La activista colombiana que arriesg¨® la vida por defender el derecho a la tierra de las mujeres y acab¨® refugiada en Espa?a

Luz Estella Romero Villalba (Baranoa, Colombia, 45 a?os) ha vivido gran parte de su vida rodeada de violencia. Creci¨® en el departamento de Magdalena (norte), uno de los m¨¢s peligrosos del pa¨ªs latinoamericano, en mitad de un conflicto armado que entre 1985 y 2018 ha provocado la muerte de m¨¢s de 450.000 personas, seg¨²n la Comisi¨®n de la Verdad, la entidad surgida del acuerdo de paz con las FARC. Las barbaries que la guerrilla, el paramilitarismo y las propias fuerzas p¨²blicas cometieron contra la poblaci¨®n civil, y de las que esta abogada ecofeminista asegura haber sido testigo, hicieron que la resistencia contra las violaciones de derechos humanos se convirtiera en su vocaci¨®n. Con un doble objetivo: frenar los desplazamientos forzosos de civiles de sus propias tierras ¡ªla Comisi¨®n de la Verdad cifra en casi 753.000 las personas obligadas a abandonar su hogar entre 1985 y 2019¡ªy situar a la mujer como pilar del desarrollo. En 2022 fue galardonada con el Premio Nacional de Derechos Humanos de Colombia que otorga en Bogot¨¢ la iglesia sueca con el apoyo de Suecia. Pero tambi¨¦n la ha obligado a exiliarse a Espa?a junto a su hijo, que en 2019 sufri¨® un intento de secuestro por parte de polic¨ªas colombianos en Barranquilla.

La defensa de los derechos humanos es ¡°lo m¨¢s hermoso que uno puede hacer en la vida¡±, asegura Romero Villalba durante una entrevista en la ciudad espa?ola de C¨¢ceres. Ha dedicado su energ¨ªa a esta tarea desde que era estudiante, cuando comenz¨® a ayudar a la gente de su comunidad, a ¡°sus vecinos de siempre¡±. El contexto que se viv¨ªa en aquella Colombia rural de los noventa, una d¨¦cada en la que el pa¨ªs sufri¨® un recrudecimiento del conflicto armado ¡ªentre 1995 y 2004 se concentra el 45% de las v¨ªctimas mortales, seg¨²n la Comisi¨®n de la Verdad¡ª, era de una gran crisis humanitaria. Es entonces, concretamente en 1998, cuando la activista, todav¨ªa estudiante de Derecho, cre¨® junto con otras universitarias el Colectivo de Mujeres al Derecho (COLEMAD). Su primer caso fue el de una se?ora demandada por miles de millones de pesos colombianos para despojarla de sus tierras, un proceso que aunaba el doble objetivo de Romero, propiedad y g¨¦nero.

La verdadera ra¨ªz del problema radica en la invisibilizaci¨®n de la mujer en las leyes colombianas

¡°Estoy hablando de una ¨¦poca en que no se hablaba todav¨ªa de despojo. Empezamos a analizar las leyes, los proyectos, los tratados internacionales de libre inversi¨®n, e intuimos que detr¨¢s de todo esto hab¨ªa poderes econ¨®micos desconocidos hasta el momento¡±, explica la abogada. Pero la verdadera ra¨ªz del problema, seg¨²n considera, radica en la invisibilizaci¨®n de la mujer en las leyes colombianas. El m¨¢s claro ejemplo est¨¢ en la propiedad de tierras. Como explica Romero, el enfoque familiar de las leyes rurales privilegia al hombre sobre la mujer y provoca que ellas nunca obtengan la titularidad. ¡°Soy feminista por decisi¨®n y convicci¨®n. Por eso creo que la ley tiene que tener un enfoque feminista para transformar la realidad de un mundo excluyente que no incluy¨® a las mujeres y a las ni?as¡±, afirma.

COLEMAD descubri¨® que el Estado estaba enjuiciando a familias mediante la invenci¨®n de causas, como abandono o presuntas deudas, para justificar la expropiaci¨®n de sus tierras, seg¨²n cuenta la abogada. Y las del departamento de Magdalena no solo eran ricas en petr¨®leo, sino que los terrenos son tan productivos que permiten pr¨¢cticamente cualquier tipo de cultivo. Sin embargo, seg¨²n relata la activista, quienes acaparaban aquellas propiedades, plantaban principalmente palma aceitera, un cultivo utilizado en muchos casos para ocupar la superficie o como tapadera para la producci¨®n de base de coca. Magdalena, adem¨¢s de f¨¦rtil, alberga la Ci¨¦naga Grande de Santa Marta, un enclave geoestrat¨¦gico por su salida al mar, ya que facilita el tr¨¢fico de esta sustancia.

Como buena conocedora de las leyes, Romero Villalba se empe?¨® en demostrar casos concretos en los que el Estado colombiano no estaba cumpliendo la convenci¨®n internacional que hab¨ªa firmado del Comit¨¦ para la Eliminaci¨®n de la Discriminaci¨®n contra la Mujer (CEDAW, en su sigla en ingl¨¦s) de Naciones Unidas. Su art¨ªculo 14 establece que ¡°los Estados partes adoptar¨¢n todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminaci¨®n contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su participaci¨®n en el desarrollo rural y en sus beneficios¡±.

La discriminaci¨®n hist¨®rica que las mujeres hab¨ªan sufrido hasta entonces en Colombia jug¨®, sin embargo, a favor del colectivo COLEMAD, seg¨²n recuerda Romero, ya que cree que les facilit¨® adentrarse en los territorios sin levantar sospechas para probar que las mujeres estaban siendo v¨ªctimas de desplazamientos forzosos. En un primer momento, lograron detener 23 procesos de expropiaci¨®n. Despu¨¦s, documentaron el caso de 55 comunidades que estaban a punto de perder sus tierras y lo llevaron al Congreso para demostrar que las mujeres estaban sufriendo un despojo de sus propiedades. Era legal, seg¨²n la legislaci¨®n colombiana, pero contrario a las convenciones internacionales. El a?o pasado lograron que un juez condenara al antiguo Gobierno del expresidente Iv¨¢n Duque por aquel caso y que obligara al Estado a entregar 1.500 hect¨¢reas de tierra a aquel grupo de campesinas. Pero no cualquier tierra, reclama Romero, que exige que se han de tener en cuenta ¡°sus formas de producci¨®n, porque el Estado normalmente manda a las mujeres para una tierra sin pensar que unas son agricultoras, que otras se dedican a la pesca o a la artesan¨ªa¡±.

El riesgo de defender la tierra

El activismo contra los desplazamientos forzosos est¨¢ plagado de riesgos. Entre 2012 y 2021, fueron asesinados 322 defensores de la tierra y del medio ambiente, seg¨²n la ONG Global Witness. Y los cr¨ªmenes contin¨²an: en el primer semestre de 2022 fueron documentadas en Colombia 42 agresiones contra estos activistas, que se traducen en 11 asesinatos, 19 amenazas, cuatro desplazamientos y ocho atentados, seg¨²n una investigaci¨®n realizada por la Corporaci¨®n Regional Yariguies Grupo de Estudios Sociales Extractivos y Ambientales del Magdalena Medio (CRY-GEAM) junto con la Fundaci¨®n Conflict Responses (CORE) y la organizaci¨®n Extinction Rebellion Colombia.

Romero tambi¨¦n ha sido v¨ªctima de esta violencia. La primera amenaza que COLEMAD enfrent¨® en la Magdalena ocurri¨® a nivel local, como suced¨ªa en muchas otras regiones colombianas. La abogada relata que los paramilitares y otros grupos armados establecieron v¨ªnculos con los poderes p¨²blicos de la regi¨®n, como alcaldes, gobernadores, jueces y funcionarios. Y a partir de 2008, la amenaza tambi¨¦n comenz¨® a llegar desde sectores militares y policiales. ¡°Entonces llegan estos actores de las Fuerzas Armadas con la intenci¨®n de intimidar a las comunidades para que dejen los procesos, y nosotras tambi¨¦n empezamos a tener vigilancia militar. Nuestros vecinos nos avisaban de que hab¨ªa soldados que preguntaba por nosotras, empezamos a tener rondas policiales que nunca hab¨ªamos pedido o un coche de la polic¨ªa que estaba siempre enfrente de nuestra oficina,¡± denuncia.

Nuestros vecinos nos avisaban de que hab¨ªa soldados que preguntaba por nosotras y hab¨ªa un coche patrulla que estaba siempre enfrente de nuestra oficina

A partir de 2018, las amenazas llegaron directamente desde actores privados. Romero denuncia que sufri¨® el robo de sus documentos inform¨¢ticos y que fue intimidada de forma directa para sentarse a negociar. Pero lo m¨¢s grave, y lo que le ha obligado a abandonar su pa¨ªs para exiliarse en Espa?a, fue que su familia se convirtiera en objetivo de los ataques. En diciembre de 2019, un grupo de al menos seis polic¨ªas armados trataron de llevarse a su hijo en una zona p¨²blica de Barranquilla sin dar ninguna explicaci¨®n.

¡°Como no me hab¨ªan podido callar, decidieron atacar a mi hijo¡±, lamenta Romera. Ahora el joven es solicitante de asilo. ¡°Lo voy a dejar en Espa?a, y a todas las personas que tengo aqu¨ª les pido que me lo protejan porque yo me voy a regresar a Colombia a seguir luchando por ganar estos casos. Porque si no puedo lograr este sue?o, los sue?os no me dejar¨¢n dormir,¡± sentencia Luz evidentemente emocionada.

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