Interior propone que se impute a partidos y sindicatos si sus afiliados causan da?os

El Ministerio del Interior quiere atajar la posible violencia que se pueda desatar en las protestas callejeras ¡ªque previsiblemente se multiplicar¨¢n por la dura situaci¨®n econ¨®mica que vive Espa?a y por los recortes presentes y futuros¡ª, y para ello ha anunciado que est¨¢ pactando con Justicia una serie de endurecimientos en el C¨®digo Penal relacionados con los delitos contra el orden p¨²blico. A las reformas ya anunciadas se a?adir¨¢ una nueva propuesta al Ministerio de Justicia por parte de Interior, seg¨²n ha confirmado a EL PA?S el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa: la posibilidad de que las asociaciones, partidos pol¨ªticos y sindicatos que convoquen manifestaciones respondan penalmente si alguno de sus afiliados participa en la protesta y causa da?os con relevancia penal. Interior quiere tambi¨¦n extender a estos delitos la responsabilidad pecuniaria de padres y tutores cuando la infracci¨®n la hayan cometido menores de edad.

¡°Es nuestra intenci¨®n, y as¨ª se lo hemos transmitido al Ministerio de Justicia, que los da?os en los bienes que se causen en las algaradas por menores de edad sean pagados por sus padres o tutores¡±, se?ala Ulloa. ¡°Y si los autores de los da?os pertenecen a un partido pol¨ªtico, sindicato o asociaci¨®n haremos que la persona jur¨ªdica responda no solo civilmente sino tambi¨¦n penalmente¡±. Con esta idea, Interior pretende presionar a las organizaciones para que se esfuercen en controlar lo que ocurre en las marchas que convocan. Si durante la protesta se producen altercados y sus afiliados o militantes cometen alg¨²n delito, los convocantes podr¨ªan responder penalmente por lo sucedido.

La responsabilidad penal de las personas jur¨ªdicas es una novedad en nuestro ordenamiento jur¨ªdico que se incluy¨® en la ¨²ltima reforma del C¨®digo Penal, del a?o 2010. Pero esta modificaci¨®n exclu¨ªa expresamente a los partidos pol¨ªticos y sindicatos, por lo que se tendr¨¢ que reformar el c¨®digo, en concreto su art¨ªculo 31, para que el anuncio de Interior sea viable. En todo caso, la intenci¨®n es la misma que se persegu¨ªa con las dem¨¢s personas jur¨ªdicas ¡ªempresas, fundamentalmente¡ª: lograr que, para eludir la responsabilidad penal, estas adopten mecanismos de prevenci¨®n y control y colaboren en que determinados delitos no lleguen a llevarse a cabo. El art¨ªculo 31 bis habla de delitos cometidos por los representantes legales y administradores de la entidad y tambi¨¦n de los llevados a cabo por cualquier otra persona que est¨¦ a su cargo y sobre la que no se haya ejercido ¡°el debido control¡±. La pregunta ser¨ªa hasta qu¨¦ punto puede un sindicato controlar lo que hace cada uno de sus afiliados.

?Cu¨¢les son las consecuencias jur¨ªdicas previstas ahora para una persona jur¨ªdica que resulte penalmente responsable? En principio la pena habitual es la multa, pero en los casos m¨¢s graves se pueden acordar otras m¨¢s duras como la disoluci¨®n de la entidad, la suspensi¨®n de actividades o la inhabilitaci¨®n para obtener subvenciones y ayudas.

Desde la secretar¨ªa de Estado de Seguridad se se?ala que cuando se introdujo en el c¨®digo en 2010 la responsabilidad penal de las personas jur¨ªdicas ya hubo un cierto debate doctrinal sobre si deb¨ªan excluirse o no los partidos pol¨ªticos y sindicatos, debate que ahora el ministerio ha decidido reabrir, aunque solo en relaci¨®n con los delitos contra el orden p¨²blico. Desde Interior se insiste, en l¨ªnea con lo mantenido por el ministro en numerosas comparecencias, en que de ninguna manera se pretende socavar el derecho de manifestaci¨®n de la ciudadan¨ªa.

El Gobierno quiere atajar como sea la violencia que pueda desatarse en protestas y manifestaciones ¡ªcomo lo sucedido? en Barcelona durante la jornada de la huelga general, que fue incluso portada del New York Times¡ª y cree que este tipo de situaciones ponen en riesgo la imagen de Espa?a ante los mercados. Y para controlarlas, ha decidido utilizar el C¨®digo Penal.