¡°La sociedad vasca tiene la sensaci¨®n de que es preciso esclarecer el pasado¡±
La juez jubilada, encargada por el Ejecutivo de Patxi L¨®pez de impulsar el decreto de reparaci¨®n de v¨ªctimas de abusos policiales entre 1968 y 1978, explica los pormenores de la nueva regulaci¨®n legal
Manuela Carmena (Madrid, 1944) llega cada d¨ªa a su despacho en la sede del Gobierno vasco en bicicleta. La conocida juez, ya jubilada, ha sido la persona elegida por el Ejecutivo de Patxi L¨®pez como asesora para llevar a buen puerto el primer decreto de reparaci¨®n de las v¨ªctimas de motivaci¨®n pol¨ªtica en el Pa¨ªs Vasco, que aborda violaciones de derechos humanos cometidas por agentes de las fuerzas de seguridad y otros funcionarios entre 1968 y 1978 ¡ªseg¨²n el borrador presentado por el Gobierno, que est¨¢ en fase de alegaciones en el Parlamento vasco¡ª y que incluye indemnizaciones de 35.000 a 390.000 euros.
Pregunta. ?Por qu¨¦ este decreto se elabora ahora, meses despu¨¦s de la declaraci¨®n por parte de ETA del cese definitivo de la violencia? El PP vasco asegura que no es el momento oportuno.
Respuesta. La sociedad vasca tiene la sensaci¨®n de que se precisa un esclarecimiento del pasado para acabar con muchos a?os de impunidad. Hay que hacerlo ahora porque, en realidad, debi¨® haberse hecho mucho antes. Por otro lado, todo ha sido el fruto de una largo proceso pol¨ªtico que comenz¨® hace a?os y que acaba de culminar.
P. ?Su aprobaci¨®n no puede contribuir a sostener la idea de ETA y la izquierda abertzale de que en Euskadi hubo dos bandos con sufrimientos similares?
R. No. ?Por qu¨¦ hay que hacer paralelismos? Son situaciones y sufrimientos muy distintos. Pero hay que saber qu¨¦ es lo que ha pasado. Estas v¨ªctimas sienten que han sufrido y no han sido reparadas; ?Por qu¨¦ no vamos a arroparlas? Por otro lado, la mayor¨ªa no ten¨ªa nada que ver con ETA ni con la izquierda abertzale.
P. ?C¨®mo se lo explicar¨ªa a una v¨ªctima de ETA?
R. Estas v¨ªctimas tambi¨¦n han sufrido injustamente. Una persona que ha sido torturada, o que ha visto morir a un familiar de forma injusta y cuyo crimen nunca se investig¨®, tiene derecho a ser reparada. Son vulneraciones de derechos humanos que no pueden quedar impunes. Contra el terrorismo no vale todo. Yo s¨¦ que esto es muy dif¨ªcil dec¨ªrselo a las v¨ªctimas del terrorismo. Pero, si somos un Estado de derecho, nos toca hacer esto.
P. El decreto dice que tiene como objetivo la solidaridad social y contribuir a la convivencia y legitimaci¨®n del Estado de derecho... ?La democracia est¨¢ deslegitimada en Euskadi?
R. Debe hacerse un examen de lo sucedido despu¨¦s de un periodo tan dif¨ªcil como fue la Transici¨®n, no tanto porque est¨¦ deslegitimada la democracia sino para hacerla m¨¢s fuerte. Una democracia sana debe ser capaz de revisar su pasado.
P. ?Qu¨¦ casos est¨¢n estudiando? ?De qu¨¦ estamos hablando?
R. Muchos, y muy distintos. Por ejemplo, estamos en contacto con una se?ora cuyo marido muri¨® tras una manifestaci¨®n en Bilbao en 1975. Le dieron varios porrazos y fue a poner una denuncia. Entonces lo detuvieron y le obligaron a beberse una botella de co?ac y otra de aceite de ricino. El hombre ten¨ªa un problema hep¨¢tico grave y muri¨®. El caso nunca se investig¨®. La familia nos est¨¢ presentando los documentos que guarda desde hace 37 a?os, como las cartas que enviaron al Rey para pedir ayuda. Hay muchas personas as¨ª, que en su d¨ªa trataron de que se hiciera justicia y no lograron nada.
P. Las asociaciones de v¨ªctimas de ETA se quejan de que la polic¨ªa y la guardia civil han sido el colectivo m¨¢s azotado por la banda. Y, sin embargo, aqu¨ª aparecen como verdugos.
R. No hay que hablar de colectivos, sino de comportamientos individuales. Nosotros no vamos a imputar a nadie hechos delictivos. Esto es un ejercicio de solidaridad centrado en las v¨ªctimas, no en los autores. Por eso queremos tener conversaciones con las v¨ªctimas del terrorismo, para explicarles con detalle todas estas cosas. Las v¨ªctimas de abusos policiales buscan tambi¨¦n verdad y reparaci¨®n, y han sufrido injustamente.
P. ?Qu¨¦ se considera un sufrimiento injusto?
R. Todos los ataques a la vida y a la integridad de las personas que tengan su origen en una motivaci¨®n pol¨ªtica. Hay casos muy curiosos, en los que el crimen fue por error. Estamos viendo el de un sacrist¨¢n de 58 a?os que fue a tocar las campanas de la Iglesia, y un polic¨ªa le peg¨® un tiro. Sucedi¨® en 1969. La noticia del diario Abc del d¨ªa siguiente explicaba que era un hombre ¡°de orden¡± que hab¨ªa formado parte del movimiento nacional.
P. ?Qu¨¦ buscan las v¨ªctimas, reparaci¨®n, una indemnizaci¨®n¡?
R. Sobre todo, quieren que se sepa la verdad. Reciben la posibilidad de que se investigue el pasado con gran sorpresa. Desde las instituciones, nunca nadie hab¨ªa pensado en ellos. Siempre han visto que ten¨ªan respaldo social pero que el Estado les abandonaba. Lo que queremos ahora es que les arrope. Por eso hablamos de solidaridad. Sienten esperanza a pesar del nivel de frustraci¨®n que pueden tener porque muchos querr¨ªan que estos hechos fueran juzgados. Pero estamos hablando de delitos casi en su totalidad prescritos.
P. ?Cu¨¢ntos casos hay?
R. V¨ªctimas mortales creemos que puede unas 60, pero es un n¨²mero aproximado. Tenemos menos listadas las torturas, pero ya hay personas y asociaciones que se est¨¢n poniendo en contacto con nosotros para comunicar casos que desconoc¨ªamos y que habr¨¢ que estudiar.
P. ?C¨®mo se pedir¨¢n las indemnizaciones?
R. A trav¨¦s de unas comisiones de valoraci¨®n de los casos. Cuando entre en vigor el decreto empezar¨¢n a funcionar, pero ahora estamos ya trabajando. Tenemos una web con un tel¨¦fono y una direcci¨®n de correo. Y estamos poni¨¦ndonos en contacto con las v¨ªctimas y familiares de los casos m¨¢s conocidos.
P. ?Qu¨¦ es lo que deben probar las v¨ªctimas?
R. Todo se centra en una entrevista, lo m¨¢s importante. A partir de ah¨ª la comisi¨®n de valoraci¨®n preguntar¨¢, har¨¢ evaluaciones, examinar¨¢ los documentos que puedan aportarse, escuchar¨¢ testimonios... todo lo que sea necesario. Pero las reglas de prueba no van a ser las de una investigaci¨®n judicial. Los a?os de impunidad han oscurecido tanto los hechos que hay que ser conscientes de que quiz¨¢ no va a haber una prueba plena. Buscaremos la suficiente que nos indique que la historia es veraz y que la v¨ªctima debe ser reparada.
P. ?Aparte de las indemnizaciones, va a haber alg¨²n tipo de reconocimiento?
R. A¨²n no se ha precisado del todo. Creemos que cada v¨ªctima debe recibir una declaraci¨®n de la verdad en la que recogeremos la narraci¨®n de sufrimiento. Y esas declaraciones de las verdades individuales queremos que formen parte de un todo que despu¨¦s nosotros podamos remitir a donde corresponda.
P. ?Ser¨¢ como los hechos probados de una sentencia?
R. En absoluto. Esto no es un juicio. Se trata de una narraci¨®n del sufrimiento que ha vivido esa persona.
P. ?Cu¨¢ndo se aprobar¨¢ el segundo decreto, sin duda m¨¢s pol¨¦mico, para las vulneraciones de derechos posteriores a 1978, es decir, ya en democracia?
R. Ese documento va a tratar fundamentalmente sobre la tortura, y ser¨¢ necesaria una mayor investigaci¨®n de cada caso. Pero, por ahora, nuestra prioridad es consolidar este primer decreto.
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