El Gobierno anuncia cambios en los intereses de demora y en la ejecuci¨®n

El Gobierno anunci¨® este viernes un nuevo paso para intentar restringir los desahucios y para evitar los efectos de los impagos de las hipotecas. Lo hace acuciado por la presi¨®n social y, sobre todo, por la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que considera injusta la legislaci¨®n hipotecaria espa?ola.

Esta vez, seg¨²n avanz¨® la vicepresidenta, Soraya Sa¨¦nz de Santamar¨ªa, se trata de elevar de uno a tres los impagos necesarios para que se proceda al lanzamiento (ejecuci¨®n del desahucio) y que los intereses de demora no puedan exceder de tres veces el inter¨¦s oficial del dinero que, en este momento, es del 4%. Adem¨¢s, el Gobierno trabaja para modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil para que se establezcan mecanismos de detecci¨®n de cl¨¢usulas abusivas.

Se trata de reforzar ¡°la capacidad para detectar cl¨¢usulas abusivas y evitar que sean incluidas en las escrituras de hipotecas o que, una vez declaradas abusivas por un tribunal, sus efectos sean de todos conocidos¡±. Esta funci¨®n de filtro deber¨¢n ejercerla los notarios y registradores de la propiedad. La sentencia de Luxemburgo, b¨¢sicamente, obliga a establecer un mecanismo para que los jueces puedan frenar desahucios si detectan que en el contrato hay cl¨¢usulas abusivas, pero no establece qu¨¦ debe entenderse como tal y solo da pautas gen¨¦ricas. Por eso, el Gobierno pretende incluir en la ley l¨ªmites a esas cl¨¢usulas como los ya citados sobre el n¨²mero de impagos y los intereses de demora.

Ahora los bancos tienen posibilidad de instar al lanzamiento desde el primer impago, pero en la pr¨¢ctica prefieren renegociar y esperar a que haya esa reiteraci¨®n. Respecto a los intereses de demora, el Gobierno admite que no hay datos sobre c¨®mo son los contratos actualmente en vigor. En todo caso, esta reforma legal tendr¨¢ efecto retroactivo cuando sea aprobada porque los contratos que incluyan cl¨¢usulas como las no permitidas ahora pasar¨¢n a ser nulos en esos apartados.

Sobre los plazos de aprobaci¨®n de la reforma, la vicepresidenta explic¨® que no est¨¢ decidido a¨²n si se incluir¨¢ en el tr¨¢mite parlamentario de la ley que est¨¢ actualmente en el Congreso o si se har¨¢ mediante un decreto urgente que lo anticipe. La reforma legal est¨¢ en fase de enmiendas hasta el jueves. En todo caso, el Gobierno asegura que pretende actuar con la mayor celeridad posible. Para eso, el mismo jueves por la tarde se constituy¨® una comisi¨®n con representantes de los ministerios de Justicia y Econom¨ªa para estudiar la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE y buscar salidas legales. La comisi¨®n volvi¨® a reunirse este viernes y est¨¢ convocada de nuevo para el martes.

Sobre este asunto, el Gobierno ha transitado por distintas soluciones en el ¨²ltimo a?o, avanzando por la presi¨®n social, pero sin abandonar el temor a que una reforma en profundidad de la ley hipotecaria pueda encarecer los cr¨¦ditos y ser rechazada por los bancos, especialmente los que han recibido inyecciones de dinero p¨²blico. Hace un a?o el Gobierno quiso hacer frente al problema con un c¨®digo de buenas pr¨¢cticas al que los bancos se fueron sumando voluntariamente y que manten¨ªa la reserva del Ejecutivo a tocar la ley hipotecaria. En noviembre, el Ejecutivo admiti¨® la insuficiencia de ese c¨®digo e intent¨® un acuerdo con el PSOE despu¨¦s de que se produjeran varios suicidios vinculados a desahucios pero, tras cuatro d¨ªas de reuniones maratonianas, no fue posible el pacto y se opt¨® por una demora de dos a?os para los desahucios.

Ese decreto solo fue convalidado por el PP, pero acept¨® tramitarlo como proyecto de ley en el que se pudieran a?adir enmiendas. Este pasado febrero hubo otra rectificaci¨®n cuando el PP termin¨® aceptando la admisi¨®n a tr¨¢mite de una Iniciativa Legislativa Popular promovida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca tras anunciar que se rechazaba. El tr¨¢mite de estas dos normas est¨¢ a¨²n en vigor y el PP se encargar¨¢ de unificarlo en estos d¨ªas. A esos cambios de posici¨®n del Gobierno se ha unido ahora la sentencia de Luxemburgo que obliga a nuevas modificaciones. En todo caso, la vicepresidenta rechaz¨® de nuevo la incorporaci¨®n de la principal reivindicaci¨®n de la Iniciativa Legislativa Popular, la llamada daci¨®n en pago. Su tesis es que su generalizaci¨®n o aplicaci¨®n de forma retroactiva encarecer¨ªa los cr¨¦ditos y los restringir¨ªa.

El Gobierno anuncia cambios en los intereses de demora y en la ejecuci¨®n

¡°La f¨®rmula de la daci¨®n en pago encarece el tipo de inter¨¦s que se paga y reduce el dinero que prestaban las entidades financieras¡±, asegur¨® la n¨²mero dos del Gobierno. Seg¨²n la vicepresidenta, la f¨®rmula de la daci¨®n en pago ya la recoge el derecho espa?ol desde hace mucho tiempo pero ¡°no evita el problema del lanzamiento¡±. ¡°La daci¨®n en pago es dejar las llaves y se da por saldada la deuda, pero el inquilino se queda en la calle¡±, a?adi¨®.

Al ser preguntada si esos cambios de opini¨®n le sugieren alguna autocr¨ªtica, la vicepresidenta asegur¨® que ¡°los gobiernos tienen que dar respuesta, y si hay que fortalecerlas no pasa nada, es nuestra obligaci¨®n. Habida cuenta de la continuaci¨®n de la crisis se busc¨® un acuerdo con la oposici¨®n en el que el Gobierno plante¨® alguno de los asuntos que ahora se pretenden adoptar. No se lleg¨® a un acuerdo y por decreto ley aplicamos las medidas m¨¢s urgentes, como suspender los desahucios de dos a?os¡±, explic¨®.

S¨¢enz de Santamar¨ªa repiti¨® que Espa?a es ¡°un pa¨ªs que cumple. Se nos ha venido encima una crisis muy dura y hay gente que ha perdido su empleo y no puede pagar. A la gente que est¨¢ en situaci¨®n de necesidad es a la que el Gobierno ha procurado atender¡±.

El Ejecutivo admite que carece de datos sobre el n¨²mero de desahucios en marcha y cu¨¢ntos se han ejecutado. No se puede determinar cu¨¢ntos se refieren a primeras viviendas, a locales comerciales o a segundas residencias.