El PSOE registra una proposici¨®n de ley para prohibir a los partidos ejercer la acusaci¨®n popular

El Grupo Parlamentario socialista ha registrado este viernes en el Congreso la ¡°proposici¨®n de ley org¨¢nica de garant¨ªa y protecci¨®n de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas¡±, que pretende limitar la acusaci¨®n popular para que no puedan ejercerla partidos pol¨ªticos y asociaciones y fundaciones vinculadas a ellos; as¨ª como prohibir la admisi¨®n de denuncias basadas ¡°en meras hip¨®tesis sin un m¨ªnimo fundamento de credibilidad, o en informaciones period¨ªsticas o contenidas en cualquier medio o canal de comunicaci¨®n o difusi¨®n sin otros datos o elementos f¨¢cticos que sirvan para acreditar indiciariamente los hechos denunciados¡±. La propuesta, adelantada por la Cadena SER, se registra despu¨¦s de la apertura de una investigaci¨®n contra la esposa del presidente del Gobierno, Bego?a G¨®mez, a ra¨ªz de una denuncia de Manos Limpias basada en recortes de prensa y de otra del mismo grupo ultra contra el hermano de Pedro S¨¢nchez. ¡°Excepcionalmente¡±, a?ade el texto, ¡°se admitir¨¢n cuando reflejen hechos no contrastados, pero de conocimiento general o declaraciones efectuadas de modo libre y espont¨¢neo por la persona sospechosa en relaci¨®n con el objeto de la investigaci¨®n, o declaraciones de personalidades u organizaciones pol¨ªticas que no han sido desmentidas ni cuestionadas en el proceso¡±.

De salir adelante la proposici¨®n de ley, tampoco podr¨ªan ejercer la acusaci¨®n popular el Gobierno central y los auton¨®micos; el Congreso, el Senado y las asambleas regionales; los jueces y fiscales y sus asociaciones profesionales; el Tribunal Constitucional, el Consejo General y los dem¨¢s ¨®rganos de gobierno del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo. El texto de la propuesta establece que ¡°quienes pretendan ejercitar la acci¨®n popular deber¨¢n actuar en virtud de un v¨ªnculo concreto, relevante y suficiente con el inter¨¦s p¨²blico tutelado en el proceso penal¡± y que deber¨¢n ¡°acreditar ante la autoridad judicial¡±. El PSOE, que impulsa esta proposici¨®n, ha solicitado personarse como acusaci¨®n popular en la causa contra Alvise P¨¦rez por financiaci¨®n ilegal y en la causa del caso Koldo y de los hidrocarburos. Tradicionalmente, los socialistas se han personado en los casos que afectaban al PP, como G¨¹rtel, P¨²nica o Gonz¨¢lez Amador (pareja de la presidenta madrile?a, Isabel D¨ªaz Ayuso) y los populares han hecho lo propio en las causas vinculadas al PSOE, como los ERE de Andaluc¨ªa. El texto de la propuesta socialista incluye una ¡°disposici¨®n transitoria¡± para que ¡°las modificaciones realizadas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial sean ¡°de aplicaci¨®n a los procesos en curso¡±, una vez que sea aprobada la norma que proponen, que al tratarse de una ley org¨¢nica, precisa del apoyo de una mayor¨ªa absoluta en el Congreso -el PP ya ha dicho que se opone-.

La norma que los socialistas pretenden aprobar obligar¨ªa a modificar el C¨®digo Penal, para derogar su art¨ªculo 525, que establece penas de multa de ocho a 12 meses para quienes ofendan lo sentimientos religiosos; y a modificar varios art¨ªculos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial. As¨ª, se establecer¨ªan como causas de abstenci¨®n o recusaci¨®n que un juez haya hecho manifestaciones pol¨ªticas a favor o en contra de autoridades, funcionarios, partidos, sindicatos o asociaciones que sean parte del procedimiento. ¡°Confiamos en el sistema judicial espa?ol, en los jueces de este pa¨ªs¡±, ha dicho este viernes el portavoz del grupo parlamentario socialista, Patxi L¨®pez. ¡°Lo que hacemos es garantizar su prestigio y neutralidad frente a injerencias y esperamos que lo vean con buenos ojos¡±, ha a?adido, y en el caso de la prohibici¨®n de admitir querellas basadas en recortes de prensa, ¡°llevar a la ley lo que ya es doctrina del Tribunal Supremo¡±. A juicio del PSOE, existe ya una ¡°sensibilidad social mayoritaria¡± sobre el problema de ¡°acoso, persecuci¨®n y difamaci¨®n sistem¨¢tica de artistas, actores y adversarios pol¨ªticos por parte de sectores de ultraderecha que, pervirtiendo las herramientas del Estado de derecho, utilizan acciones judiciales como veh¨ªculo¡± y sobre la necesidad de ¡°atajarlo¡±. El portavoz del PSOE no cit¨® a la esposa del presidente, pero s¨ª a los presentadores Gran Wyoming, Dani Mateo y Lalachus, denunciados por ofensa a los sentimientos religiosos. Aclar¨® que ese delito que se pretende eliminar del C¨®digo Penal apenas registra condenas, pero somete a los denunciados a ¡°procesos penales costosos a nivel econ¨®mico y personal¡± y que, en todo caso, la supresi¨®n de ese art¨ªculo no despenaliza el ataque o acoso por motivos religiosos, previsto en el delito de injurias, que se aliente a la violencia contra los cat¨®licos, previsto en los delitos de odio, o que se atente contra la libertad religiosa, ya que seguir¨ªa vigente el art¨ªculo 522 del C¨®digo Penal.

L¨®pez confi¨® en lograr ¡°una gran mayor¨ªa¡± para sacar adelante la proposici¨®n, pese a que, de momento, por el par¨®n navide?o, ¨²nicamente se han ¡°mensajeado¡± con otros grupos. La f¨®rmula elegida para presentar esta propuesta evita los informes previos del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado o el Consejo Fiscal, y, en caso de no contar con los apoyos suficientes, impedir¨ªa la derogaci¨®n del delito de ofensa a los sentimientos religiosos, incluida dentro del paquete de medidas. El que ya ha manifestado su profundo rechazo es el PP, informa Virginia Mart¨ªnez. ¡°Que el d¨ªa en que Nicol¨¢s Maduro pretende perpetuarse en el poder en contra de la ley, el Gobierno de Espa?a est¨¦ impulsando el control y el amedrentamiento de los jueces es bastante simb¨®lico¡±, afirman fuentes del partido. ¡°Esta medida es un paso m¨¢s en su estrategia de laminar al poder judicial. El PSOE no quiere combatir la corrupci¨®n, sino a quienes la denunciamos¡±.

El PP, sin embargo, ya se mostr¨® partidario en el pasado de prohibir que los partidos pol¨ªticos pudieran ejercer la acusaci¨®n popular y as¨ª se lo propuso a Ciudadanos cuando, en 2017, negociaban el pacto de investidura en la regi¨®n de Murcia. En t¨¦rminos muy parecidos a los que ha utilizado este viernes el socialista Patxi L¨®pez, portavoces populares abogaron en aquel momento por cerrar esa v¨ªa para evitar que las formaciones pudieran ¡°denunciar a sus adversarios pol¨ªticos para ganar en los tribunales lo que no han conseguido en las urnas¡±. Este viernes, el presidente del partido, Alberto N¨²?ez Feij¨®o, ha criticado la propuesta: ¡°Ley de impunidad para la familia socialista. La idea tuvo que venir en alguna de las maletas venezolanas¡±, ha escrito en su cuenta de X.