Hacia un mundo libre de la pena de muerte

En el vig¨¦simo aniversario del D¨ªa Mundial contra la Pena de Muerte, llamamos a todos los pa¨ªses y a todas las personas a respetar el derecho humano m¨¢s fundamental, el derecho a la vida. Hoy hacemos balance de la situaci¨®n mundial de la pena de muerte, de los ¨¦xitos conseguidos por el movimiento abolicionista de los Estados y de la sociedad civil.

Pero al mismo tiempo, somos conscientes de los retos de abolir una pena cruel, inhumana y degradante cuyas dimensiones se acent¨²an al ser una pena discriminatoria que afecta con mayor virulencia a las comunidades econ¨®micamente pobres y vulnerables, con un menor acceso a una justicia adecuada y oportuna. Estas comunidades, marginadas por su pobreza econ¨®mica y su condici¨®n social, sufren discriminaci¨®n y tienen un acceso limitado a una educaci¨®n adecuada.

Creemos que la abolici¨®n de la pena de muerte permite un mayor respeto, protecci¨®n y cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que todos los pa¨ªses, incluida Espa?a, se han comprometido a alcanzar.

Hasta hoy, 112 pa¨ªses han abolido la pena de muerte por completo, mientras que nueve a¨²n la contemplan para tiempos de guerra. En el ¨²ltimo a?o, Sierra Leona, Kazajst¨¢n, Pap¨²a Nueva Guinea y la Rep¨²blica Centroafricana han puesto fin a la pena capital, y recientemente Guinea Ecuatorial tambi¨¦n lo ha hecho en su C¨®digo Penal, pero la ha mantenido en su C¨®digo Militar. En Zambia y Malawi hay signos prometedores de que los pa¨ªses avanzan tambi¨¦n hacia la abolici¨®n.

Sin embargo, los desaf¨ªos contin¨²an. Al menos 18 pa¨ªses llevaron a cabo ejecuciones, muchas de ellas en secreto y lejos del escrutinio p¨²blico. Muchas personas condenadas a muerte proceden de entornos econ¨®micos desfavorecidos o de sectores socialmente marginados. Por ejemplo, en India, m¨¢s del 70% de las personas sobre las que recae esta sentencia proceden de las capas m¨¢s pobres de la sociedad, mientras que, en Estados Unidos, m¨¢s del 90% se encontraban en situaci¨®n de vulnerabilidad econ¨®mica.

Adem¨¢s, las personas con dificultades econ¨®micas son discriminadas socialmente y no han tenido un acceso adecuado a la educaci¨®n, y, por tanto, en muchos casos no son plenamente conocedoras de sus derechos a lo largo del procedimiento penal. Conseguir una representaci¨®n legal experimentada y adecuada, con la importancia que conlleva en los casos de pena capital, les resulta mucho m¨¢s dif¨ªcil. As¨ª, las posibilidades de ser condenados y de correr el peligro de ser ejecutados son mayores cuando los acusados carecen de medios econ¨®micos y se hallan en situaciones m¨¢s desfavorecidas. En Banglad¨¦s, un estudio realizado en 2019-20 revel¨® que el 87% de los presos que se enfrentaban a la pena de muerte no hab¨ªan terminado la ense?anza secundaria.

Las mismas vulnerabilidades se extienden a las mujeres que se enfrentan a la pena de muerte. En la actualidad hay, al menos, 500, y varios cientos m¨¢s han sido ejecutadas en los ¨²ltimos 10 a?os. Aunque se ejecuta a un n¨²mero significativamente menor de mujeres que de hombres, ellas suelen proceder de entornos muy vulnerables, marcados por mayores dificultades socioecon¨®micas y analfabetismo. Todo ello tiene consecuencias fatales.

En al menos 11 pa¨ªses, la homosexualidad se castiga con la pena capital, sin contar con la discriminaci¨®n que sufren estas personas en las c¨¢rceles

La pobreza y la desesperaci¨®n econ¨®mica llevan a muchas mujeres a cometer delitos relacionados con las drogas, actuando a menudo como mulas y estos delitos son castigados con la pena de muerte en varios pa¨ªses del mundo. Las migrantes y las v¨ªctimas de violencia de g¨¦nero o de abusos f¨ªsicos, sexuales y psicol¨®gicos son particularmente vulnerables y carecen de protecci¨®n. Cuando una mujer es condenada a pena muerte, la sentencia rara vez tiene en cuenta estas variables de violencia, explotaci¨®n, discriminaci¨®n o incluso trata. Adem¨¢s, muchas se enfrentan al estigma social y al rechazo familiar mientras esperan la ejecuci¨®n de la sentencia.

El impacto discriminatorio de la pena de muerte tambi¨¦n afecta a la comunidad LGTBIQ+. En al menos 11 pa¨ªses, la homosexualidad se castiga con la pena capital, sin contar con la discriminaci¨®n que sufren estas personas en las c¨¢rceles y en el corredor de la muerte.

Mientras contin¨²an los avances hacia la completa abolici¨®n a nivel mundial, creemos que es extremadamente importante garantizar que la pena de muerte no se ejecute de manera arbitraria. Por ello es fundamental que las personas con esta condena tengan un acceso adecuado a la justicia, sobre todo teniendo en cuenta que es un castigo irrevocable. No olvidemos que, por muy desarrollado que sea un sistema jur¨ªdico, la posibilidad de ejecutar a un inocente por error siempre existe. En pa¨ªses como China, Estados Unidos, Egipto, Ir¨¢n e Indonesia se han exonerado a condenados a muerte por errores judiciales, desgraciadamente en algunos casos demasiado tarde.

La pena de muerte tambi¨¦n est¨¢ estrechamente vinculada con problemas de salud mental, tanto como un factor preexistente de riesgo que debe ser tenido en cuenta y cuidadosamente sopesado durante el proceso legal, sino tambi¨¦n porque las personas sobre las que recae esta sentencia est¨¢n muy expuestas debido al posible deterioro de su salud mental.

Aunque el derecho internacional consuetudinario proh¨ªbe la ejecuci¨®n de personas con enfermedades mentales, algunos pa¨ªses siguen llev¨¢ndolas a cabo. Algunos estudios sugieren que todas las personas implicadas en el proceso de ejecuci¨®n de una persona se ven de una manera u otra afectadas por problemas de salud mental, incluyendo trastorno de estr¨¦s postraum¨¢tico. Entre ellas se encuentran las familias de los condenados, pero tambi¨¦n los funcionarios de prisiones, los guardias, los verdugos y los m¨¦dicos.

Por tanto, la abolici¨®n de la pena de muerte est¨¢ intr¨ªnsecamente relacionada con el enfoque de los derechos humanos de los ODS. La Agenda 2030 promueve la erradicaci¨®n de la discriminaci¨®n y la pobreza, el acceso adecuado a la sanidad y a la educaci¨®n para todos, la igualdad de g¨¦nero, el Estado de Derecho y el acceso a un proceso legal; todos ellos derechos ineludibles de las personas condenadas a pena de muerte.

La abolici¨®n universal de la pena de muerte es una prioridad para Espa?a, como parte de su pol¨ªtica m¨¢s amplia de defensa de los derechos humanos a nivel mundial. En 2010 Espa?a cofund¨® la Comisi¨®n Internacional contra la Pena de Muerte conocida como la CIPM. Espa?a preside el Grupo de Apoyo de la CIPM, compuesto por 23 Estados miembros, y cuya Secretar¨ªa est¨¢ en Madrid. Los 24 comisionados de la CIPM trabajan discretamente para alentar y prestar apoyo a los altos representantes de los gobiernos de todo el mundo para que abandonen la pena de muerte, con el objetivo final de lograr un mundo libre de pena de muerte. Un mundo as¨ª conducir¨ªa a un mayor respeto, protecci¨®n y cumplimiento de los ODS, especialmente en el aspecto de los derechos humanos.

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