Sanidad exige 710 euros al a?o a los sin papeles por ser atendidos

Despu¨¦s de sacar a colectivos como los inmigrantes sin permiso de residencia de la asistencia sanitaria p¨²blica ¡ªexcepto la urgente¡ª, el Ministerio de Sanidad planea crear, bajo el nombre de convenios especiales, una v¨ªa para que estas personas puedan volver a ser atendidas en el sistema p¨²blico. El m¨¦todo elegido es que puedan suscribir algo parecido a p¨®lizas (convenios los llaman) con pagos que se asemejan a los de los seguros sanitarios privados.

La orden que prepara el Gobierno de Mariano Rajoy, a la que ha tenido acceso EL PA?S, establece que las personas menores de 65 a?os que quieran ser atendidas en hospitales y centros de salud p¨²blicos deber¨¢n pagar 710,40 euros al a?o ¡ª59,20 mensuales¡ª. Desde los 65 a?os en adelante, el coste ascender¨ªa a 1.864,80 euros anuales (155,40 al mes).

Seg¨²n los c¨¢lculos realizados para esta propuesta por el Ministerio de Sanidad, los menores de 65 a?os pagar¨ªan 177,5 euros menos de lo que se estima, por t¨¦rmino medio, que gastar¨¢ cada persona en esa franja de edad, y los mayores de 65, 466,3 euros menos, que ser¨ªan asumidos por las Administraciones. La memoria econ¨®mica que acompa?a al borrador concluye que ¡°este nuevo convenio no tendr¨ªa impacto econ¨®mico significativo¡±.

La orden es el desarrollo del real decreto publicado a finales de abril de este a?o, que delimitaba el acceso a la sanidad p¨²blica, y de un segundo decreto publicado en el Bolet¨ªn Oficial del Estado del pasado s¨¢bado, que recoge cambios como devolver a los mayores de 26 a?os que no han cotizado en la Seguridad Social la condici¨®n de asegurados y dejar fuera a quienes tengan rentas superiores a los 100.000 euros anuales.

La medida afectar¨¢ a quienes no est¨¦n asegurados ni sean beneficiarios del Sistema Nacional de Salud, como es el caso de los inmigrantes sin permiso de residencia, a partir de septiembre. Pero ni siquiera todos ellos podr¨¢n acceder a un convenio de este tipo, ya que tendr¨¢n que cumplir dos requisitos: llevar al menos un a?o empadronados en Espa?a y no ser beneficiarios un sistema de sanidad p¨²blica. No hay una cifra de posibles afectados. Al comparar los datos del padr¨®n y las altas en la Seguridad Social, salen unos 150.000 extranjeros en situaci¨®n irregular, pero parte de ellos (alrededor del 15%) son menores, y para ellos s¨ª va a haber atenci¨®n sanitaria p¨²blica.

Firmar estos convenios ser¨¢ voluntario, y estos no cubrir¨¢n el pago de las medicinas o el transporte sanitario, que correr¨ªan a cargo, por completo, de las personas que los suscriban.

No pagar una de las cuotas tendr¨¢ como castigo tres meses de suspensi¨®n del convenio ¡ªes decir, que durante ese tiempo se les negar¨¢n los servicios sanitarios no urgentes¡ª. Si en ese tiempo se corrige el impago, el convenio seguir¨¢ en vigor pero, si no se salda la deuda, se extinguir¨¢ el derecho a la asistencia sanitaria.

A colectivos especiales, como las inmigrantes embarazadas ¡ªa las que la sanidad p¨²blica tiene que atender obligatoriamente durante su embarazo, parto y posparto¡ª y los menores extranjeros, se les mantendr¨¢ el acceso en iguales condiciones que a los espa?oles (gratis), pero se les aplicar¨¢ un copago farmac¨¦utico del 40%. Las v¨ªctimas de trata que se encuentren en el proceso de reflexi¨®n establecido por ley y quienes hayan pedido asilo en Espa?a tambi¨¦n podr¨¢n acceder a la sanidad p¨²blica.

Con este cambio, el Ministerio de Sanidad establece una doble v¨ªa entre quienes sean atendidos por la sanidad p¨²blica: quienes est¨¦n asegurados, que ya de por s¨ª pagan m¨¢s que antes por medidas como el copago farmac¨¦utico y el futuro medicamentazo, y quienes no lo est¨¢n, que podr¨¢n acceder a lo p¨²blico pagando como se hace en el ¨¢mbito de la sanidad privada ¡ªaunque sin las oscilaciones de precio en funci¨®n del sexo¡ª. De hecho, el precio de los convenios se asemeja a las cuotas mensuales de aseguradoras como IMQ, que cobra por un paquete sanitario b¨¢sico de 56,77 euros mensuales en adelante ¡ª119.09 euros al mes en el caso de, por ejemplo, una persona de 66 a?os¡ª. Sanitas cobra cada mes a un hombre de 45 a?os 40 euros en el seguro m¨¢s barato.

Los convenios especiales contar¨¢n con descuentos para aquellas personas que tengan familiares a su cargo ¡ªpersonas mayores y discapacitados¡ª. A partir de la segunda persona que dependa de ellos, se descontar¨¢ el 15% ¡ªcuando ya sean tres o cuatro suscriptores en la misma familia¡ª. A partir de ah¨ª, la rebaja ser¨¢ del 25%.

La orden, que est¨¢ en el proceso de consulta previa entre los organismos afectados, es el paso siguiente a la delimitaci¨®n del aseguramiento sanitario que impuso el Gobierno de Mariano Rajoy a trav¨¦s del real decreto de abril. Este impuls¨® grandes cr¨ªticas de algunas comunidades, como Andaluc¨ªa, Pa¨ªs Vasco y Asturias, que ya se han opuesto a cerrar las puertas de sus centros de salud a los inmigrantes, pese a la orden del Ministerio de Sanidad de dejar de hacerlo a partir de septiembre.

Ser¨¢n las comunidades las competentes para implantar el sistema de convenios, de comprobar la documentaci¨®n y de expedirlos, pero el Gobierno limita sustancialmente su margen de maniobra, estableciendo que ser¨¢ el Ministerio de Sanidad el competente de actualizar cada a?o la cuant¨ªa de las cuotas y acotando a la cartera b¨¢sica las prestaciones a las que podr¨¢n acceder quienes firmen los convenios. En manos de las autonom¨ªas solo est¨¢ la manera de cobrar las cuotas.

Esta sorprendente orden llega justo cuando los extranjeros en situaci¨®n irregular est¨¢n a punto de perder la tarjeta sanitaria, que les ser¨¢ retirada a todos el 31 de este mes. Es una especie de concesi¨®n del ministerio, despu¨¦s de que todos los colectivos profesionales, m¨¦dicos, enfermeros y farmac¨¦uticos criticaran la decisi¨®n de dejarles sin atenci¨®n. Sanidad insiste en que restringir el acceso ahorrar¨¢ hasta 1.500 millones, pero profesionales como los especialistas en infecciosas afirman que, a medio plazo, los que queden fuera del sistema supondr¨¢n un gasto mayor.