La reforma local parte de un estudio que contradice el ahorro del Gobierno
El texto presenta un desfase de 3.200 millones con el c¨¢lculo del Ejecutivo
En un documento de 44 p¨¢ginas est¨¢ la base del plan del Gobierno para acometer una de las m¨¢s profundas reformas de la estructura administrativa del pa¨ªs en democracia. Se trata del informe que el Ejecutivo encarg¨® al Instituto de Estudios Fiscales (IEF), dependiente del Ministerio de Hacienda,al que ha tenido acceso El Pa¨ªs y que sirvi¨® de base para elaborar el anteproyecto de ley que pretende poner patas arriba el ¨¢mbito local. Su hilo conductor es exclusivamente el ahorro: ¡°La medida que propugnamos, aunque afecta a las competencias municipales, es, sobre todo, una previsi¨®n vinculada a la hacienda local, cuyo objetivo es conseguir la eficiencia y la estabilidad presupuestaria¡±, menciona. Pero la informaci¨®n que presenta es, adem¨¢s de escueta, contradictoria con las propias conclusiones del Ejecutivo.
El Ministerio que dirige Crist¨®bal Montoro, a golpe de power point y sin desglosar partidas, asegur¨® tras el Consejo de Ministros del pasado 15 de febrero ¡ªdonde se aprob¨® el borrador¡ª que el impacto econ¨®mico de la reforma ser¨ªa de 7.129 millones de euros entre los a?os 2013 y 2015. El c¨¢lculo m¨¢s optimista del IEF s¨®lo habla de 3.930 millones, 3.199 menos. Y siempre y cuando todos los ayuntamientos espa?oles con poblaci¨®n inferior a 20.000 habitantes dejen de prestar servicios en favor de otros mayores (o de las Diputaciones) o lo hagan seg¨²n un est¨¢ndar de eficiencia. No aborda el IEF la poda de los sueldos, pero esa partida apenas supone el 2% de todo el recorte de gasto calculado.
El estudio, que no est¨¢ firmado ni ha sido dado a conocer por el Ministerio, parte de que el tama?o del Ayuntamiento es el ¡°factor esencial¡±, para la eficiencia a la hora de prestar cualquier servicio. Da igual que se trate de un n¨²cleo disperso de la monta?a asturiana que otro de la llanura castellana. ¡°El trabajo parte de un est¨¢ndar fijado tomando en cuenta, de forma exclusiva, este elemento¡±, menciona, aunque despu¨¦s realiza ciertas correcciones por la densidad de la poblaci¨®n. Pero incluso con esa variable sus conclusiones son totalmente dispares: los municipios extreme?os de entre 2.000 y 5.000 habitantes tienen costes mucho m¨¢s competitivos que, por ejemplo, los madrile?os, valencianos o canarios.
Otra incongruencia se encuentra en lo que respecta a Catalu?a, una comunidad donde los Ayuntamientos prestan todos los servicios por una media de 658 euros por persona. Sin embargo, los municipios catalanes de menos de 5.000 habitantes son capaces de ejercer sus competencias a un coste inferior, lo que ataca la base de flotaci¨®n del anteproyecto de ley. ¡°En algunos casos el mayor gasto puede ser debido, ciertamente, a la ineficiencia en la gesti¨®n. Pero tambi¨¦n puede deberse a que un municipio cuenta con mayores ingresos¡±, puntualiza Francisco Velasco, director del Instituto de Derecho Local de la Universidad Aut¨®noma de Madrid que ha publicado un an¨¢lisis del mismo. Los autores del documento descartaron de plano otra realidad fundamental: que en un pueblo con una poblaci¨®n m¨¢s envejecida el coste de un servicio puede ser mayor, o que una econom¨ªa de escala pueda no ser eficaz siempre.
Expertos consultados piensan que se ha despachado la cuesti¨®n con una propuesta claramente insuficiente realizada por encargo directo del Ministerio de Econom¨ªa sobre la base del ahorro. Una labor de estas caracter¨ªsticas ¡°necesitar¨ªa de a?os de trabajo¡±, reflexiona un catedr¨¢tico. Sea como sea, el PP ya admite que la ola de rechazo que ha provocado el plan le empieza a salpicar. El partido reconoce que ¡°escuece¡± hasta en sus propias filas.
Otra brecha en las comunidades
Primero fueron los partidos de la oposici¨®n, despu¨¦s los municipios representados en la FEMP y ahora son las Comunidades Aut¨®nomas las que ponen en la picota la reforma de la Administraci¨®n local impulsada por el Gobierno. Por eso, cuando Javier Arenas, vicesecretario de Pol¨ªtica Auton¨®mica del PP, dijo que iba a ser la ¡°ley con mayor participaci¨®n de la democracia¡± no ment¨ªa. Quiz¨¢ deber¨ªa haber a?adido que concita ¡°la mayor oposici¨®n de la democracia¡± porque, desde que el anteproyecto recibi¨® el visto bueno del Consejo de Ministros no dejan de criticarla.
Esta semana los dardos llegaron desde la Xunta gallega presidida por Alberto N¨²?ez Feij¨®o (PP), que hizo p¨²blicas sus ¡°alegaciones¡±, escritas cuidadosamente para trasladar la idea de que se trata de objeciones ¡°constructivas¡±. Entiende Galicia que el texto compromete la autonom¨ªa municipal y penaliza a los Ayuntamientos peque?os, que son ¡°la verdadera base de prestaci¨®n de servicios¡±. Lamenta que uno de los puntales de la norma sean las Diputaciones, ¡°olvidando el papel y la experiencia adquirida por las Comunidades Aut¨®nomas¡±. Tampoco est¨¢n de acuerdo en Santiago de Compostela con que los alcaldes dejen de cobrar y proponen un r¨¦gimen de retribuciones m¨¢s generoso que el previsto por el Ministerio de Hacienda.
Con la misma intenci¨®n formal de no pisar demasiados callos, el Gobierno de La Rioja (PP) hizo lo propio y esta semana envi¨® sus reparos para que se flexibilice la norma y se incremente la financiaci¨®n para los municipios. Y ayer, la Junta de Andaluc¨ªa (PSOE), advirti¨® que va a poner todo de su parte para tumbar el proyecto. Otras tres comunidades del PP han mostrado discrepancias.
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