, portavoces populares abogaron en aquel momento por cerrar esa v¨ªa para evitar que las formaciones pudieran ¡°denunciar a sus adversarios pol¨ªticos para ganar en los tribunales lo que no han conseguido en las urnas¡±.