Partidos pol¨ªticos y sindicatos podr¨¢n ser perseguidos penalmente
El ministro Gallard¨®n anuncia la tercera reforma del C¨®digo Penal en mes y medio Las organizaciones responder¨¢n por delitos cometidos con su conocimiento o autorizaci¨®n
Solo tres semanas despu¨¦s de presentar el anteproyecto de reforma del C¨®digo Penal ¡ªque, a su vez, hab¨ªa adelantado parcialmente a mediados de septiembre en rueda de prensa¡ª, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallard¨®n,anunci¨® este mi¨¦rcoles una nueva modificaci¨®n de esa normativa: el Gobierno quiere que partidos y sindicatos ¡ªque ahora est¨¢n exentos de responsabilidad penal¡ª respondan por delitos cometidos por sus ¨®rganos de administraci¨®n o por personas ¡°bajo su autoridad¡± sobre los que no se haya ejercido ¡°el debido control¡±. Esa formulaci¨®n no aclara si tambi¨¦n tendr¨ªan que responder por delitos cometidos por afiliados que act¨²en bajo el paraguas de la organizaci¨®n y con su conocimiento, aunque fuentes de Justicia aseguraron que no es ese el objetivo: ¡°Se entiende que ser¨¢ solo por actividades de responsables del partido o sindicato¡±.
La medida ¡ªque, seg¨²n Justicia, podr¨ªa llegar a trav¨¦s de la reforma del C¨®digo Penal o de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero que en ambos casos supondr¨ªa una modificaci¨®n del primero¡ª se aplicar¨ªa, por ejemplo, a delitos de malversaci¨®n de caudales u otros de corrupci¨®n: el acusado seguir¨ªa asumiendo la condena correspondiente de forma individual, pero, adem¨¢s, habr¨ªa una condena al partido o sindicato al que perteneciese si se prueba que este impuls¨® las actividades il¨ªcitas o las permiti¨® haciendo la vista gorda. El objetivo es que las organizaciones adopten m¨¢s mecanismos de control.
El tipo penal ser¨ªa, en principio, el mismo que para el individuo, aunque a la organizaci¨®n no se le impondr¨ªa c¨¢rcel sino multa, apuntan desde el ministerio. La propuesta est¨¢ a¨²n en fase embrionaria y por lo tanto sin detallar. La anunci¨® Gallard¨®n en el pleno del Congreso, cuando respond¨ªa a una interpelaci¨®n de Rosa D¨ªez (UPyD) que reclamaba castigos m¨¢s duros para cargos p¨²blicos corruptos.
Las personas jur¨ªdicas (no individuales) est¨¢n sujetas a responsabilidad penal desde 2010, cuando el Gobierno del PSOE las incluy¨® en el art¨ªculo 31bis del C¨®digo Penal. Pero aquel art¨ªculo excluy¨® expresamente a partidos y sindicatos, y esa exenci¨®n ¡ªque Gallard¨®n tach¨® de ¡°privilegio¡±¡ª es la que Justicia quiere eliminar ahora. Las personas jur¨ªdicas (generalmente, empresas) responden por los delitos cometidos por ¡°sus representantes legales y administradores¡± y ¡°por quienes, estando sometidos a la autoridad¡± de esas personas f¨ªsicas de la organizaci¨®n, ¡°han podido realizar los hechos por no haberse ejercido sobre ellos el debido control¡±.
La responsabilidad penal de partidos y sindicatos por delitos cometidos por sus miembros ¡ªen concreto para casos de da?os graves causados en manifestaciones por afiliados a las organizaciones convocantes¡ª es algo que el Ministerio del Interior propuso hace seis meses -acogi¨¦ndose a esa f¨®rmula del "debido control" de las personas "bajo la autoridad" de la organizaci¨®n- y que Justicia descart¨®. Este mi¨¦rcoles, una portavoz del ministerio asegur¨® que la nueva medida no tiene nada que ver con aquella propuesta de Interior y que ¡°no est¨¢ pensada¡± para ese tipo de delitos de orden p¨²blico, pero tampoco descart¨® del todo que pueda llegar a estarlo porque el desarrollo de la medida est¨¢ por hacer.
¡°No es de recibo que los partidos pol¨ªticos y los sindicatos est¨¦n exceptuados de las responsabilidades penales que tienen las personas jur¨ªdicas en Espa?a. Naturalmente, ser¨¢n tratados en el C¨®digo Penal exactamente igual que el resto¡±, afirm¨® el ministro. Seg¨²n la nota enviada por el Ministerio de Justicia, la medida "est¨¢ orientada a hacer imposible el hecho de que la mal llamada clase pol¨ªtica, y los organismos que la estructuran, sean percibidos como algo distinto a la sociedad o amparado por privilegios de los que esta carece, y que lo mismo suceda con los representantes de los trabajadores".
Suspensi¨®n para cargos p¨²blicos procesados
El Ministerio de Justicia va a ¡°estudiar¡± alg¨²n ¡°mecanismo¡± en la futura reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que los cargos p¨²blicos que sean procesados ¡ªaunque a¨²n no hayan sido condenados¡ª puedan ser apartados de su puesto; y que a ellos y a cualquier otro procesado se les proh¨ªba concurrir en listas electorales. Lo anunci¨® ayer el ministro, Alberto Ruiz-Gallard¨®n, en su respuesta a Rosa D¨ªez (UPyD) en el Congreso.
D¨ªez hab¨ªa pedido ese mismo castigo preventivo para todos los ¡°imputados¡±, pero el ministro subray¨® que la imputaci¨®n no implica indicios de culpabilidad sino que solo busca garantizar el ¡°derecho de defensa¡±, y que, por tanto, en esa primera fase hay que respetar la presunci¨®n de inocencia. La f¨®rmula que propuso Gallard¨®n es que, en el momento en el que un juez dicte la apertura de juicio oral ¡ªcuando se entiende que ya hay indicios racionales de delito¡ª y el imputado pase a estar procesado, pueda ser apartado de su cargo; como pasa ahora con los jueces.
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