El Supremo considera ilegales los contratos de 2.000 brigadistas

El Tribunal Supremo ha tumbado la situaci¨®n laboral de los brigadistas que se enfrentan a las llamas en ¨¦poca de m¨¢ximo riesgo. La contrataci¨®n de los refuerzos para el dispositivo de extinci¨®n de incendios de la Xunta en verano debe ser fija-discontinua y no temporal por obra, como lleva haciendo desde su creaci¨®n, en 2007, la empresa p¨²blica Seaga. El Supremo considera en una sentencia que la contrataci¨®n ¡°adecuada¡± para el servicio contraincendios es ¡°por tiempo indefinido de car¨¢cter discontinuo¡± ya que la empresa, que depende de la Conseller¨ªa de Medio Rural, realiza de forma ¡°anual y c¨ªclica en a?os sucesivos¡± las labores de extinci¨®n.

Seaga contrata a m¨¢s de 2.000 trabajadores cada verano de forma irregular, seg¨²n se deduce de la sentencia. La central sindical CIG insiste en que el sistema de contrataci¨®n es ¡°ilegal¡± y, visto el posicionamiento del Supremo, ha alentado que m¨¢s de 200 brigadistas temporales hayan presentado demandas por despido improcedente.

Seaga condiciona la contrataci¨®n a si la conseller¨ªa le encarga la extinci¨®n

El precedente del Supremo, que ha creado jurisprudencia con varias sentencias que se pronuncian en el mismo sentido, asegura la reincorporaci¨®n como fijo-discontinuos ¡ªcon trabajo durante nueve meses al a?o¡ª a todos los empleados por Seaga en sus campa?as antiincendios que denuncien un despido improcedente. La alternativa para la empresa p¨²blica ser¨ªa indemnizarles econ¨®micamente. La Xunta mantiene desde 2007, con el Gobierno bipartito de BNG y PSOE, un sistema de extinci¨®n de incendios con dos patas principales: por un lado, los empleados fijos o fijos-discontinuos que trabajan directamente para Medio Rural durante todo el a?o ¡ªtambi¨¦n unos 2.000¡ª y, por otro, los contratados por la empresa p¨²blica Seaga, que se incorporan en la ¨¦poca de m¨¢ximo riesgo.

Los brigadistas de Seaga ¡ªque acceden a la campa?a a trav¨¦s de unas listas de contrataci¨®n¡ª no mantienen una relaci¨®n vinculante con la empresa debido a que su contrato por obra que puede renovarse o no cada nueva campa?a y son habituales, cada primavera, sus denuncias para reclamar una equiparaci¨®n de su situaci¨®n laboral con los empleados de la conseller¨ªa. Fueron las denuncias de dos trabajadores de Seaga por despido improcedente al terminar un verano las que llegaron al Supremo.

A pesar de que en la primera sentencia los jueces reconoc¨ªan los despidos improcedentes y se le daba al demandante la opci¨®n de ser readmitido como fijo-discontinuo o aceptar una indemnizaci¨®n econ¨®mica, Seaga recurri¨® al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que le dio la raz¨®n. Sin embargo, el Supremo, tribunal al que no cabe apelaci¨®n, ya hab¨ªa creado jurisprudencia al respecto. El alto tribunal considera que un contrato debe ser indefinido discontinuo cuando el trabajo para el que se le requiere es c¨ªclico, es decir, ¡°en intervalos temporales separados pero reiterados en el tiempo y dotados de cierta homogeneidad¡±. La sentencia destaca tambi¨¦n que la sociedad p¨²blica se crea como ¡°un medio de gesti¨®n o ejecuci¨®n de las funciones propias de la comunidad¡±. El Supremo anula as¨ª el fallo del TSXG y remite a los primeros de los juzgados de Ourense y Pontevedra.

Las 200 reclamaciones de los brigadistas llegan, seg¨²n la CIG, despu¨¦s de que Medio Rural y la gerencia de Seaga se negaran a negociar un cambio en la contrataci¨®n de los trabajadores. El secretario nacional de CIG-Servizos, Paulo Rubido, dio a conocer ayer unas sentencias entregadas a comienzos del mes de octubre. ¡°La Xunta sabe desde hace tres meses que la contrataci¨®n que est¨¢ haciendo es ilegal y quisimos iniciar un proceso de negociaci¨®n¡±, indic¨®. Pero ante la negativa de la conseller¨ªa, dijo, la CIG inici¨® una campa?a de reclamaciones. Unas 200 demandas que tendr¨¢n sus juicios a partir de enero. Rubido calcula que la Xunta ¡°va a dilapidar unos 1,2 millones de euros en indemnizaciones y pagos de salario de tr¨¢mite que se corresponden a los periodos no trabajados¡±. ¡°En lugar de solventar una situaci¨®n ilegal, la Xunta tira para delante y al tiempo que, con el pretexto de la austeridad, hace propuestas como las de cobrarle la comida y la ducha a los usuarios de la sanidad p¨²blica, dilapida 1,2 millones en una acci¨®n absolutamente in¨²til y que no reporta nada¡±, critic¨® Rubido, que insisti¨® en que los brigadistas no persiguen como fin las compensaciones econ¨®micas. El portavoz de la CIG explic¨® que si Medio Rural no modifica sus contrataciones pondr¨¢ ¡°abogados gratis¡± a todos los brigadistas.

Aunque Seaga depende de Medio Rural y el conselleiro, Samuel Ju¨¢rez, es su presidente, portavoces de ese departamento no quisieron aclarar si modificar¨¢ el tipo de contrataci¨®n y enmarcaron el asunto en un problema laboral de la empresa. El gerente de la sociedad, Pablo Arbones, condiciona la f¨®rmula de contrataci¨®n a si Medio Rural encomienda a Seaga la extinci¨®n de incendios el pr¨®ximo a?o. ¡°Y por ahora no la hay¡±. Todos los veranos sin excepci¨®n desde 2007, Seaga contrat¨® brigadistas para el refuerzo del verano, una de las caracter¨ªsticas del trabajo ¡ª¡°intervalos temporales separados pero reiterados en el tiempo y dotados de una cierta homogeneidad¡±¡ª que estima la sentencia. Aunque desde que lleg¨® a la Xunta el PP repiti¨® que Seaga era un modelo a cambiar ¡ªde ¡°red clientelar¡± la tach¨® Feij¨®o en la oposici¨®n¡ª, Ju¨¢rez lo mantuvo en las tres campa?as que estuvo al frente del dispositivo.

Rubido anunci¨® tambi¨¦n la existencia de otra sentencia del Tribunal Supremo ¡ªaunque afirm¨® que a¨²n no ten¨ªan una copia¡ª que considera ¡°cesi¨®n ilegal de la Xunta¡± a Seaga el trabajo de un brigadista y que, por lo tanto, ¡°debe ser admitido en el Pladiga [plan contraicendios, es decir dentro de los empleados directamente por la Administraci¨®n]¡±. ¡°Eso abre la puerta a que los 2.000 trabajadores empleados por Seaga puedan demandar tambi¨¦n por cesi¨®n ilegal y entrar en el Pladiga el a?o que viene¡±, remat¨®.