Cuando la ayuda internacional est¨¢ al servicio de la seguridad nacional

En febrero de 2018 el despacho estadounidense proisrael¨ª The Zionist Advocacy Center (TZAC) demand¨® a la ONG Oxfam Reino Unido por sus actividades en Palestina. El texto de la demanda solicitaba una penalizaci¨®n de 160,2 millones de d¨®lares (unos 150 millones de euros) por colaborar en la Franja de Gaza con un Gobierno, el de Ham¨¢s, declarado terrorista por las autoridades norteamericanas. La ¡°colaboraci¨®n¡± consist¨ªa en apoyar a la sociedad civil en programas de desarrollo agrario en una zona donde un mill¨®n largo de personas (sobre los dos millones de habitantes de este territorio) sufre inseguridad alimentaria severa. Pero este factor resultaba irrelevante en el radioactivo contexto pol¨ªtico de la regi¨®n.

Oxfam no fue la ¨²nica organizaci¨®n acosada legalmente por TZAC, que ha presentado iniciativas similares contra Norwegian People¡¯s Aid, el Carter Center y Christian Aid, entre otras. Aunque solo una de estas demandas prosper¨®, cada una de ellas supuso un obst¨¢culo s¨®lido a la actuaci¨®n humanitaria de estas organizaciones y exigi¨® un considerable esfuerzo econ¨®mico y de relaciones p¨²blicas por su parte. Christian Aid demostr¨® ante los tribunales su inocencia, pero las cerca de 700.000 libras (811.000 euros) desembolsadas por la organizaci¨®n en gastos legales suponen un aviso dif¨ªcil de ignorar para otras ONG con menos m¨²sculo.

El efecto de la agresiva legislaci¨®n antiterrorista estadounidense en los programas de cooperaci¨®n es parte de lo que se conoce como la securitizaci¨®n de la ayuda internacional. En esencia, se trata de un fen¨®meno en el que los intereses de seguridad y estabilidad se anteponen a cualquier otro objetivo de desarrollo humano. El prop¨®sito es reforzar la percepci¨®n de seguridad en los pa¨ªses donantes, y su l¨®gica ha llegado a impregnar con rapidez la narrativa, las instituciones y las decisiones de gasto de las principales estructuras de desarrollo del mundo.

Con George W. Bush, Afganist¨¢n e Irak se convierten en el escenario de la doctrina de las tres D, asumida despu¨¦s por Obama: diplomacia, defensa y desarrollo

Estados Unidos es una versi¨®n hipertrofiada de este fen¨®meno, que se remonta al juego de intereses de la Guerra Fr¨ªa. Pero es tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 cuando la Administraci¨®n de George W. Bush establece un mantra securitario que impregna cada rinc¨®n de la pol¨ªtica exterior de su pa¨ªs. Afganist¨¢n e Irak se convierten en el escenario de la doctrina de las tres D, asumida despu¨¦s por Obama: diplomacia, defensa y desarrollo imbricadas en intervenciones que desplegaban, en los llamados Equipos Provinciales de Reconstrucci¨®n, unidades conjuntas de profesionales militares y humanitarios.

Otros grandes donantes han seguido trayectorias pol¨ªticas similares. De acuerdo con uno de los estudios de referencia en este campo ¨Cque analiza los casos de Canad¨¢, Francia, Reino Unido, Jap¨®n y Comisi¨®n Europea, adem¨¢s de EE UU¨C, ¡°[los donantes] han sacrificado los objetivos de desarrollo en el altar de la seguridad, a menudo sin efectos relacionados en esta ¨²ltima ¨¢rea¡±.

Con variaciones, todos los pa¨ªses estudiados reformaron su discurso pol¨ªtico para introducir artilugios verbales como ¡°Estados fr¨¢giles¡±, ¡°enfoques integrados¡± o ¡°guerra contra el terror¡±. En todos los casos fue posible identificar una mayor concentraci¨®n de los recursos en aquellas regiones prioritarias para la pol¨ªtica de seguridad y antiterrorista, como el Sahel, Asia central u Oriente Pr¨®ximo. Y cada una de sus administraciones se dot¨® de nuevas unidades de ¡°estabilizaci¨®n y reconstrucci¨®n¡±, ¡°gesti¨®n de Estados fr¨¢giles y crisis¡± o, sencillamente, ¡°fuerzas de autodefensa¡±.

Amenaza para la acci¨®n humanitaria

En ning¨²n campo esta deriva es m¨¢s peligrosa que en el del trabajo humanitario. ¡°Las medidas antiterroristas y el modo en que la acci¨®n humanitaria se ha incorporado a ellas pueden cambiar para siempre la naturaleza de nuestro trabajo¡±, afirma para este an¨¢lisis el investigador Alejandro Pozo, autor del libro El impacto no intencionado de la acci¨®n humanitaria en contextos de conflicto armado (Tirant Editorial). Seg¨²n Pozo, la relevancia creciente de este discurso y de las pol¨ªticas que lo sostienen provoca una situaci¨®n ¡°autoparalizante¡±, que impide trabajar en muchas zonas donde antes era posible.

El arbitrario concepto de ¡°colaboraci¨®n¡± coloca a una parte de las v¨ªctimas en el lado enemigo y, por tanto, fuera del alcance de la ayuda humanitaria

El problema se deriva, en parte, de las restricciones de acceso impuestas a los equipos humanitarios. En lugares como Mal¨ª, N¨ªger o Nigeria, los gobiernos determinan qui¨¦n accede a determinadas regiones y c¨®mo, imponiendo en ocasiones la presencia de convoyes militares que distorsionan la necesaria neutralidad de las organizaciones y la percepci¨®n que los beneficiarios tienen de ellas. O impidiendo tambi¨¦n el contacto con grupos armados cuya connivencia es imprescindible para acceder a la poblaci¨®n en sufrimiento.

Pero otra dificultad insalvable est¨¢ relacionada con el arbitrario concepto de ¡°colaboraci¨®n¡±, que coloca a una parte de las v¨ªctimas en el lado enemigo y, por tanto, fuera del alcance de la ayuda humanitaria. Como se?ala Pozo, esta diferencia entre ¡°inocentes¡± y ¡°no inocentes¡± ignora el hecho de que, en sitios como Siria o Somalia, la poblaci¨®n no tiene m¨¢s remedio que convivir con los violentos. En la medida en que el proceso creciente de securitizaci¨®n castiga la asistencia a esas poblaciones, ¡°aquellos lugares donde la acci¨®n humanitaria es m¨¢s pertinente no tendr¨¢n una respuesta¡±. Las organizaciones sujetas a un mandato m¨²ltiple y aquellas que dependen m¨¢s de los recursos p¨²blicos o el control de los donantes ¨Ccomo las agencias de la ONU¨C han sido las primeras en abandonar estos lugares, generando desiertos humanitarios con decenas de millones de habitantes.

La ayuda al servicio del control migratorio

La gesti¨®n de la movilidad humana es el territorio donde la l¨®gica de la securitizaci¨®n y las prioridades del desarrollo han chocado de forma m¨¢s estruendosa. A trav¨¦s de una pol¨ªtica de externalizaci¨®n del control migratorio, las rutas y las fronteras se militarizan, los acuerdos de cooperaci¨®n se entrelazan peligrosamente con los de repatriaci¨®n y la ayuda internacional queda reducida a un juego de palo o zanahoria en la relaci¨®n con los pa¨ªses de origen y tr¨¢nsito.

Para la Uni¨®n Europea y sus Estados miembros, en particular, la crisis de desplazamiento forzoso de 2014 a 2016 dispar¨® el proceso de securitizaci¨®n de la ayuda. Amparados por una narrativa que vinculaba la movilidad humana con la amenaza terrorista, reduc¨ªa a los migrantes a meras v¨ªctimas de las redes de trata y apuntalaba el mito de las ¡°causas ra¨ªz¡± de las migraciones, Europa se puso manos a la obra. En 2014 se aprob¨® el primer Programa para el Desarrollo Regional y la Protecci¨®n, destinado a apoyar el establecimiento de refugiados en el L¨ªbano, Jordania e Irak. En noviembre de 2015 y en marzo de 2016, en plena resaca fiscal de la Gran Recesi¨®n, la UE encuentra 3.500 y 6.000 millones de euros para dotar sendos acuerdos de restricci¨®n migratoria con ?frica y Turqu¨ªa. Como recuerdan Iliana Olivi¨¦ y Aitor P¨¦rez en un art¨ªculo para la revista acad¨¦mica Third World Quarterly, m¨¢s de la mitad de los recursos del Fondo Fiduciario para ?frica han ido destinados a proyectos de seguridad.

Las organizaciones sujetas a un mandato m¨²ltiple y aquellas que dependen m¨¢s de los recursos p¨²blicos o el control de los donantes han sido las primeras en abandonar estos lugares, generando desiertos humanitarios habitados por decenas de millones

Se trata de un proceso sin cabos sueltos. Las operaciones conjuntas de la misi¨®n militar europea Eunavor en el mar ¡ªTrit¨®n (2014), Sof¨ªa (2015), Poseid¨®n (2016) e Irini (2020)¡ª han desplazado los objetivos de rescate y protecci¨®n en beneficio de la lucha contra la inmigraci¨®n irregular. La Agencia Europea de Fronteras (Frontex, concebida para la gesti¨®n ordenada del per¨ªmetro exterior de la UE) se ha transformado en un artefacto policial de 754 millones de euros (nueve veces m¨¢s que hace una d¨¦cada), y est¨¢ embarcada en el reclutamiento, despliegue y equipamiento ¨Darmas incluidas¡ª de m¨¢s de 10.000 efectivos. Las agencias europeas de cooperaci¨®n, como la espa?ola FIIAPP, intermedian los proyectos de los ministerios del Interior.

El efecto acumulado es inquietante. De acuerdo con el an¨¢lisis de Olivi¨¦ y P¨¦rez, las menciones al ¡°paradigma securitario¡± en los discursos oficiales de las principales agencias europeas de cooperaci¨®n pr¨¢cticamente se han doblado en las dos ¨²ltimas d¨¦cadas. Aunque los autores se?alan que se trata de un proceso limitado a una parte de la ayuda y a algunas regiones, las consecuencias pr¨¢cticas se est¨¢n haciendo evidentes. Por ejemplo, con medidas como la que impulsan los gobiernos de Reino Unido y Dinamarca: un acuerdo para derivar a los solicitantes de asilo a una autocracia africana ¡ªRuanda¡ª es presentado como un acto compasivo y de firmeza frente a las mafias, y lubricado con millonarias donaciones de cooperaci¨®n. Existen muchas formas de patear los principios de protecci¨®n internacional, pero pocas son m¨¢s originales.

Cortafuegos eficaces

La vinculaci¨®n entre pol¨ªticas de cooperaci¨®n y objetivos de seguridad de los donantes forma parte de un nuevo paradigma del desarrollo que no ser¨¢ superado con facilidad. En los pa¨ªses m¨¢s ricos se ha establecido un marco narrativo que diluye cualquier obst¨¢culo ¨¦tico o electoral a la securitizaci¨®n de la ayuda en beneficio del inter¨¦s propio. Pero lo que resulta razonable cuando se trata de proteger la seguridad sanitaria o clim¨¢tica, chirr¨ªa en el caso de la seguridad policial, donde el juego es de suma cero.

Ante esta situaci¨®n, los expertos proponen reafirmar las l¨ªneas rojas de los Estados de derecho en materia de protecci¨®n internacional, incrementar la independencia econ¨®mica de las organizaciones humanitarias y garantizar excepciones pol¨ªticas y legales cuando lo que est¨¢ en juego es tan importante. En conversaci¨®n para este an¨¢lisis, el ex secretario general de M¨¦dicos Sin Fronteras y directivo de ISGlobal Rafael Vilasanjuan resume: ¡°Es necesario recuperar los principios de neutralidad e independencia de la ayuda, algo que incluso nuestras democracias occidentales intentan utilizar. Confundir la ayuda como una estrategia de alguna de las partes implicadas es lo que hace que se pierda el contacto con la gente que la necesita, que se impida el acceso o incluso que las propias organizaciones acaben pagando con la vida o el secuestro de sus trabajadores¡±.

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